CASTELLÓ. La Generalitat Valenciana ha amortizado en el último año un 2,44% de las plazas públicas dependientes de las consellerias en Castellón (quedan al margen el personal sanitario, docente y de justicia). Se tratan de 61 de los 2.500 trabajadores adscritos a la red autonómica en la provincia, según la documentación facilitada por la Intersindical Valenciana.
El informe muestra la supresión de 817 plazas en toda la Comunitat Valenciana de marzo de 2023 a abril de 2024 mientras en el ejercicio anterior fueron 113 a nivel autonómico. En Castellón, las 61 amortizaciones sobre todo inciden en el organismo autonómico de empleo de Labora y en centros de educación especial.
Así, en Labora se han amortizado 28 plazas, de las que 16 corresponden a expertos, una a un técnico, 6 orientadores de la sede de la capital de la Plana, dos de Benicarló, uno de la Vall d'Uixó y uno de Vinaròs.
Respecto a la Conselleria de Educación, son 12 los puestos eliminados tras jubilaciones. 4 corresponden a educadores de educación especial del centro especial de Castell Vell de Castelló, dos de la Panderola de Vila-real, dos de Pla d'Hortolans de Burriana, y uno en el CEE Baix Maestrat de Vinaròs.
Aparte, este departamento prescinde de un limpiador/a en el IES Gilabert Centelles de Nules, y de un subalterno y de un especialista en edificación y obra civil.
Por otra parte, también hay un ajuste considerable en la Agencia Tributaria Valenciana en Castelló, que afecta a 11 agentes de asistencia, 5 jefes de equipo de administración, un jefe de apoyo de transmisiones, un administrativo y un auxiliar de gestión.
Las dos últimas plazas que se retiran en Castellón son un TSP de Medio Ambiente y un ayudante de mantenimiento.
La Intersindical lamenta que el actual Consell ha "realizado una drástica reducción de personal" con el objetivo de incrementar "la externalización o privatización de servicios públicos". "Si se apuesta por derivar a la gente a la concertada en educación especial o en guarderías no hará falta tantos educadores especiales o en guarderías en centros públicos. De manera que baja la demanda en lo público en favor de la privada", advierten las mismas fuentes del sindicato.
Estas 61 amortizaciones están vinculadas a las plantillas de las diferentes consellerias, no estando aquí los profesores o sanitarios o el personal de justicia que integran otros grupos profesionales dentro de la función pública.
La Intersindical denuncia recortes en los departamentos de Servicios Sociales "para favorecer la entada de la empresa privada". "Hay un problema en el negocio que hay en el sector, con salarios precarios en los empleados", afirman desde la central sindical, que alertan también de esta política en el área de gente mayor.
Recientemente, el mismo sindicato puso de manifiesto los problemas existentes para cubrir las bajas por vacaciones del personal por falta de relevos en tres de las cuatro residencias adscritas a la Conselleria de Servicios Sociales.
Una circunstancia que obliga a la plantilla a aplazar su descanso a septiembre, cuando se prevé que haya sustitutos en las bolsas de empleo público.