Foto: JOSÉ CUÉLLAR/CORTSSe suele poner la lupa, acompañada de crítica, sobre lo que cobran nuestros representantes políticos, especialmente los del poder legislativo. A veces, hasta se cuestiona que Les Corts compren a sus señorías el ordenador o el smartphone de última generación para el mejor desempeño de su trabajo, como si hubiera que escatimar en eso para evitar los 2.800 millones de euros de déficit de la Generalitat.
Uno ve justa la crítica cuando los políticos se suben las retribuciones burlando la ley –existe una ley que regula los sueldos de las corporaciones locales–, como hemos denunciado en Valencia Plaza que hicieron alcaldes como Bielsa y Dolón con sus desproporcionadas dietas.
Los sueldos de los diputados de Les Corts son bastante ajustados, de los más bajos de todos los parlamentos autonómicos. La cuestión no es lo que ganan sino lo que trabajan, y por lo que estamos viendo en este final de la legislatura, la cultura parlamentaria no es precisamente la del esfuerzo.
Les Corts acabaron el año aprobando los octavos presupuestos botánicos y llegaron a 2023 con solo tres meses por delante –Puig disolverá la Cámara hacia el 3 de abril– para cerrar los asuntos pendientes, entre ellos varias leyes importantes y, sobre todo, la renovación de órganos estatutarios que ya va con retraso. ¿Prisas? Tot menos apurar-se.
La primera decisión de los grupos fue dejar pasar al ralentí el mes de enero, que es uno de los tres meses de vacaciones parlamentarias anuales, junto a julio y agosto, fijada en el Estatut. Como si no hubiese tareas urgentes, celebraron un par de comisiones para desengrasar y celebraron un pleno la última semana.
Lo siguiente fue acordar para los dos meses restantes –nueve semanas– solo dos Plenos, uno en febrero y otro a principios de marzo, que se supone que será el llamado 'pleno escoba', para cerrar la legislatura antes de Fallas y la Magdalena, que este año coinciden en fechas.
Eso, estando pendientes de aprobar catorce leyes en tramitación y de renovar varios órganos estatutarios. Cuando acaba la legislatura, las leyes en tramitación decaen y si se quieren retomar en la siguiente legislatura hay que volver a empezar de cero. Esto debería llevar a los grupos, si consideran que las leyes que ellos mismos plantearon son importantes, a planificar el ritmo de las iniciativas legislativas y acompasar los trabajos para poder aprobarlas antes de que se convoquen elecciones.
Por ejemplo, no tiene mucho sentido que el Consell haya aprobado tres proyectos de ley en enero, uno el día 13 (Ley Integral de Medidas contra la Despoblación) y dos el día 20 (Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias y Ley de Comercio Sostenible). Los grupos tienen apenas dos meses para aprobarlos cuando todavía no han sacado adelante proyectos llegados en octubre pasado (Ley de Participación Ciudadana y Fomento del Asociacionismo) o en agosto de 2021 (Ley de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales de Compañía y otras medidas de Bienestar Animal). Esto hará que tomen atajos por vías de urgencia que impiden elaborar las normas con la participación y la reflexión necesarias.
Peor aún es la dejación de funciones en la renovación de los miembros de importantes órganos y entes de la Generalitat. Es una obligación cuya fecha límite la conocen los diputados desde el mismo momento en que juran o prometen el cargo en 2019. Han corrido ríos de tinta a propósito de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y la renovación tardía del Tribunal Constitucional, pero aquí estamos igual. No es una prioridad electoral. Y no es uno, ni dos entes… son seis.
La Sindicatura de Comptes tendría que haberse renovado en junio del año pasado y los tres síndics continúan en funciones sin que se vislumbre un relevo antes de abril. La falta de previsión es absoluta y la pachorra también. Solo cuando los mandatos han vencido, los políticos se acuerdan de que tienen que renovar cargos para, a continuación, no hacer nada. En este caso no hay excusa, porque el Síndic Major, Vicent Cucarella, advirtió por carta en marzo de que en tres meses vencía su mandato. En junio ya debería haber estado preparado el relevo.
En el Consell Jurídic Consultiu son cuatro los puestos que tienen que renovar desde el pasado mes de octubre –más dos que tiene que designar el Consell–, incluido el de la presidenta, Margarita Soler; el Consell Valencià de Cultura espera desde agosto que se cubra el asiento que quedó vacante con la muerte de Santiago Grisolía y se nombre un nuevo presidente o presidenta, y tampoco se han cubierto los cinco consejeros que nombran Les Corts para el Consejo Valenciano de Universidades y Formación Profesional.
El récord de interinidad lo tienen los miembros del Consell de Transparencia, con el mandato caducado desde diciembre de 2020, y la presidenta de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Mar Iglesias, en funciones desde noviembre de 2019. En À Punt también está pendiente la renovación de dos puestos en el Consejo Rector, sin contar el que corresponde proponer al PP desde 2016, que nunca fue ocupado tras ser rechazada por los partidos del Botànic la candidatura de Maite Fernández. También está pendiente la ratificación de Alfred Costa como director general, aunque este trámite sí que es probable que se complete.
Lo más curioso de esta situación es que a PSPV, Compromís y Unidas Podemos parece no importarles que acabe la legislatura sin renovar estos puestos, cuando son los que más tienen que perder, ya que si el PP es el partido más votado en las elecciones del 28 de mayo, como están señalando las encuestas, le corresponderá más representación en esos órganos y la presidencia en algunos de ellos.
¿Y en qué andan sus señorías? Pues enfrascados en dos asuntos que nada tienen que ver con las necesidades de los valencianos: uno, negociando la rebaja del listón electoral del 5% al 3%, no porque de repente lo consideren más democrático, sino porque elevaría las posibilidades de un tercer Govern del Botànic al asegurar la entrada de Unidas Podemos.
Y el otro asunto es el clásico ¿qué hay de lo mío? Como cada final de legislatura, nuestros diputados se han acordado de Santa Bárbara y andan buscando un paliativo al desempleo al que se pueden ver abocados aquellos que no repitan y no tengan un trabajo al que volver. Porque los parlamentarios no cobran prestación por desempleo al no tener una relación laboral. En cuatro años –eso se hace al principio de la legislatura, no al final– no han sido capaces de establecer un régimen de indemnización por cese para ayudar a los diputados que se quedan en la calle, como el que tiene, por ejemplo, el Parlament de Catalunya. En el pecado llevan la penitencia.
