Foto APLa Agencia cifra en más 23 millones de euros la cantidad recuperable por las administraciones de sus investigaciones de 2021 de los que 21 los debe recuperar el ayuntamiento de Burriana por un PAI
VALÈNCIA. “Es muy preocupante que en el caso de funcionarios con autoridad pública y con arma, los procesos no estén libres de cualquier sospecha”. Esta fue la seria advertencia del director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, en la presentación de la memoria anual de este organismo, en la que señaló que no sólo está en cuestión la oposición a la Policía Local de Alicante (un caso que investigan desde hace meses) sino que el 24% de las denuncias recibidas este año han sido sobre procesos de selección de personal en fuerzas de seguridad locales.
Si en años anteriores las denuncias por contratos públicos vinculados a grandes ‘pufos’ urbanísticos lideraban el ‘ranking’, en 2021 se quedaron en un 16% (el 34% en 2020), los expedientes de posibles irregularidades en recursos humanos se dispararon al 48% (el 33% en 2020) y la mitad fueron en procesos de selección de policías locales. El principal motivo de denuncias es la filtración de las preguntas, una cuestión que aseguró que es muy difícil de demostrar. De hecho explicó que los dos casos que han llevado a los tribunales (una oposición a la Policía Local de Benidorm y una del cuerpo superior de funcionarios de la Generalitat) han acabado en sentencias absolutorias que reconocen que los hechos se produjeron pero que no puede castigarlos.
Ante esta situación Llinares reiteró dos peticiones. Por un lado, a las administraciones competentes abran procesos disciplinarios (lo hizo la Generalitat pero aún no el ayuntamiento de Benidorm). Pero, sobre todo, instó a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública de Gabriela Bravo a que centralice las oposiciones a las policías locales a imagen de lo que hace el gobierno vasco con tribunales profesionales. “Se eliminan así los tribunales ‘ad hoc’ de cada ayuntamiento”, destacó.
Llinares explicó que el fin de las limitaciones en la tasa de reposición ha multiplicado los procesos de selección. “A más procesos, más posibilidad de denuncias” explicó. El número general de denuncias ha crecido un 58% hasta las 359 y desde su creación hace cinco años la Agencia ha abierto ya más de mil expedientes de investigación.
Pero, ademas la memoria hace un severo reproche a las administraciones por estar prolongando la contratación de emergencia por el covid-19. “Es algo que está contemplado en la ley, no es ninguna ilegalidad. Pero está delimitado a situaciones donde no es posible procedimientos ordinarios. Está el procedimiento de urgencia que también simplifica el procedimiento pero mantiene la transparencia porque garantiza la concurrencia, sin ella no hay precios de mercado, siempre están por encima”, destacó. Llinares advirtió que, visto lo visto en el primer trimestre del año, ese será uno de los puntos más fuertes de la memoria de 2022.
Llinares desveló también que los expedientes de 2021 incluyen más 23 millones que la Agencia considera recuperables, de los que ya lo han sido unos 500.000 euros. Destacan especialmente los más de 21 que según indicó el Ayuntamiento de Burriana debe reclamar a las empresas responsables de un PAI en esta localidad castellonense. Si sus responsables (o los de otras administraciones instadas a recuperar dinero) no lo hacer “pueden caer en responsabilidades contables”. En ese apartado se incluye también el sobrecoste del servicios de grúa de València o los sobresueldos de los concejales del Ayuntamiento del 'cap i casal' la pasada legislatura. Aseguró también Llinares que más allá de reflejarlo en su memoria no pueden obligar a las administraciones a seguir sus recomendaciones pero advirtió que entregan los expedientes al Tribunal de Cuentas.
Llinares criticó el uso de las denuncias a la Agencia en la “batalla política” pero dijo que las investigan igual pero agradeció no haber tenido presiones políticas en este tiempo. “Tenemos discrepancias y maneras de ver diferentes. Hay mecanismos indirectos para ejercer presión y es recortar medios pero si algo podemos afirmar con rotundidad es que el presupuesto solicitado ha sido aprobado por Les Corts sin reducir un solo euro”, afirmó.
