VALÈNCIA. La Conselleria de Economía ha dictado una resolución en la que insta a los jefes de sección de su departamento a reorganizar la semana de teletrabajo de los funcionarios del próximo 22 de mayo. En un escrito firmado por el subsecretario Natxo Costa, el alto cargo insta a los responsables de cada servicio a que el día 23 de mayo todos los funcionarios estén en sus puestos de trabajo de forma presencial con el fin de favorecer la participación en las elecciones sindicales, que en esta conselleria se producen ese mismo día.
En este sentido, cabe recordar que, según la organización de cada departamento, los funcionarios pueden teletrabajar cuatro días pero uno de ellos deben acudir presencialmente a las consellerias. Así, en cada servicio, los jefes de sección organizan los turnos del personal de manera que cada uno de los funcionarios acogidos a esta modalidad de trabajo no presencial acuda un día concreto a la semana a la conselleria. Sin embargo, Costa pide que la semana del 22 al 26 de mayo hagan una excepción y reorganicen los turnos para que el día 23 todos coincidan en la modalidad presencial.
Así, en la resolución, Costa informa de que "el calendario del proceso en Juntas de Personal de los Servicios Centrales y Territoriales de la Administración de la Generalitat" establece que las votaciones se efectuarán el 23 de mayo. Y, dado que el decreto de teletrabajo establece que "al menos un día a la semana toda la plantilla debe coincidir en las dependencias en régimen de trabajo presencial", pide que "toda la plantilla coincida" en la Conselleria de Economía.
"Las personas responsables de cada una de las unidades administrativas confeccionarán un nuevo cuadrante de prestación de trabajo presencial y a distancia para la semana del 22 al 26 de mayo, de acuerdo al modelo que se adjunta", reza el escrito al que ha tenido acceso este diario. A continuación, la subsecretaría adjunta una tabla donde fija el 23 de mayo como jornada presencial obligatoria para toda la plantilla.
El texto inicial de los voxistas, que ahora se autoenmiendan, se basaba en el incremento del control sobre las cuentas, la retribución de los altos cargos o los convenios como condición para seguir recibiendo subvenciones