Del caso de los trajes a Gürtel: las causas judiciales que ha sorteado Camps durante 15 años 

VALÈNCIA. Con la absolución del expresidente de la Generalitat Francisco Camps en la pieza de los contratos menores de Gürtel llega también el final de las causas judiciales pendientes del exjefe del Consell, quien ha sorteado diversos procedimientos durante 15 años. El que fuera dirigente popular vio truncada su carrera política y pasó a estar apartado de la primera línea. Con el paso del tiempo, fue iniciando un proceso de cierta reaparición pública –la última fue este mismo miércoles– para denunciar su situación, que siempre ha calificado de persecución, e incluso mostrar su disposición a volver, aunque todos esos movimientos quedaron en nada.  

El punto de inflexión fue el conocido como 'caso de los trajes'. Su imputación llegó en 2009, aunque dimitió en 2011, año en el que también se sentó por primera vez en el banquillo. La investigación, una ramificación del caso Gürtel que eclosionaba por aquel entonces y fue una bomba de relojería dentro del PP, apreciaba indicios de cohecho en la adquisición por parte de Camps de unas prendas de vestir que pudieron haber sido pagadas por Orange Market. Finalmente, acabó absuelto. 

El peregrinaje judicial, sin embargo, acababa en realidad de empezar. Después de los trajes, Anticorrupción pidió, tras la exposición razonada del juez ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia (TSJCV), investigar a Camps y a Rita Barberá por sus actuaciones en el llamado caso Nóos. Según la Fiscalía, los contratos firmados entre los dirigentes y el yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, en relación a los eventos del Valencia Summit, contenían indicios de delito. El TJSCV, sin embargo, no vio que existieran tales indicios y el expresidente de la Generalitat eludió la imputación. 

En la causa de la financiación irregular del PPCV entre 2007 y 2011, que condenó, entre otros, al exsecretario general del partido Ricardo Costa, los principales acusados señalaron al exjefe del Consell, pero no figuró en ningún momento como imputado y únicamente declaró como testigo. 

Luego apareció el procedimiento de la visita del Papa Benedicto XVI a València con motivo del V Encuentro de las Familias de julio de 2006. El último, archivado definitivamente en 2021 tras dar inicio en 2016, era el relativo a los presuntos presuntos delitos de prevaricación y malversación en las contrataciones de la fundación constituida expresamente para el evento. Se analizaron once contratos con empresas para el suministro de servicios como los 7.000 urinarios colocados por toda la ciudad, la publicidad del acontecimiento, los alojamientos o el altar. Entre otros, figuraba como imputado Camps. 

También le salpicaron las causas de la Fórmula 1, que acabaron en nada una década después de empezar. Anticorrupción inició la primera investigación a finales de 2014 tras las denuncias presentadas por PSPV y Esquerra Unida. En aquel momento, el fiscal Vicente Torres –actualmente y desde 2019 magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)– , se querelló contra Camps por todo lo que envolvía la organización del evento.

Apuntó a que fue el responsable directo de las negociaciones con Bernie Ecclestone para traer el Gran Premio y para elaborar el contrato del 19 de julio de 2011 por el que la Generalitat se convirtió en avalista de Valmor –la empresa organizadora– con un "desprecio a la legalidad vigente". Motivos por los que pidió al TSJCV que lo imputara. 

Éste abrió diligencias por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, pero a mediados de 2015 remitió las actuaciones a los juzgados al perder Camps la condición de aforado por la convocatoria de las de elecciones autonómicas. A partir de ese momento, la causa recayó en el juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, que acabó dividiéndola en dos piezas separadas. De un lado, la relativa a las negociaciones previas para traer a Valencia la Fórmula 1 junto a la decisión de gestionarlo a través de la empresa privada Valmor Sports. 

De otro, la absorción de Valmor por la Generalitat a través de Circuito del Motor por 1 euro en diciembre de 2011, lo que permitió saldar las cuantiosas pérdidas de la empresa que pusieron en marcha Fernando Roig, Jorge Martínez "Aspar" y Bancaja, superiores a los 40 millones de euros. El "rescate", que hizo efectivo el Consell presidido por Alberto Fabra tras la dimisión de Camps, supuso asimismo la asunción de las citadas deudas. 

Más adelante, la Fiscalía pidió que se indagara también en supuestos amaños en las adjudicaciones de contratos de Circuito del Motor a diferentes proveedores (megafonía, pantallas, sistemas de control, etc), pieza que acabó igualmente en Instrucción 2. Ésta llegó a tener alrededor de una decena de imputados, como el exsecretario autonómico de Hacienda José Miguel Escrig, el exdirector de Circuito del Motor Julio García u otros exdirectivos como Blanca Tomás. 

Por último, en 2018 el juzgado de Instrucción 17 abrió otro procedimiento por los sobrecostes de 25 millones de euros en la construcción del circuito urbano.

La causa que más cerca estuvo del juicio oral fue la de la construcción del circuito, en la que la magistrada decidió en 2019 procesar a Camps; al que fuera su vicepresidente Vicente Rambla; al exconseller de Infraestructuras Mario Flores; a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP); y a empresarios, entre ellos el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja.

La Fiscalía mantenía un criterio contrario al de la jueza y pidió el archivo, que ésta desestimó, por lo que recurrió a la Audiencia Provincial, que sí apoyó la tesis. Los magistrados concluyeron que, si hubo un posible delito de prevaricación en la contratación de las empresas para la construcción del circuito, habría prescrito. Además, rechazaron que se produjese el de malversación debido a que no se pudo constatar que hubiera perjuicio público en la Fórmula 1 pese al alto coste. 

A ella le siguieron el resto de sobreseimientos, aunque con idas y venidas. En mayo de 2020, Instrucción 2 dio carpetazo a la pieza sobre la compra de Valmor tras pedirlo Anticorrupción al entender que fue la decisión "menos perjudicial" para los valencianos. Se trataba de una causa sin imputados puesto que ya se sobreseyeron las actuaciones contra Camps y la exconsellera de Turismo y Deporte, Lola Johnson, entre otros. En noviembre de 2021, el mismo juzgado archivó –de nuevo tras la petición de la Fiscalía– la de los contratos.

Su última parada del peregrinaje era la pieza de los contratos menores del caso Gürtel. En esta pieza de la macrocausa se juzgó el presunto trato de favor desde la Generalitat a siete empresas del cabecilla de la trama, Francisco Correa, que entre 2004 y 2009 recibieron varios contratos menores por valor de más de 1,8 millones de euros. También se incluyeron las supuestas irregularidades en la adjudicación a Orange Market del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009. 

A Camps se le acusaba de un delito de tráfico de influencias en concurso ideal con el delito de prevaricación. Pero la sentencia que lo absuelve concluye que no existe "prueba o indicio alguno de orden, sugerencia o intromisión" del expresidente de la Generalitat en las contrataciones. Tampoco testigo, escrito o comunicación alguna en dicho periodo, "lo que aleja cualquier prueba o indicio con trascendencia penal". Con ello, Camps queda libre de todo.