Covid persistente, ¿otra cuestión de igualdad?

Luisa se contagió de covid en agosto de 2020 estando confinada con sus hijos adolescentes, también contagiados, ellos con síntomas leves y ella asintomática y sin PCR, porque entonces se racionaban las PCR. Sabe que pasó la covid porque a las pocas semanas empezó a experimentar distintos síntomas de lo que ya se conocía como long covid, covid persistente o postCovid, como lo ha definido la OMS. Dolor de cabeza, fiebre, tos muy intensa que le provocó la fisura de varias costillas, fatiga, dolor muscular, dolor estomacal con vómitos e intolerancia a alimentos que hasta entonces comía sin problema, hormigueo continuo en dedos de los pies...

Las PCR que se hizo, prescritas por diferentes médicos que la trataban, daban negativo. Un año estuvo de baja, de especialista en especialista según la patología –internistas, neumólogos, alergólogos, neurólogos…–, y cuando uno de digestivo de un hospital privado le acertó el tratamiento para lo de las intolerancias y se encontró mejor, volvió al trabajo sin estar recuperada. Aún no lo está, con días malos y días regulares, casi ninguno bueno.

Nunca se le diagnosticó covid persistente porque es una enfermedad que como tal no existe en España aunque todo el mundo sabe lo que es. En febrero pidió ser tratada en La Fe por un médico internista que le habían recomendado y la respuesta fue negativa. "En nuestro centro no disponemos de Unidad de Covid Persistente", fue el primer argumento del buque insignia de la sanidad pública valenciana. Según la Conselleria de Sanidad, ahora sí existe. Nadie la ha llamado. 

El otro argumento de La Fe, que la tos crónica "no entra dentro de la cartera de servicios habitual de Medicina Interna". Es decir, si tienes tos vete al neumólogo, si tienes diarrea que te lo vea el de digestivo, si te duele la cabeza pide cita con el neurólogo, si palpitaciones el cardiólogo… y de paso pides hora en el psicólogo para que te quite de la cabeza esa negatividad que te invade después de dos años.

Hace ya diez meses que Ximo Puig pidió en la 24ª Conferencia de Presidentes y Presidentas celebrada en Salamanca una "estrategia compartida" entre el Gobierno de España y las CCAA para hacer frente a la covid persistente, "de forma que se cuantifique el impacto de este problema de salud pública y se adopten medidas de seguimiento e intervención asistencial". Pues ni estrategia ni compartida. Igual que la reforma de la financiación autonómica, que también reivindicó Puig en esa Conferencia, la covid persistente no es una prioridad.

Pasó el verano, pasó el otoño y pasó el invierno, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, reconoció en marzo que, después de dos años de pandemia, el sistema sanitario español no tenía información suficiente para dar respuesta a la covid persistente. Darias anunció que había encargado al Instituto Carlos III un estudio titulado Síndrome postcovid: definición, prevalencia e identificación de predictores y opciones terapéuticas, que se inició hace seis meses y todavía no se ha hecho público.

El estudio lo coordina el neumólogo Ferran Barbé, que hace un mes, en una entrevista publicada por Dadatista, soliviantó a los afectados al criticar que se estuviera sobrediagnosticando un síndrome del que no tiene evidencias científicas de que sea una enfermedad, se quejó de que había "mucha presión", afirmó que "todo se ha exagerado un poco" y expresó su escepticismo respecto a que sea poscovid lo que tienen quienes, como Luisa, pasaron en la primera ola la covid asintomática o "con un poquito de tos" y dos años después continúan padeciendo secuelas. Añadió que, "a la larga", los pacientes "mejoran y acaban estando bien", y remató: "El hecho de que mediáticamente esta situación vaya perdiendo protagonismo como temática de primera página también ayuda a que el tema, por decirlo de alguna manera, se vaya serenando”. Barbé, cero en empatía, apunta a ministro.

Más allá del esperado informe, la confesión de Darias evidencia que no existe un protocolo de actuación, ni un registro de pacientes ni de los tratamientos aplicados a cada enfermo. Además, la covid persistente, a diferencia de la covid, no está reconocida como enfermedad profesional, en perjuicio del personal sanitario contagiado en su lugar de trabajo que sufre las secuelas incapacitantes. Y como en el parte de baja laboral tienen que poner una patología específica diferente de la postcovid, no existen estadísticas de bajas por postcovid.

Tampoco ha habido una instrucción clara de formar unidades de covid persistente en los hospitales o áreas de salud, a pesar de que las asociaciones de afectados y los médicos de familia no han dejado de pedirlas desde que aparecieron las primeras alarmas respecto a la long covid. "Esperamos que los responsables políticos y los sistemas sanitarios establezcan y apliquen modelos sanitarios integrados para atender a estos pacientes", dijo la OMS cuando declaró que la covid era una "afección" en octubre de 2021. Algunos hospitales, como el General de Valencia, sí fueron pioneros por iniciativa propia no siempre mantenida en el tiempo, de manera que recibir asistencia en una de estas unidades es una especie de lotería, en función de si existe en el área de salud y si el médico de familia remite allí al enfermo.

La creación de estas unidades desde muy temprano habría permitido recoger los datos de los pacientes de toda España, hacer seguimiento y componer estadísticas reales –en lugar de mediante encuestas como las que hace Presidencia de la Generalitat, que no la Conselleria de Sanidad–. Unas estadísticas que permitieran averiguar la incidencia de las diferentes patologías –hay más de 200 documentadas–, su duración, el perfil de las enfermas –la gran mayoría, mujeres de mediana edad– y los tratamientos, exitosos o no, aplicados a cada una.

En lugar de eso, se evalúa a los pacientes como si tuvieran una suma de síntomas y no una enfermedad completa y se les hace peregrinar de especialista en especialista, ante profesionales que hacen lo que pueden probando con tratamientos que quizás no saben que han fracasado en otros pacientes con los mismos síntomas y origen de la enfermedad. 

El nombramiento como nuevo conseller de Sanidad de Miguel Mínguez, que como jefe de servicio de Digestivo en el Clínico de València habrá recibido a pacientes poscovid, es motivo de esperanza para las desesperadas enfermas.

Frente a la parálisis institucional, los médicos decidieron abordar la cuestión desde muy pronto y por su cuenta. Hace ya un año, por iniciativa de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la asociación de pacientes LongCovid Acts, medio centenar de sociedades científicas lanzaron la Guía Clínica para la atención al paciente Long Covid / Covid Persistente, un documento de 115 páginas destinado a orientar a los profesionales que atienden a los afectados por estas patologías. El documento, ahora en revisión para incorporar los últimos descubrimientos, ha sido ignorado por el Ministerio de Sanidad, a pesar de que se le ha ofrecido para que lo haga suyo.

El SEMG también ha promovido la creación de un registro de pacientes, denominado Regicovid-AP, mientras la Sociedad Española de Directivos de Sanidad (Sedisa), a la que pertenecen muchos gerentes de hospitales públicos y privados, elaboró un documento de recomendaciones para el "tratamiento integral al paciente postcovid".

¿Otra cuestión de igualdad?

El desinterés de las autoridades sanitarias, que no de los médicos, debería motivar la intervención de la ministra de Igualdad, Irene Montero, puesto que la gran mayoría –se estima que cerca del 80%– de quienes sufren covid persistente son mujeres. Esta desidia carga de razón a los grupos feministas que vienen denunciando que la sanidad tradicionalmente se ha preocupado más de las patologías masculinas que de aquellas que afectan solo o mayoritariamente a las mujeres.

Se esté de acuerdo o no con ella, lo cierto es que desde su cartera transversal Irene Montero ha impulsado un proyecto de ley del aborto y otro de libertad sexual –conocido como ley de 'solo sí es sí'– que van a provocar cambios en el ámbito sanitario –todos los hospitales públicos deberán albergar la práctica de abortos–, laboral –baja desde la semana 39 de embarazo y bajas por dolor menstrual incapacitante–, penal, educativo..., y los habría provocado en el fiscal si la rebaja del IVA a compresas y tampones no la hubiera frenado la otra ministra Montero.

Pues bien, ya que la ministra Darias solo ofrece a las enfermas de covid persistente una sonrisa de consuelo acompañada de palabrería, cabe esperar que la ministra de Igualdad salga a defender a las mujeres frente a esta desatención que perjudica mayoritariamente a ellas. Le dirán de todo, como siempre, pero al menos la covid persistente volverá al primer plano.