Montaje: GUILLERMO R. GILVALÈNCIA. A mediados de febrero de 2022 el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicaba la puesta en marcha del registro valenciano de grupos de presión o lobbies, una herramienta de control impulsada por la Conselleria de Transparencia del Botànic que identifica y anota la actividad de los actores que se comunican con la Administración, ya sea con funcionarios o con altos cargos, para influir en la toma de decisiones públicas. Ahora, cuando ya han transcurrido dos años de esa fecha, este registro de carácter obligatorio acaba de superar las mil inscripciones y ofrece una panorámica de aquellas asociaciones, empresas o particulares que tratan de intervenir en las políticas de la Comunitat.
A grandes rasgos, y según se desprende de los datos de este Registro de Grupos de Interés (Regia) recogidos también desde esta semana por el Portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana, el perfil más recurrente es el de una asociación o empresa interesada en las decisiones que se toman en materia de Medio Ambiente, un área que afecta en mayor o menor medida a cualquier actividad mercantil y de la que dependen además en parte cuestiones de calado como la implantación de proyectos de energías renovables en suelo valenciano. No es de extrañar, por tanto, que los altos cargos que más aparecen en los encuentros mantenidos con los lobbies pertenezcan o bien a la antigua Conselleria de Agricultura y Desarrollo Rural del Botànic o bien a la de Medio Ambiente del nuevo Consell de PP y Vox.
Entre los asuntos abordados en las reuniones mantenidas por miembros de la Generalitat y los grupos de interés es fácil encontrar por tanto desde tramitaciones y presentaciones de proyectos de energías renovables hasta posicionamientos empresariales respecto al estado de este sector, además de otras cuestiones relacionadas con el Medio Ambiente como la puesta en conocimiento de iniciativas ecológicas, de reciclaje o de tratamiento de residuos tanto privadas como sin ánimo de lucro. Del mismo modo, algunas empresas dedicadas a otros ámbitos trasladan también en los encuentros sus preocupaciones en torno a esta área.
En términos generales, casi un 37% de los actores inscritos en el registro de lobbies, en el que es obligatorio figurar para poder comunicarse de forma directa o indirecta con empleados públicos si se quiere influir en sus decisiones, ha expresado que el Medio Ambiente es de su interés, por lo que este ámbito transversal se consolida como el más repetido por delante de la Educación y la Formación (34%), la Inclusión y el Bienestar Social (33%) y la Salud (33%). De este modo, los actores que han marcado como relevante este ámbito conforman un grupo muy heterogéneo en el que hay tanto empresas (Iberdrola, UBE, BP, FCC, Naturgy, SP-Berner o Ford) y asociaciones (Ascer, CEV, Fedacova o la Unió de Llauradors) como fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro (Per l’Horta, la Federación de Regantes, o el Instituto para la Calidad Turística Española).
La naturaleza de los actores que dicen estar interesados por otras áreas es igualmente diversa, ya que en el caso de la Salud aparecen por ejemplo tanto farmacéuticas y empresas sanitarias (Biogen, Janssen) como asociaciones y plataformas en apoyo de personas con alguna enfermedad o discapacidad y de familiares (Asociación Valenciana de Padres de Personas con Autismo, Asociación Española Contra el Cáncer), pasando también por sindicatos (UGT, CCOO) y mercantiles que tienen líneas de trabajo o inquietudes en este campo (Danone, Importaco).
En cambio, los ámbitos por los que menos predilección han mostrado los lobbies inscritos en el registro son la Identidad y la Lengua y las Relaciones Exteriores, donde, tras más de mil grupos de presión anotados, todavía no se alcanzan siquiera los noventa interesados. Tampoco se ha mostrado una inclinación notable por la Seguridad, la Justicia, la Cooperación y los Deportes, según se refleja en los datos del Portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana.
Si se analiza a los actores inscritos en el registro en función de su naturaleza mercantil, las empresas o agrupaciones mercantiles son mayoría (29,3%), aunque también destaca la presencia de una gran variedad de asociaciones y fundaciones no gubernamentales (28,8%). En este último ámbito, no obstante, se han inscrito desde iniciativas solidarias, ONG, y asociaciones de apoyo a familiares o pacientes hasta fundaciones educativas, culturales, deportivas y empresariales, pasando igualmente por clubes de recreo. Nueve de cada diez de ellas, además, cuenta con sede en la Comunitat Valenciana.
Sin embargo, no es tan habitual que los grupos de presión inscritos identifiquen su dirección postal con algún municipio valenciano. De hecho, y en total, casi un cuarto (24%) tiene su sede fuera de la Comunitat Valenciana, y de ellos la gran mayoría está en la ciudad de Madrid. El poder económico de la capital se refleja también así pues en el registro lobbies, ya que más de 170 adscripciones se han realizado desde allí. Muchas de ellas son consultoras (KMPG, Llorente & Cuenca) que representan los intereses de clientes, tanto valencianos como españoles y extranjeros, ante la Generalitat Valenciana, entre los que figuran empresas constructoras y de infraestructuras (Sacyr), farmacéuticas y biotecnológicas (Gilead) o incluso de seguridad (Securitas). Además, también es habitual encontrar multinacionales que han establecido su sede en Madrid (Oracle, KPMG, Schweppes).
Así pues, hay más inscripciones llegadas desde la capital española que desde las ciudades de Alicante y Castellón juntas (148), lo que de nuevo es una evidencia del peso mercantil de Madrid y de su influencia en la economía estatal y autonómica. Pero más allá de esta urbe, otros polos empresariales se ven igualmente reflejados, como Barcelona, el quinto municipio con más registros y desde donde se han inscrito compañías internacionales como Bayer, Danone o Nestlé, además de otras capitales provinciales del País Vasco, Galicia, Aragón o Andalucía.
En los municipios valencianos, por su parte, ocurre a pequeña escala algo similar a lo que sucede a nivel nacional: son las grandes localidades, y sobre todo aquellas que cuentan en su término municipal con polígonos industriales y tecnológicos, aquellas que tienen más influencia e inscripciones en el registro de lobbies. De este modo, Paterna es la ciudad valenciana que, tras las capitales de provincia, cuenta con más agentes registrados. Desde allí aparecen empresas como Nunsys, Eulen y Bertolín, asociaciones como Redit o Ainia y organismos como Fepeval, la Federación de Parques Empresariales de la Comunitat Valenciana.
Por otro lado, la importancia de la obligatoriedad de este registro se evidencia si se analiza el volumen mensual de inscripciones, que alcanzó su máximo en mayo de 2022, con más de 150, justo cuando terminaba el plazo de adscripción voluntario. Pasada esa fecha, no era posible para ninguno de estos actores mantener una reunión o establecer contacto con empleados públicos con el fin de influenciar o contribuir a su toma de decisiones. También en marzo de ese mismo año, apenas un mes después de que se iniciara el proceso de inscripciones que arrancó con la primera solicitud realizada por Aerte, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana, se registraron más de un centenar de entidades.
De la misma manera, el Registro de Grupos de Interés de la Generalitat Valenciana o Regia recoge también más de 370 reuniones o actividades de influencia entre alguno de los agentes inscritos y empleados públicos, siendo los departamentos sobre los que recaen las competencias de Medio Ambiente los más solicitados tanto en el caso del Botànic como en el del nuevo Consell. De hecho, un 16% de los encuentros registrados ha sido con miembros de la Conselleria de Medio Ambiente, creada hace poco más de seis meses, y un 27% se han mantenido con la antigua Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica del Botànic.
El registro valenciano de lobbies, que anota igualmente los altos cargos que participan en estas reuniones o comunicaciones, revela así pues que el director general de Calidad y Educación Ambiental es el que cuenta con un mayor nivel de demanda, tanto en el caso del Botànic, con 39 reuniones, como en el del nuevo Gobierno de PP y Vox, con 36 en menos de un año. Tras ellos, el director general de Transición Ecológica y la responsable de Cambio Climático, ambos de la misma Conselleria del antiguo Consell, aparecen como los más requeridos con 27 y 25 reuniones, lo que de nuevo ofrece una idea de la elevada actividad de este departamento de la Generalitat.
