VALÈNCIA. De construir residencias a modernizar el sistema. Éstas fueron algunas de las propuestas enmarcadas en el debate sobre “Propuestas programáticas en servicios sociales para la próxima legislatura”, con la participación de los partidos con representación en Les Corts a excepción de Unides Podem. Un encuentro que fue organizado por la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) en el marco de su asamblea general ordinaria en el Veles e Vents este miércoles.
Elena Bastidas, representante del PPCV, aseguraba que, si gobierna su partido, derogarán el decreto de tipologías. "Nos sentaremos con todos los implicados", reflexionaba. Acerca de la normativa que tanto revuelo está causando en el sector con motivo de los ratios y los incrementos de costes, Bastidas recordaba que su grupo presentó una PNL en 2022 cuando se aprobó la urgencia del decreto. "Habiendo tenido tres años para desplegar la ley de servicios sociales, hagámoslo participativo. El 75-80% de las alegaciones que se han realizado al decreto de tipologías han sido desestimadas", señalaba. "Si los principales destinatarios han contestado mayoritariamente y no se les ha atendido, la norma no va a recoger las necesidades del sector".
Maite Girau, del PSPV, señalaba que el decreto de tipologías habrá que testarlo, valorar si tiene efectos positivos y modificar lo necesario para hacerlo efectivo. "No se trata de hacer enmiendas a la totalidad, tiene aspectos buenísimos ya que regula la atención primaria y nuevos recursos, pero de su puesta en marcha habrá que ver, junto con los sectores implicados, si es suficiente o hay que corregir cuestiones como contenidos o los ratios. "Hemos avanzado mucho y no puede haber vuelta atrás", insistía.
En cuanto a las propuestas de partido, aseguraba que están todavía preparando contenido. "Nos queremos mover en la modernización del sistema. Pensamos que los servicios sociales tienen que tener la envergadura necesaria para ser modernizados. No sirve cualquier cosa ni la improvisación. Hace falta reflexión, análisis, avanzar con pasos seguros y esa apuesta por la innovación social. Tener nuevas metodologías para abordar las nuevas necesidades sociales porque envejecemos, lo hacemos de otra manera, y tendremos necesidades diferentes", aseguraba. Una innovación en el que recalcaba que el tercer sector y la iniciativa privada son un aliado estratégico porque dispone de tecnologías y un campo de conocimiento y de saber. "Construyamos el sistema juntos sabiendo que tiene déficits. Necesitamos más plazas residenciales, de centros de días, atención diferenciada para determinadas patologías como alzheimer, más políticas preventivas, porque cada vez más las personas mayores querremos estar en nuestros domicilios", apuntaba, entre otros.
Ferrán Barberá, de Compromis, aseguraba que el decreto es un esfuerzo legislativo. "El informe económico dice que será un gran gasto para la Generalitat, pero es que la administración tiene que estar en eso", aseguraba. "Hemos de aumentar el gasto en servicios sociales y el sistema actual, que era muy poco útil para el sector y que se iguala, sube las ratios, y queremos ir a un modelo de unidades convivenciales más reducidas para tener un envejecimiento activo", insistía "Se trata de apostar por un decreto que busca equiparar la sanidad, la educación y los servicios sociales", destacaba.
"La próxima legislatura es la de la construcción", continuaba. "Esta ha sido la de la construcción de centros educativos y esta ha de ser la legislatura de la construcción en servicios sociales. Tener un impulso para aumentar la oferta pública y espacios necesarios para tener una mejor atención para las personas más vulnerables", apuntaba. "En esta próxima legislatura queremos apostar por un Plan Convivint que ya está ejecutándose y que tiene que inyectar 1.000 millones de euros más para la construcción de edificios en la próxima legislatura". Por otro lado, en materia de salud mental, también realizarán la propuesta de aumentar la oferta de psicólogos públicos en todos los centros de salud y que cada paciente tenga su psicólogo de cabecera", destacaba.
Mientras, Miriam Turiel, de VOX, señalaba la importancia de una normativa de servicios sociales pero aseguraba que no se ha hecho con la pausa y la reflexión "con la que se merece". "El trámite de urgencia revela que es un proceso que no es tan garantista y el decreto crea problemas nuevos y no soluciona los antiguos", aseguraba. "Proponemos que las familias estén en el centro de las políticas públicas. Hay mucha pobreza infantil y hay que radicarla. En centros de día y centros tutelados nos gustaría solucionar la falta de plazas", apuntaba.
Jesús Gimeno, de Ciudadanos, insistía en la necesidad de cumplir los parámetros marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). "La Comunidad Valencia es la que menos ratio tiene en plazas. Si éste debería tener cinco plazas por cada 100 habitantes, España tiene de media 4,19 y 2,91 en la Comunidad", aseguraba. En este sentido, señalaba la necesidad de psicólogos y más profesionales en geriatría.