Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La vivienda está centrando gran parte de la actual campaña electoral del 28M y, muy probablemente, lo haga también de cara a las generales de finales de año. Casi todos los partidos, a izquierda y derecha, lo marcan como prioridad de gestión en el caso de que gobiernen y, de paso, como arma contra sus contrincantes. En el caso de la Comunitat Valenciana, mientras Podem saca pecho de la gestión al frente de la Conselleria de Vivienda, la oposición le echa en cara la falta de promoción pública.
Más allá de eslóganes o afirmaciones efectistas en debates, en redes sociales y ante los medios de comunicación, éstas son las principales propuestas en materia de vivienda de acuerdo con los programas electorales de cada formación. Promesas que, dentro de cuatro años, habrá que comprobar si se han cumplido o dan la razón a todos aquellos que las miran con escepticismo.
-Complementar la dotación del Bono Joven estatal de ayudas al alquiler para garantizar que lleguen a 12.000 jóvenes de menos de 35 años, que serán beneficiarios de 250 euros al mes durante dos años para pagar sus alquileres.
-El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) creará un fondo de alquiler de vivienda joven que financiará la fianza, el aval y el seguro de alquiler para aquellas personas arrendatarias que no tengan la consideración de grandes tenedores y que oferten su vivienda en alquiler para jóvenes de menos de 35 años. Además, impulsar la compra de viviendas para jóvenes a través de mecanismos financieros innovadores del IVF que permitan a los jóvenes afrontar en torno a un 20% del valor total de la tasación en la compra de una vivienda.
-Habilitar a través del IVF una línea de avales para facilitar el acceso a la primera vivienda.
-Para afrontar la subida de las hipotecas variables, mantener la ayuda de entre 300 y 600 euros, que beneficiará a 30.000 familias valencianas con ingresos anuales de hasta 33.600 euros. Esta ayuda se destinara a las personas a las cuales se les ha revisado la hipoteca a partir del 1 de abril de 2022 y cuyos intereses han subido más de un 30%.
-Construir, en colaboración con los ayuntamientos, al menos 1.500 viviendas protegidas en régimen de alquiler al año, 6.000 viviendas de esta naturaleza en el próximo mandato. También aumentar la vivienda pública hasta las 24.000.
-En los primeros seis meses de la nueva legislatura, aprobar una ley que simplifique y agilice la tramitación de los instrumentos de ordenación urbanística para agilizar la disponibilidad de suelo y los proyectos de construcción de las viviendas de protección oficial.
-Plan Vivienda Joven: Ayudas dirigidas a jóvenes menores de 35 años para la cobertura mediante avales que cubran el 100% del préstamo hipotecario, de forma que el aval se sume al 80% que conceden los bancos en la compra de primeras viviendas y daremos ayudas directas para gastos de tramitación de hasta 2.000 euros. De otro lado, ayudas destinadas a jóvenes menores de 35 años para la rehabilitación integral o construcción de su primera vivienda mediante avales que cubran el 100% del préstamo hipotecario, de forma que el aval se sume al 80% que conceden los bancos.
-Rebaja del Impuesto de Transmisiones, a un tipo superreducido del 3%, para la compra de vivienda de jóvenes menores de 35 años, familias numerosas, personas con discapacidad, municipios en riesgo de despoblación y víctimas de violencia de género. Disminución del 10% al 3% el impuesto de vivienda a todas las rentas inferiores a 30.000 euros anuales.
-En contratos de alquiler de primera vivienda para jóvenes menores de 35 años, favorecer la contratación de un seguro de impago de renta hasta dos años.
-Aumento de la aportación de la Generalitat para ayudas al alquiler de viviendas para jóvenes, estableciendo convocatorias diferenciadas y con características propias.
-Plan Vive Comunitat Valenciana: sacar a concurso las parcelas públicas residenciales de la Generalitat y promover por colaboración público-privada 3.000 viviendas de alquiler para jóvenes, mayores y familias, de forma consensuada con el sector empresarial. Además, fomento de los convenios en suelos públicos municipales para la construcción de vivienda protegida y de alquiler a través de colaboración público-privada y, especialmente, a través de la modalidad de cambio de solar por obra, de forma que los ayuntamientos reciban viviendas públicas y bajos para usos sociales.
-Incremento de las partidas presupuestarias para beneficiar a más familias con ayudas para el alquiler de viviendas en el marco del convenio del Plan Estatal de la Vivienda.
-Finalizar las promociones de Viviendas protegidas que hayan quedado inacabadas y poner en el mercado todo el suelo público para generar vivienda a precios contenidos.
-Pla Edificant para la construcción y adquisición de vivienda pública que colabore con los ayuntamientos en la construcción de 5.000 viviendas de alquiler social para ampliar el parque público.
-Creación de un Fondo Valenciano para la construcción de Vivienda Pública con una dotación inicial de 50 millones de euros.
-Exigir la incorporación de todos los inmuebles de la Sareb radicados en la Comunitat en el parque público de la Generalitat. Además, la puesta en marcha de un inventario de vivienda pública para permitir una gestión centralizada de todos los inmuebles de uso residencial, incorporando también los recursos residenciales del ámbito municipal.
-Amplificación de los programas de colaboración público-privada para la construcción de viviendas en alquiler en parcelas de titularidad autonómica y extensión del programa a solares de titularidad municipal.
-Elaboración de un Plan de Acceso a la Vivienda para personas jóvenes con el establecimiento de medidas de acceso prioritario y reservas de vivienda de un 40% en el parque público de alquiler de la Generalitat.
-Exigencia de la competencia para regular los precios del alquiler a través de la Ley Valenciana de la Vivienda. Igualmente, garantizar que el 33% de las viviendas de las nuevas promociones sean de protección pública de forma definitiva para favorecer el acceso a la vivienda en alquiler a precios asequibles.
-Puesta en marcha de una renta básica de emancipación para la juventud valenciana y creación de un programa ampliado de ayudas al alquiler, además de un aumento de éstas.
-Incremento y agilización de las subvenciones para evitar la pobreza energética en hogares en riesgo de exclusión social dado el aumento del precio de la energía eléctrica hasta niveles históricos.
-Tramitación de los procedimientos de ayudas para el alquiler de forma rápida y eficaz, sin trabas burocráticas y sin necesidad que el solicitante tenga que aportar documentación que la administración posea, procediendo al pago de ayuda una vez tramitada, sin demoras.
-Convenios de colaboración de la Conselleria de Vivienda con el IVF para facilitar la financiación hasta alcanzar el 100% del importe en las adquisiciones de vivienda para jóvenes.
-Plan para aumentar y rehabilitar de forma urgente las viviendas del parque público disponible y reducir las listas de espera para acceder a un alquiler social; sinergias público-privadas para aumentar la disponibilidad de vivienda de titularidad privada en programas públicos de vivienda de las administraciones competentes; y un plan para recuperar, de modo urgente, la titularidad de aquellas viviendas del parque público que estén ocupadas ilegalmente o sin título posesorio en vigor.
-Incentivar el mercado de alquiler de vivienda a través de un seguro que, abonado por la Generalitat, garantice al arrendador el pago de las rentas de alquiler.
-Cambios normativos para incluir entre los requisitos para hacer uso de una vivienda de promoción pública en arrendamiento no estar cumpliendo sentencia condenatoria por allanamiento de morada o usurpación de vivienda.
-Vox no cuenta con unas medidas desarrolladas en materia de vivienda dentro de su programa electoral. Las enmarcan en el apartado de políticas sociales y expresan lo siguiente: "Frente a la falta de apoyo económico e institucional y de los ataques progres, incorporaremos la perspectiva de familia en la aprobación de toda norma y en la acción pública de todas las administraciones con capacidad presupuestaria, especialmente en materia de educación, sanidad, vivienda y transporte. Además, promoveremos medidas para impulsar la natalidad y combatir la brecha maternal".
-Según han expresado sus candidatos autonómicos, centran las propuestas sobre vivienda en "liberar suelo, rebajar impuestos, reducir el papeleo y ayudar a las empresas que saben construir, que tienen el personal y los medios".
-En cuanto a política social en vivienda, apuestan por ayudas a las familias. Y ponen como ejemplo Hungría, donde se están concediendo préstamos para la adquisición de vivienda cuya devolución se va reduciendo conforme más hijos se tienen.
-Ampliación del parque público de vivienda en alquiler asequible: construcción de 4.000 nuevas viviendas en régimen de alquiler para incorporar al parque público en el periodo 2023–2027; iniciar la construcción de 1.050 viviendas de protección pública para alquiler asequible; y creación de un marco de colaboración para la construcción y la promoción de 2.750 viviendas de protección pública a través de la fórmula de cesión del usufructo de suelo público.
-Incremento del ritmo de adquisición de vivienda para ponerla a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler asequible a través de los instrumentos legales habilitados durante la pasada legislatura. La propuesta es adquirir un total de 4.000 viviendas en el periodo 2023–2027.
-Asumir la titularidad de las viviendas que obran en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como SAREB.
-Ampliación de la Xarxa Lloga'm para convertirla en una inmobiliaria pública capaz de ofrecer viviendas en régimen de alquiler cuya renta mensual no supere el 30% de los ingresos familiares.
-Incentivar la oferta de vivienda en régimen de alquiler a través de la movilización de viviendas deshabitadas e iniciar un proceso de expropiación forzosa en aquellas viviendas de protección pública en manos de grandes tenedores que se encuentren deshabitadas durante más de un año y figuren inscritos en el Registro de Viviendas Deshabitadas.
-Aplicación de multas que pueden llegar a los 950.000 euros para sancionar las conductas de hostigamiento y acoso inmobiliario que obstaculicen el derecho efectivo a la vivienda.
-Intervención sobre el mercado de la vivienda, limitando el precio de los alquileres en las zonas de mercado tensionado, cuando la futura Ley Estatal de Vivienda esté aprobada; un tope anual a las actualizaciones y subidas del precio de los alquileres para evitar aumentos descontrolados de las rentas; prohibición de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional; rebaja de la condición de "gran tenedor" de aquellos que posean 10 inmuebles a quienes tengan 5; y ampliación de las ventajas fiscales dirigidas a los pequeños propietarios para que pongan en alquiler sus pisos a precios asumibles por la gran mayoría de la ciudadanía valenciana.
