CASTELLÓ. El Consejo Social de la Universitat Jaume I, reunido en sesión plenaria, ha apoyado a la reivindicación de una financiación suficiente para que la UJI pueda elaborar el presupuesto para 2023 dado que, en estos momentos, la transferencia prevista por la Generalitat no permite asumir el aumento de costes de personal previstos por normativas estatales y autonómicas.
Este apoyo, que también se extiende a la negociación del Plan Plurianual de Financiación, se produce después de que el Claustro acordara la pasada semana suspender el proceso de elaboración del presupuesto de 2023 para poder continuar negociando con la Generalitat Valenciana una mejora en la financiación que cubra las necesidades reales de funcionamiento de la UJI para 2023 y garantice su sostenibilidad económica.
El presidente del Consejo Social, Sebastián Pla, ha manifestado que "ante el preocupante escenario presupuestario para 2023 ademán de manifiesto por la rectora, Eva Alcón, quiero subrayar mi compromiso personal -y de todo el Consejo Social- para brindar el apoyo que sea necesario en la reivindicación de una mejor financiación para nuestra Universidad por parte de la Generalitat Valenciana". En este sentido, el Consejo Social "se pone a disposición de la rectora y del equipo económico para estudiar cualquier iniciativa institucional que pueda redundar en la consecución de esa mejor financiación" ha añadido.
Hay que recordar que la diferencia entre los ingresos ordinarios consignados al anteproyecto de presupuestos autonómicos y el gasto real de la Universidad para 2023 asciende a 16,3 millones de euros. A pesar de que la UJI plantea aportar 8,5 millones de remanentes de tesorería para sufragar gastos energéticos y obras prioritarias, la previsión de financiación por parte de la Conselleria de Universidades deja sin cubrir 7,1 millones de euros del capítulo de personal para compensar el aumento de costes por la aplicación de complementos por normativa estatal y autonómica (CNEA) y por la estabilización de plantilla y nuevas necesidades de personal. Con la previsión de ingresos actuales, la Universidad no puede garantizar el pago de las nóminas.
