Este miércoles Vladimir Putin anunció que obligará a los países considerados hostiles a pagar en rublos las compras de gas y petróleo. Algo que ha generado controversia entre muchos economistas sobre la aplicación de dichas medidas y especialmente sobre sus efectos. Ahora bien, al margen de todas las consideraciones lo que podemos constatar es que la reacción inmediata de los mercados ha sido una apreciación del rublo y un nuevo incremento de los precios del gas y del petróleo. Hoy parece todavía más obvio que hace unas semanas: no nos hemos preparado adecuadamente para el choque que estamos sosteniendo con Rusia. Durante las últimas dos semanas no ha dejado de hablarse del estancamiento de la ofensiva militar rusa en Ucrania, pero, antes de echar las campanas al vuelo, ¿no deberíamos preguntarnos si no estamos nosotros también estancados?
Estamos librando en estos momentos lo que Adam Tooze ha denominado una guerra financiera. Ahora bien, los gobiernos europeos no parecen concienciados de que una guerra obliga forzosamente a tomar medidas propias de una economía de guerra. Si el frente más difícil para Europa es el del abastecimiento de hidrocarburos, parece ilusorio, o incluso negligente, que no se tomen medidas extraordinarias sobre la garantía de los suministros, el control de precios y la subordinación de los intereses corporativos al esfuerzo bélico para evitar la especulación. Son políticas que han llevado a cabo todos los Estados con gobiernos de todo signo ideológico cuando han tenido que enfrentarse a una situación semejante.
No ha habido preparación en el terreno económico, pero tampoco en el terreno propiamente político. Los discursos bélicos pueden enardecer momentáneamente los ánimos, pero es una moral que no persiste y que tiende a derrumbarse ante las dificultades cuando se observa que quienes pilotan esta contienda no están dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a sus ciudadanos. La retórica bélica pomposa no ha servido para prevenir, mucho menos servirá para atajar, el descontento social frente a las consecuencias de la guerra. Los discursos punitivos que acusan a quienes protestan de hacerle el juego a Putin solo lograrán ahondar la brecha entre el Gobierno y la sociedad.
Las declaraciones de la ministra de Movilidad sobre la huelga de los transportistas fueron un grave error. Es cierto que se trata de movilizaciones con un carácter corporativo en el que se confunden las reivindicaciones razonables de muchos trabajadores, autónomos y PYMES con los intereses de grandes empresarios y, aún peor, con la instrumentalización política por parte de la extrema derecha. Ahora bien, precisamente por eso, la política del Gobierno debería ser desenredar ese nudo de intereses contrapuestos y diferenciar adecuadamente que demandas debe atender para atajar la situación en lugar de alimentarla. Ese giro del Gobierno ya parece estar produciéndose, aunque todavía desconocemos su alcance y, por razones obvias, debería acelerarse. Las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz mostrando la comprensión del gobierno con los transportistas van en la buena dirección. Esperemos que se recojan desde el ejecutivo también las propuestas planteadas esta semana por Unidas Podemos sobre el control de precios y las ayudas directas a las PYMES, los autónomos y los trabajadores.
Estar cargados de razones no basta. Cuando estas no se usan para sostener avances sino para defendernos suenan a excusas. Es realmente increíble que las fuerzas progresistas estén a la defensiva en un terreno como el de la energía en que hemos acertado de lleno. Durante años se nos ha dicho de todo por advertir de los riesgos de nuestra dependencia de combustibles fósiles cada vez más escasos que tenemos que importar de países con regímenes autoritarios. De ahí nuestra apuesta decidida por sustituir esos combustibles por la electrificación mediante el uso de energías renovables cada vez más eficientes que podemos instalar en nuestro país de manera rápida y a un coste comparativamente menor. Durante años se nos ha dicho de todo por denunciar que el mercado energético era una farsa en manos de unas pocas corporaciones que controlan los suministros y los precios para asegurarse beneficios escandalosos. Hoy esto es evidente a los ojos del conjunto de la sociedad.
¿Qué hacemos discutiendo de impuestos? Ninguna rebaja fiscal evitará que los precios del gas y del petróleo sigan subiendo en una situación de guerra con una de las principales potencias petroleras y gasísticas del mundo. Las rebajas fiscales en masa se convertirían en la práctica en una subvención encubierta a las grandes compañías energéticas y solo servirían para debilitar más a las Administraciones Públicas que deben usar esos recursos para garantizar los derechos de nuestros ciudadanos. El Estado dispone de herramientas que van más allá de la política fiscal y debe comenzar a usarlas. Ahí es donde hay que colocar el centro del debate y que sea la oposición del Gobierno, y no el mismo Gobierno, la que rechace tomar medidas efectivas para encauzar la situación.