VALÈNCIA. Las administraciones se afanan en evaluar el impacto de los estragos producidos a causa de la Dana y las inundaciones sufridas en la provincia de Valencia hace casi dos semanas. Así, además de las redes de transporte y de comunicaciones, uno de los sistemas que más se ha visto afectado ha sido el del ciclo del agua: abastecimiento y suministro, depuración y tratamiento de aguas residuales o saneamiento. Una enorme infraestructura, que en buena parte discurre bajo nuestros pies, y que es esencial para la vuelta a la normalidad de la zona más perjudicada, pero que tardará en recuperarse.
Al menos así lo consideran desde el Ministerio de Transición Ecológica, que desde el desastre ha estado en contacto tanto con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), los operadores públicos y privados de estas redes y la corporación provincial para analizar los daños experimentados por estas instalaciones y trazar un plan de reconstrucción, que el departamento gubernamental cifra de manera provisional en más de 330 millones de euros.
Se trata, explicaron en el departamento gubernamental, de una estimación que puede ir variando conforme avancen los trabajos de inspección, reparación y reconstrucción. Será el Gobierno central el que financie estas actuaciones, transfiriendo los fondos directamente a las empresas operadoras, al considerarse esta vía la más operativa y efectiva.
Quizá los más acuciantes para el día a día de la población son los problemas de abastecimiento después de que la catástrofe dejara sin suministro de agua a cerca de 600.000 personas en 78 municipios de las comarcas afectadas. Los trabajos de reparación han permitido restituir el abastecimiento a la mayoría de los vecinos, si bien cerca de 7.000 personas repartidas en 12 localidades siguen sin suministro de agua. En cinco municipios, el agua no es potable, y en otros 60, se puede consumir pero las autoridades recomiendan no hacerlo y beber de momento agua embotellada. El cálculo de los operadores es que en el plazo de 10 días se restablezca el suministro por completo, y los daños se estiman en 105 millones de euros.
Las redes de saneamiento también quedaron gravemente dañadas, a tenor de la evaluación de las diferentes administraciones. Según trasladó la Diputación de Valencia al Ministerio, existen "graves problemas" de alcantarillado en 34 municipios de la provincia debido a la acumulación de lodo, barro y otros obstáculos en las canalizaciones. Así, se ha constatado la "colmatación" de colectores de pequeño tamaño, cuyo diámetro (por estrecho) no permite el vaciado con maquinaria, lo cual obligará al recambio íntegro de estas partes de la red.
Así, tal como han trasladado desde el Ministerio, la idea es que, aprovechando que hay que sustituir colectores de pequeño tamaño, se va a hacer mediante un sistema de doble canalización, separando las aguas pluviales y las aguas fecales en redes diferenciadas. Una dinámica que ya venían aplicando los ayuntamientos en las nuevas infraestructuras de saneamiento y que se aplicará, por tanto, a las ya existentes que requieran de un recambio.
Por otra parte, se ha detectado también la afectación de la Dana en tres colectores principales, ubicados en Vilamarxant y Ribarroja, sobre los cuales ya se está interviniendo para repararlos. En total, el Gobierno ha calculado que las inversiones previstas para la reposición de unas redes y la reparación de otras ascienda a 134 millones de euros.
En cuanto a la gestión de las aguas residuales, el temporal se ha cebado con 122 depuradoras, de las cuales a fecha de hoy 13 se encuentran fuera de servicio, otras 12 funcionan de manera parcial, y otras 96 están operativas pero han sufrido daños. En el Ministerio calculan que los trabajos permitan, en un año, recuperar el estado del servicio habitual y que sólo 3 queden completamente inoperativas, para lo cual se necesitará la construcción de nuevas estaciones de depuración, previsiblemente y siguiendo la lógica, en los mismos puntos donde están las ya existentes, puntos que cuentan ya con el visto bueno ambiental (y la aceptación vecinal) para estas infraestructuras.
En algunos casos, señalaron fuentes del Ministerio, se ha tenido que variar los puntos de vertido de las depuradoras al no poderse garantizar que estos estaban correctamente tratados, de manera que se ha evitado que acabaran en l'Albufera. Así, y especialmente para las depuradoras cuya reparación tardará más, se ha tenido que hacer uso de azarbes y acequias y se estudian puntos de vertido alternativos. En total, para las redes de depuración y tratamiento de aguas, se prevé una inversión necesaria de otros 92 millones de euros.
Con todo, se va a trasladar a la Comisión Europea para que sea flexible con la calidad de las aguas que se viertan, como consecuencia del impacto de la Dana. Así, se ha comunicado que, durante un tiempo, no se van a cumplir los parámetros de calidad de aguas vertidas que exigen las autoridades europeas, si bien se hará un seguimiento exhaustivo para informar a la Comisión conforme avancen los trabajos para recuperar la normalidad.
Una de las imágenes más impactantes de esta catástrofes es la gran cantidad de lodo que inunda las calles de los pueblos de la llamada zona cero. En una primera estimación, se calcula que el volumen de fango generado puede rondar entre los 4 o 5 millones de metros cúbicos que ahora deben ser gestionados.
Con ese objetivo, se ha creado un equipo con representación del CSIC y el Instituto Geológico y Minero de España que ya ha identificado tres posibles zonas -canteras o cortas mineras- para el depósito de los lodos. Hay que tener en cuenta que tienen que ser de permeabilidad baja o nula para impedir la contaminación de recursos hídricos y terrenos. Dos de ellas se han calificado inicialmente como favorables -en el área Picassent-Montserrat y Chiva- y una alternativa (Chiva-Cheste-Godelleta).
En cualquier caso, la mayor parte de esos lodos proceden de tierras agrícolas y, por tanto, no contaminadas, pero hay parte que se corresponde con materiales y restos orgánicos arrastrados durante el temporal y posibles desechos industriales. En las instituciones, precisamente, se admite preocupación por los vertidos industriales y, por eso, la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha un plan de choque de tres meses para inspeccionar unas 1.300 instalaciones industriales y conocer si hay riesgo de contaminación.
En el capítulo de refuerzos, se contarán con la creación inmediata de 30 puestos de funcionarios interinos dentro de la CHJ y 10 de la Dirección General del Agua que se van a encargar exclusivamente del apoyo a las actuaciones de desarrollo del plan de operaciones.