CASTELLÓN. El Pleno de la Diputación ha certificado este martes que el Gobierno provincial ha cerrado oficialmente el ejercicio 2018 con deuda cero, a la vez que ha aumentado un 20 por ciento la inversión por cada castellonense.
Así se ha demostrado en la liquidación del Presupuesto de 2018. El presidente provincial, Javier Moliner, ha explicado que "desde la Diputación ayudamos a los ciudadanos castellonenses a ser mejores, a tener mejores oportunidades, y lo hacemos también respondiendo de la forma más eficaz a los problemas de los ayuntamientos, siendo una administración solvente y responsable".
El diputado provincial de Hacienda, Salvador Aguilella, ha asegurado que la liquidación del presupuesto de 2018 de la Diputación está "cargada de buenas noticias para la provincia". "Eliminamos a cero la deuda, aumentamos la capacidad inversora a máximos históricos, la inversión por habitante, y en definitiva nos consolidamos como una institución útil para la provincia, aliada de los ayuntamientos de nuestra provincia para mejorar la calidad de vida en nuestro territorio", ha añadido.
Con este indicador, la Diputación constata su "excelente" estado de salud, ya que con otros parámetros, como el remanente de tesorería de más de 57 millones de euros, le ha permitido adelantar 45,7 millones de euros de tesorería a los ayuntamientos de la provincia con recursos propios para que puedan afrontar de forma solvente el primer trimestre del año, según ha informado la institución provincial en un comunicado.
El primer presupuesto aprobado bajo la presidencia de Javier Moliner, en 2012, se contemplaban para devolver deuda 13,5 millones de euros de los más de 116 millones presupuestados, una cifra que ya redujo en 2017 a 4.511.008,36 euros a pesar de crecer el presupuesto global hasta más de 131 millones de euros.
Por otra parte, la Diputación de Castellón ha instado a la Generalitat, con los votos a favor del grupo popular y Ciudadanos y la oposición del grupo socialista, Compromís y Castelló en Moviment, a que aumente la financiación y amplíe todas las ayudas de los programas de empleo o mixtos de empleo y formación con la finalidad de asumir el aumento del coste salarial de los trabajadores contratados derivado de la subida del Salario Mínimo Interprofesional con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero de 2019.
El diputado de Promoción Económica, Salvador Aguilella, ha explicado que "tener que asumir este coste ha puesto en serias dificultades a los ayuntamientos y a entidades que están generando empleo entre personas vulnerables".
El Pleno también ha aprobado, con unanimidad de apoyo de todos los grupos políticos, una moción presentada por el Grupo Popular para que el Gobierno de España proceda por vía de urgencia a la aprobación del destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles.
Así, la Diputación insta a que, junto a la aprobación del destino del superávit de las administraciones locales del 2018, se apruebe que el superávit sobrante de 2017 que no ha sido usado pase al 2019 y que los remanentes líquidos de tesorería puedan ser usados por las correspondientes administraciones locales.
