Garantizar una vida plena de derechos para las personas que padecen algún tipo de discapacidad sigue siendo una deuda pendiente para esta sociedad en la que vivimos. La legislación defiende los derechos de las personas con discapacidad, pero continúan existiendo entornos, productos o servicios inaccesibles, que vulneran de facto estos derechos porque impiden su ejercicio pleno. Esta semana ha tenido lugar la sexta edición del Congreso sobre Derechos Humanos y Discapacidad organizado por la Fundación Mainel y la Fundación Promoción Social.
Quince ponentes de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional han debatidos estos días en la ciudad de València sobre la discapacidad y los derechos humanos en un Congreso con ese título donde se ha analizado las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad para hacer un efectivo uso de sus derechos, así como las vías para mejorar en su consecución.
Un congreso muy necesario para seguir avanzando en una dirección que dignifique y consiga la vida con los mismos derechos para las personas que padecen algún tipo de discapacidad.
En el congreso se ha abordado la discapacidad desde diferentes enfoques para conseguir hacer una fotografía real y muy actual de su realidad con la ponencia de reputados y expertos profesionales de ámbito nacional e internacional.
Entre los ponentes ha destacado la presencia de Jonas Ruskus, ex vicepresidente del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU; Richard Rieser, secretario general del Foro de la Commonwealth para Personas con Discapacidad o Tina Minkowitz, presidenta del Centro de Derechos Humanos de los Usuarios y Supervivientes de la Psiquiatría (Estados Unidos) quien en su ponencia sobre el “Internamiento involuntario y consentimiento a tratamientos médicos de las personas con discapacidad psicosocial”, ha manifestado que a pesar de ser reconocida una activista internacional en el ámbito de la salud mental, no se identifica como activista y que su postura es opuesta al sistema de salud mental en su forma actual desde la perspectiva de derechos humanos plenos.
Además Tina Minkowitz en su ponencia “El internamiento involuntario y consentimiento a tratamientos médicos de las personas con discapacidad psicosocial” asegura que en ningún caso puede haber privación de libertad justificada sobre la base de una discapacidad. Y defiende que las personas con discapacidad psicosocial tienen derecho a vivir en comunidad. “ No hay que permitir un internamiento involuntario sobre la base de algún tipo de diagnóstico psiquiátrico; si no se hace con la voluntad de las personas vulnera la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Tina Minkowitz.
Recuerda que la única base legal para este tipo de hospitalización es que se ejecute con un consentimiento informado y firmado por la persona . Además requiere siempre una autorización judicial. Existen además una serie de obligaciones que si se incumplen los puntos anteriores, se declara nulo.
La misma base sobre la que ha sustentado Gregorio Saravia, Delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad. Su ponencia también que ha iniciado con la descripción de esa mirada de miedo y de ignorancia que todavía tenemos sobre la discapacidad. Y es que asegura que el estigma de miedo e ignorancia sobre la discapacidad limita la participación social de ciertas personas en plena libertad. Dos posiciones que ningunea a las personas con discapacidad: por un lado , la criminalización de “ la locura” y , por otro, la invisivilización de problemas de salud mental.
Saravia ha querido visibilizar también la discriminación múltiple cuando se trata de mujeres y niñas con discapacidad . Las mujeres con discapacidad tienen mas riesgo de sufrir violencia y abuso sexual o violencia de genero .
Es importante la participación de personas con discapacidad y darle voz; y el apoyo estatal a las familias que no debe perder de vista el derecho de la persona con discapacidad a elegir el tipo de apoyos y cómo quiere recibirlos.
En el congreso se ha analizado la discapacidad desde muchos enfoques y áreas temáticas de los Derechos Humanos y la Discapacidad que nos han ubicado de lleno en la realidad actual de los Derechos humanos, de la capacidad jurídica, desde la cooperación española, desde el enfoque arquitectónico, desde el derecho a la educación inclusiva o desde el internamiento involuntario y consentimiento a tratamientos médicos de las personas con discapacidad psicosocial.
Algunas de las sentencias que nos invitan al análisis y reflexión han sido:
“La discapacidad es una construcción social” , Jonas Ruskus
“ Lograr la plena inclusión es una utopía, siempre hay que estar caminando hacia ella pero hay quienes tienen miedo hasta de dar el primer paso”, Maria José Alonso Parreño.
“ Las personas con discapacidad tiene una menor probabilidad de finalizar sus estudios según la UNESCO y una escuela segregada es un sistema de exclusión” , Richard Rieser quien también apuesta por educadores formados y que formen parte de esa diversidad, por la implicación de la comunidad local, la convivencia intergeneracional y la disposición de recursos y financiación.
“No se trata de hacer una arquitectura para la discapacidad. Se trata de hacer una arquitectura de todos pero con añadidos que amplíen las posibilidades de esa Arquitectura”, Fernando Zaparain.
El IV Congreso sobre Derechos Humanos y Discapacidad organizado por Fundación Mainel y Fundación Promoción Social, forma parte de un proyecto que incluye también dos exposiciones realizadas en colaboración con el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia – CTAV y con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universitat Politécnica de València. Dos exposiciones pendientes de inaugurar que visibilizarán esta problemática para sensibilizar a la ciudadanía no solo a través de la recopilación de soluciones arquitectónicas inclusivas, también mediante testimonios de personas que contarán las dificultades que encuentran en su vida cotidiana para participar en igualdad de derechos.
El proyecto está financiado por la Consellería de Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana y de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració de’l Ajuntament de València. Cuenta con dos objetivos principales:
La semana que viene… más.