CASTELLÓ. El Plan General (PG) de Castelló tiene visos de eternizarse en el tiempo. A pesar de los esfuerzos del tripartito por recortar los plazos, lo cierto es que la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica amenaza con dilatar la aprobación definitiva. El escollo reside en la evaluación ambiental del Plan Estructural (PE), remitida el 29 de mayo de 2019 y que el Ayuntamiento de la capital de la Plana tendrá en su poder, en el mejor de los casos, a finales de noviembre.
Según los intervalos que maneja la administración autonómica para este tipo de trámites, la revisión del documento, desde su entrada por registro, requiere de seis meses. En consecuencia, si los funcionarios de Conselleria consideran que el proyecto cumple los parámetros legales y técnicos, teniendo siempre en cuenta la complejidad, el consistorio estará en disposición de cerrar la parte estructural a finales de año.
En el supuesto de que se pongan reparos, exigiendo correcciones, la autorización nunca se producirá antes de mayo de 2020, ya que ese plazo de seis meses se volverá a repetir con la recepción, por segunda vez, del expediente. Así lo aseguran fuentes de Medio Ambiente, que evitan pronunciarse acerca del estado actual de la comprobación técnica.
El Plan General, que marcará cómo será el desarrollo urbanístico de Castelló en las próximas décadas, se divide en una parte estructural, pendiente de esa evaluación ambiental favorable, y otra pormenorizada, cuyas alegaciones están muy avanzadas, aunque supeditadas precisamente al informe de Conselleria.
La aprobación definitiva del PG, ahora mismo, resulta una incógnita, de manera que desde la concejalía de Urbanismo se opta por la prudencia. No ocurre lo mismo con la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castelló (APECC). Su presidente, Fernando Alfonso, se muestra muy crítico sobre los plazos. "El sector está viviendo una situación muy incómoda. Cuanto más se demore el Plan General, peor para nosotros", sostiene.
El titular de APECC cree que la falta de una normativa urbanística acorde a la coyuntura actual, de crecimiento, constriñe la construcción en la capital de la Plana. "Hay suelos que no se pueden desarrollar. No puedes hacer modificaciones de uso, de terciario a industrial, por ejemplo, y eso nos está causando una grave perjuicio", advierte. "Luego están las reducciones de alturas. Te encuentras calles como Navarra o Trinidad donde hay edificaciones antiguas de más de seis plantas y si ahora pretendes urbanizar un solar no puedes superar esa altura", añade.
Alfonso insiste en que el Plan General resulta esencial para el futuro de la ciudad. Por ello, "aunque seguimos a la espera, confiamos que el Ayuntamiento presione a la Conselleria para que se apruebe la evaluación ambiental y se puede avanzar", concluye.