CASTELLÓ. (EP). El presidente de la Diputación, José Martí, y la vicepresidenta del Consell y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, han firmado este martes un protocolo de intención para el desarrollo de la nueva Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Generaltiat Valenciana. La adaptación de la Diputación de Castellón a la nueva realidad legal ha requerido la incorporación a sus presupuestos de Reactivem Castelló 2021 de una partida de 4.151.000 euros para hacer frente al coste del personal y las políticas sociales en los municipios de la provincia de hasta 10.000 habitantes, que anteriormente eran competencia de la Generalitat Valenciana.
A partir de este momento, la institución provincial correrá a cargo del coste de las ayudas de emergencia, las prestaciones de atención primaria y los 117 profesionales que conforman los equipos sociales de estos ayuntamientos. Con estos recursos se garantiza que las personas vulnerables del ámbito rural dispongan de ayudas para alimentos y para hacer frente al pago de los recibos de alquiler, luz, agua y gas, según ha informado la institución provincial en un comunicado.
En la rueda de prensa posterior a la firma del protocolo, el presidente de la Diputación, José Martí, ha señalado que el texto rubricado "es el reflejo de la buena sintonía que existe entre las dos administraciones", que tienen en los servicios sociales "su gran reto". Ha asegurado que así era antes de la pandemia y, más si cabe, en la actualidad, cuando se está viendo "la importancia de la existencia de una sanidad pública fuerte y una atención social universal".
Martí también ha hecho referencia "al interés común de ambas administraciones de poner a las personas por encima de todo, para que todas ellas dispongan de los mismos derechos, vivan donde vivan".
Por su parte, la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha señalado la importancia del paso dado este martes, que "forma parte del proceso de construcción de un sistema público valenciano de servicios sociales, que no existía, y de la ordenación de los recursos dispersos que había".
Ha añadido que han culminado lo que es la financiación de la atención primera, conforme establece la Ley de Servicios Sociales Inclusivos aprobada en 2019, "que, efectivamente, establece que las diputaciones asumen el importe económico de los municipios de hasta 10.000 habitantes y la Generalitat se encarga de las poblaciones de más de 10.000 habitantes". Llegados a este punto, "pasamos una página importante que nos permite continuar trabajando en otros asuntos igualmente importantes", ha añadido.
En la rueda de prensa también ha intervenido la vicepresidenta de la Diputación, Patricia Puerta, quien ha incidido en que con la nueva ley y la firma del protocolo ser realiza un "importante esfuerzo" económico con el ganan todos porque está convencida de que la Conselleria de Igualdad "invertirá en otro tipo de proyectos sociales en la provincia de Castellón los recursos que hasta ahora dedicaba a los municipios de hasta 10.000 habitantes".
