El conflicto entre el Ayuntamiento y su técnico de Protocolo va camino de judicializarse

CASTELLÓ. El conflicto entre el Ayuntamiento de Castelló y el técnico de Protocolo y Organización de Eventos, E.L.V.G., va camino de judicializarse después de haber rechazado el Acord de Fadrell el recurso de reposición del funcionario contra el acuerdo plenario para suprimir su plaza y crear una nueva. Este mismo miércoles se celebrará una comisión plenaria extraordinaria para avalar la resolución de recursos humanos, que será ratificada un día después, es decir, este jueves, con motivo de la sesión ordinaria del mes.

El consistorio, amparado en informes del jefe de Gabinete de Alcaldía y del responsable del negociado de la sección de gestión y desarrollo de Recursos Humanos, sostiene que la amortización está justificada y advierte a E.L.V.G. de posibles acciones legales. Según denuncia el técnico, la decisión de su despido obedece a "una medida de represalia", de manera que la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) persigue "echar a su ocupante", en alusión a la plaza de Protocolo, al comenzar "a ser una molestia".

En este contexto, el funcionario asegura que el nuevo cargo está creado "ad hoc para una trabajadora eventual del gabinete de Alcaldía". Ante esta insinuación, desde el propio departamento se señala que "se trata de una opinión infundada, en la que se sugiere comisión de un presunto ilícito penal, por lo que evaluará la posibilidad de interponer las acciones judiciales pertinentes, y así mismo se le trasladará a la persona afectada para que determine la posibilidad de emprender las acciones legales que considere", según recoge el escrito del jefe de Gabinete de Alcaldía.

La vía Contencioso-Administrativa

E.L.V.G. tiene también la posibilidad de acudir a la vía Contencioso-Administrativa para solicitar la nulidad de su despido, que pasó por el pleno el pasado 29 de julio. A raíz de ese acuerdo, el técnico de Protocolo presentó el 2 de septiembre un recurso de reposición después de recibir la notificación el 10 de agosto. Previamente, el 18 de junio, había formulado alegaciones, siendo igualmente desestimadas.

El funcionario comenzó su trayectoria en el Ayuntamiento de Castelló en 2009 durante la etapa del PP. Hasta 2016, encadenó contratos, adquiriendo la condición de funcionario interino en diciembre de ese mismo año al ganar un concurso-oposición impelido entonces por el Pacte del Grau. En el último pleno, antes de concluir el curso político, su cese pasó por el filtro de la corporación.

En el informe para justificar la amortización de la plaza, se destaca que debido a los cambios "de planificación, coordinación, supervisión, asesoramiento y ejecución de los actos de protocolo [...], así como de marketing institucional y promoción de la imagen exterior de la ciudad", se produce un "desajuste entre las necesidades inicialmente consideradas que dieron lugar a su incorporación" y las que necesita Alcaldía en la actualidad. De ahí la decisión de apostar por la incorporación de un responsable de Relaciones Institucionales y Protocolo.