CASTELLÓ. (EP). La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado un escrito para solicitar al Ayuntamiento de Castelló que, tal y como marcan la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Generalitat Valenciana o el convenio colectivo en vigor, establezca algún tipo de protocolo para ampliar los servicios jurídicos municipales con expertos que, de manera externa, puedan dar a los agentes del Cuerpo de la Policía Local un servicio de asistencia jurídica especializada.
Según han explicado desde la central sindical, "al encargarse de la seguridad pública, en numerosas ocasiones tanto los agentes de la Policía Local como los de Movilidad Urbana (AMU) se ven envueltos en intervenciones especialmente delicadas que muchas veces terminan como asuntos penales en los tribunales".
"Aunque el Ayuntamiento de Castellón dispone de un servicio jurídico, no cuenta con especialistas en este tipo de asuntos de índole penal, lo que hace que en numerosas ocasiones los agentes tengan que pagar de su propio bolsillo a especialistas para ser asistidos cuando se producen este tipo de casos", han detallado desde CSIF.
Por ello, desde el sindicato han reclamado al Ayuntamiento de Castelló que, además establecer algún tipo de protocolo para que los funcionarios policiales o agentes de movilidad cuenten con profesionales que puedan ejercer sus posibles defensas, "se les permita contar también con un abogado que pueda ejercer como acusación y participar cuando sea necesario".
"Dado que en la actualidad el gabinete jurídico municipal trata en su mayor parte temas administrativos y contenciosos relacionados con la actividad propia de la administración, resulta necesario contar -aunque sea de manera externa- con penalistas especializados que puedan intervenir con mayores garantías en este tipo de casos", han indicado desde CSIF.
Así, han recordado que "pese a que en los últimos ocho años por el Área de Seguridad han pasado cuatro concejales, seis jefes de Policía y un coordinador del Área de Seguridad, ninguno ha sido capaz de solucionar este problema". "Pedimos que se tomen medidas para disponer de asistencia jurídica especializada o de un protocolo que indique cómo acceder a ella, ya que aunque estos años se ha llegado a tener presupuestada una cantidad para este servicio, no se ha definido cómo disponer de esos fondos, por lo que no se han podido utilizar para ese fin", han señalado desde el sindicato.
