MADRID (EFE). El Congreso de los Diputados debe convalidar este jueves un decreto que entre otros asuntos incluye una ampliación del crédito destinado al pago de sentencias de responsabilidad patrimonial del Estado con el fin de ejecutar una emisión de deuda y abonar a la banca 1.350 millones por el almacén de gas Castor.
Se trata del decreto aprobado por el consejo de ministros en diciembre de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias, entre las que figura una del Tribunal Supremo de octubre de 2020. En ella, el alto tribunal reconocía el derecho del Banco Santander, CaixaBank y Bankia a ser indemnizados por el Estado con 1.350 millones de euros, cuantía que las tres entidades desembolsaron para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor y que el Gobierno se comprometió a devolver en 30 años.
El Supremo estimó parcialmente el recurso de los bancos, que en abril de 2018 presentaron ante el Ejecutivo una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" en la que le instaron, sin éxito, a la devolución del dinero aportado. Las entidades formularon dicha reclamación después de que el Tribunal Constitucional declarara nulo varios artículos del real decreto-ley que permitió a Escal UGS, empresa controlada por ACS, cobrar una indemnización por la paralización del almacén de gas, en su calidad de concesionaria inicial de las instalaciones.
Y la sala de lo contencioso-administrativo estimó que hubo un perjuicio, no sólo porque las tres entidades no pudieron hacer efectivo su derecho a cobro, sino porque además tuvieron que devolver las cantidades recibidas con anterioridad al fallo del Constitucional.
Para hacer frente a este desembolso, el Gobierno aprobó en diciembre el real decreto que debe ser convalidado este jueves, si bien Compromís presentó en noviembre una proposición de ley para que ACS asuma los pagos, indemnizaciones y actuaciones consecuencia del desmantelamiento del almacén de gas Castor, "una chapuza mal diseñada y ejecutada".
La formación política ha unido sus esfuerzos al Grupo Ciudadano Caso Castor (impulsado por ODG y Xnet), que denuncia "la deplorable operación política del decreto que pone en el mismo saco el salario mínimo vital y otras medidas con el rescate de las injustificables deudas contraídas para librar de sus deudas a ACS".