La vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal, en una imagen de archivo.CASTELLÓN. Cuando en el pasado mandato el grupo Compromís, junto a otras fuerzas municipales, promovió la reforma del Código de Buen Gobierno en el Ayuntamiento de Castellón no podía prever que algún día tendría que someterse a él. La situación judicial de la vicealcaldesa, Ali Brancal, investigada por presuntos delitos de malversación y falsedad al utilizar supuestamente el servicio municipal de correo para enviar papeletas electorales de Compromís, obliga ahora a revisar con lupa el documento para determinar si debe dimitir o no.
El texto establece la destitución “para el supuesto en el que algún miembro de esta Corporación Municipal pueda verse imputado por un presunto delito de corrupción política”, tales como “prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios y abusos en el ejercicio de su función, u otros tipificados como apropiación indebida, blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental o cualesquiera otras conductas típicas análogas”.
Parece que el texto es claro al respecto, pero cualquier norma es interpretable. ¿Dónde está el debate entonces? En el término “imputado”, recogido en el Código de Buen Gobierno. Compromís ha defendido la continuidad de Brancal en el cargo argumentando que no está “imputada”, sino “investigada”, tal y como señala asimismo el informe de la Secretaría municipal.
En este sentido, cabe recordar que el código se aprobó meses antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una modificación promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, en plena efervescencia de los casos de corrupción del PP, que supuso la sustitución del término “imputado” por el de “investigado”. Se pretendía así evitar el estigma de una palabra que había caído en desgracia, en un intento de aclarar que la apertura de una investigación judicial no supone la existencia de indicios de culpabilidad.
Compromís se acoge a este tecnicismo, puesto que el Código de Buen Gobierno habla de “imputado” y no de “investigado”. Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, a efectos procesales no existe diferencia entre ambas nomenclaturas: el juez instructor que antes llamaba a declarar al denunciado en calidad de imputado ahora lo llama a declarar en calidad de investigado. Sin embargo, sí existe un matiz a tener en cuenta: en la actualidad, hasta que no hay una resolución judicial que diga que hay visos de verosimilitud de los hechos denunciados no se es “formalmente imputado”, señalan las mismas fuentes, que, no obstante, consideran la diferencia más terminológica que práctica.
Estas cuestiones técnicas son las que finalmente determinarán si el código de buen gobierno es aplicable en el caso de la vicealcaldesa. Compromís ya ha dicho que no, aunque la comisión municipal convocada para el día 22 tendrá que abordar el asunto y estudiar el informe de la Secretaría.
La denuncia del PP que dio origen a la investigación judicial tendrá “escaso” recorrido judicial, según auguran fuentes conocedoras del caso. Para empezar, los sobres que se han presentado como prueba fueron “retenidos” por el concejal Juan José Pérez Macián durante cuatro años: los obtuvo cuando aún estaba en el gobierno municipal y no ha denunciado las supuestas irregularidades hasta este año, lo que siembra dudas sobre la validez documental. Por otra parte, se debe demostrar que fueron la vicealcaldesa y el exconcejal y secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, también investigado, quienes sellaron los sobres y, además, que lo hicieron con intención dolosa. En definitiva, los populares no lo tendrán fácil para sostener su querella en los tribunales, pero, sin duda, habrán conseguido lo que se proponían en el plano político: el desgaste del gobierno municipal.
Y es que esta cuestión está resultando un quebradero de cabeza para Compromís, pero también deja en una situación incómoda a sus socios de gobierno. El partido socialista prefiere mantenerse al margen de la polémica, que aun de manera indirecta, también le afecta, pues Brancal es la número 2 del Ejecutivo.
Así las cosas, lo que parece claro es que los próximos meses y hasta que acabe la instrucción y se sepa si el caso sigue adelante o se sobresee, va a ser explotado como arma electoral por parte del PP, que no va a desperdiciar ninguna oportunidad para propagar la sospecha sobre Brancal. Mientras, Compromís queda en una situación de vulnerabilidad de cara a las elecciones, pues los tiempos de la Justicia son lentos y la investigación podría alargarse.
La coalición cierra filas en torno a Brancal. Este jueves, el senador de Compromís, Carles Mulet, ha remitido un comunicado en el que expresa su respaldo a sus compañeros de partido, pese a reconocer que ha tenido “distancias y proximidades políticas con Nomdedéu y Brancal”. Para Mulet, este caso es un claro ejemplo de “acoso” judicial por parte del PP. “Cree el ladrón que todos son de su condición”, dice el senador de la coalición.
Por otra parte, entona un mea culpa, pues asegura que todos y él “el primero, hemos abusado de pedir cabezas por imputaciones judiciales de contrincantes políticos”, pero, recuerda, “las imputaciones de las que hablábamos eran muy graves, y en la mayoría de los casos acabaron en condena”.
