Cuatro opiniones y media sobre las lenguas

La decisión de la Mesa del Congreso de autorizar las lenguas cooficiales autonómicas suscitó un interesante debate. Cuatro corrientes de opinión se disputaban el análisis. A los dirigentes del PP y a los de Vox les pareció mal porque el Congreso constituye la representación de la soberanía del pueblo español, cuya única lengua oficial común es el castellano. Se trataría de un gasto innecesario para implantar una conducta grotesca cuyo único objetivo sería captar los votos de los separatistas para Sánchez. Adujeron los portavoces de esos partidos que Ortuzar y Puigdemont se comunicaron en castellano en la reunión que celebraron en Waterloo sin traductores. Esa imagen les recordaba a la que, en Bruselas, un mes antes les habían brindado Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno de España, y el propio Puigdemont. Más ilustrativo imposible: una gallega, un vasco y un catalán negociando en español cómo lograr que el Estado español pase a ser plurinacional. Con esos precedentes, a los peperos y voceros les resultaba chusco que 350 personas, todas las cuales entienden y hablan perfectamente el castellano, tuviesen que recurrir a pinganillos y traductores para comunicarse.  

Pero descalificar la iniciativa era una evaluación, no una explicación. Tranquilos; la tenían. Hasta hace un par de meses, los socialistas venían rechazando usar las lenguas autonómicas en el Congreso. Ahora lo habrían autorizado solo por necesitar los votos separatistas para seguir gobernando. Y están dispuestos, como dice el presidente socialista asturiano, a lograrlo a cualquier precio. Esa era la explicación. Lástima que Sémper la destrozase pidiendo en vasco que no se hablase en vasco en el Congreso. No se puede estar en misa y repicando.

Por el contrario, los analistas del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Juntos por Cataluña (JpC), el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Reunirse (Bildu) e Izquierda Republicana de Cataluña (IRC) opinaron que era antidemocrática la situación anterior, cuando no se hablaban esas lenguas en el Congreso. Y que ahora lo habían corregido, pues no solo habían logrado ensalzar las lenguas autonómicas, sino que podrán negarse a hablar en castellano para recalcar que no se sienten españoles. Todos esos grupos estaban de acuerdo en que España no es una nación, sino un Estado plurinacional, cuyas diversas naciones podrían segregarse si así lo decidiesen sus habitantes. En resumen, la decisión de la Mesa representaría un paso más hacia el Estado plurinacional e incluso hacia la segregación.

Pero todo eso solo era otra evaluación más que una explicación. Tranquilos, también la tenían. La Mesa aprobó usar las lenguas autonómicas porque ellos lo habían puesto como condición para constituirla. Sin lenguas no habría Mesa y, por tanto, tampoco investidura. Era un signo de su inesperado poder sobre los socialistas. Lástima que se jactasen de que más tendrán que darles si quieren el Gobierno de España. Por ejemplo, una amnistía y 80.000 millones de euros. O sea, las lenguas, lo de menos.

En tercer lugar, los de Sumar opinaron que se trataba de una medida muy positiva porque puso en primer plano la plurinacionalidad de España. Y ellos le dan mucha importancia a ese punto. Añadieron que lo dice la Constitución, puesto que habla de regiones y nacionalidades. Sin embargo, los de Sumar no se consideran separatistas. Admiten hacer al referéndum de segregación de Cataluña que reclaman Junqueras y Puigdemont, pero ellos votarían a favor de la permanencia. O sea, de la Confederación. Y autorizar las lenguas que llaman nacionales la acercará.

A riesgo de resultar cansino, todo eso era otra evaluación, que no explicación. La tenían: había que hacerlo, al igual que la amnistía, para posibilitar la continuidad del Gobierno progresista. No tendría sentido poner en riesgo sus ministerios por retrasar una medida que, de todos modos, sería beneficiosa para la España plurinacional. Lástima que la Constitución no hable de regiones y naciones, sino solo de la nación española. Y todavía más lástima que los de Podemos no vayan a lograr ningún ministerio. ¿Apoyarán la investidura de todos modos sus cinco diputados? El murciano Serna tiene la palabra.

Para una cuarte opinión autorizar las lenguas era una operación arriesgada. Y lo era porque podría blanquear el carácter antidemocrático del Estado español, que oprime a sus colonias, como Cataluña y Vasconia. De hecho, las alejaría de la segregación, al calmar las contradicciones. Entonces, ¿por qué la habían pedido los dirigentes separatistas? Para disimular que no están dispuestos a hacer nada efectivo por la independencia. En realidad, lo único efectivo sería declarar ilegales todas las elecciones posteriores a la aplicación del 155, restaurar a Puigdemont en la presidencia de Cataluña y mantener la vigencia de la declaración de independencia del 1 de octubre de 2017. Defendieron esa interpretación tanto los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y la exconsejera Ponsatí como el eximio Bernat Dédeu, mi analista favorito en el campo del separatismo.

Estando todo eso bastante claro, el enigma es qué pensaban al respecto los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En las autonomías bilingües siempre han implantado la inmersión lingüística en catalán cuando han gobernado. Y, desde luego, quieren los votos de los separatistas. Pero mi duda sigue viva: ¿se trata de puro oportunismo para gobernar o es algo más profundo? En ese caso, ¿creen, como Bernat, que aliviará las contradicciones territoriales, o creen, como Yolanda, que se acompasa a la naturaleza plurinacional de España? Como en 2021 rechazaron esta medida, eran ellos lo que debían explicarse. Y empezó a hacerlo el candidato Sánchez, quien afirma que la declaración de independencia catalana, un conflicto político, nunca debió judicializarse. Lástima que en 2019 opinase justo lo contrario. Y todavía más lástima que, en una democracia, los únicos que judicializan las conductas son los jueces. Si fuesen los políticos ya no estaríamos en una democracia. Y eso también vale para desjudicializar.