CASTELLÓ. Los derechos de emisiones se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el sector azulejero. Tanto que, como ha informado Plaza Cerámica, la patronal Ascer se ha dirigido a la Comisión Europea para solicitarle que restrinja el mercado de derechos a las actividades emisoras, de forma que se evite la "especulación" con este instrumento, que se ha convertido en una vía de financiación para la UE.
Pero la propuesta de Ascer, coordinada con su homóloga italiana Confindustria, no se queda ahí. El escrito de los dirigentes cerámicos castellonenses tiene cuatro puntos, de los cuales uno expone la necesidad de limitar el mercado a las instalaciones que utilizan esos derechos.
Otras dos propuestas son la flexibilización de los objetivos de descarbonización, de forma que en 2030 no se tenga que reducir en un 55% las emisiones; y que las baldosas vendidas en el extranjero no se vean afectada por estos derechos, ya que en muchos países "no hay una regulación al respecto" y esto reduce la competitividad de los productos europeos. En ambos puntos, la capacidad de que las propuestas de la industria cerámica sean escuchadas es limitada, ya que se opone frontalmente a la postura de Bruselas.
Pero donde más incide Ascer es en un punto que coincide con la motivación inicial de los derechos de emisiones, además de con las propuestas actuales de la Unión para la descarbonización: compensar el pago por los derechos con inversiones previamente realizadas para reducir la contaminación que generan las plantas.
Por partes. Como explica el secretario general de Ascer, Alberto Echavarria, la posibilidad de comerciar con los derechos de emisiones, "se pensó en un principio para que las empresas que ganaran en eficiencia energética pudieran vender los derechos" que les sobraban, con lo que era un elemento "incentivador" para invertir. Pero esto, con el tiempo y el mercadeo generado, se ha convertido en un elemento desincentivador, al suponer un gasto más en la cuenta de resultados de muchas firmas y reducir su margen de inversión.
Por otro lado, y como recoge Ascer en su escrito a la Comisión Europea, la directiva 2003/87/CE sobre los derechos de emisión establece que al menos la mitad de los ingresos que los Estados miembros reciben en base a las subastas "deben ser utilizados para fines relacionados con la energía y el cambio climático", pero en la práctica "no se conoce cuál es su aplicación", señala la patronal estatal del sector. De ahí que la industria no perciba esa aportación propia a la sostenibilidad, sino que directamente considera los derechos un coste.
Así, para devolver a estas políticas mediambientales su carácter incentivador Ascer propone compensar el pago de los derechos por inversiones que, precisamente, Bruselas le está pidiendo para alcanzar los objetivos de descarbonización. Con ello "se destinaría al menos el 50% de ese importe [el de los derechos], si no la totalidad, a fines relacionados con la energía y el cambio climático".
De esta manera, los Estados miembros "contribuirían a promover la descarbonización de las empresas mediante incentivos directos al tiempo que ofrecerían un mecanismo para mejorar la liquidez" de las compañías, señala la asociación empresarial. Y con ello se ganaría en otro tipo de sostenibilidad: la económica, clave también para un sector que se ve amenazado por los grandes retos que, en materia energética, se le plantean a medio plazo.