El Consell 'blinda' servicios sociales en Borrull pero se abre a más opciones: "El edificio es muy grande"

CASTELLÓ. La Generalitat Valenciana valora la posibilidad de sumar nuevos usos al edificio de Borrull tras haber blindado los servicios sociales autonómicos y municipales (Quatre Cantos). La opción de destinar algunos espacios a otras Consellerias está encima de la mesa por la amplitud de la edificación, cuya reforma garantizará 10.709,83 metros cuadrados de despachos.

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, admite que el director general de Patrimonio, Antonio Joaquín Woodward, en sus distintas visitas para conocer la evolución de los trabajos, ha podido comprobar la funcionalidad de la construcción. "Me consta, por lo que él me comenta, que el edificio es muy grande", asegura la castellonense. "Cabrían más áreas de otras [Consellerias] diferentes pero es un tema en el que no entro", en referencia a la distribución.

En función de las necesidades 

Fuentes consultadas señalan que la hipótesis de abrir Borrull a otras administraciones, siempre priorizando servicios sociales, dependerá de futuras necesidades. Y es que, aunque la finalización de la ejecución está cada vez más cerca (finales de mes), lo cierto es que la apertura todavía tardará un tiempo en producirse. Tras la recepción del edificio, aún habrá que amueblarlo, lo que obligará a impulsar nuevas licitaciones.

En ese sentido, Merino subraya lo imperativo de acortar los plazos a tenor de la importante inversión y el retraso respecto de la ejecución, ya que la adjudicataria se ha visto obligada a solicitar varias prórrogas, con el correspondiente incremento en el presupuesto. "Vamos a ser todo lo ágiles que podamos. En cuanto nos permitan las licencias y los requisitos, nos podremos manos a la obra para trabajar desde allí", asegura Merino en alusión a la puesta en funcionamiento de Borrull.

Aunque no hay una fecha definitiva para el estreno del renovado inmueble, desde la Generalitat existe la certeza de que se producirá antes de concluir 2024. "Algo muy raro tendría que pasar", advierte la consellera, convencida de que la rehabilitación encara ya su recta final.

Hasta cuatro fechas distintas para culminar la obra

De acuerdo con el primer plazo recogido en la firma del contrato, la reforma debía haber finalizado el 20 de marzo de 2023 después de 22 meses de trabajos desde el inicio de los mismos el 20 de mayo de 2021, cuando se firmó del acta de replanteo. Sin embargo, problemas constructivos obligaron a la concesionaria, el Grupo Ortiz, a solicitar distintas prórrogas, lo que afectó al presupuesto final. El incremento del 36,22% disparó el coste final hasta los 19,8 millones, esto es, 5,3 millones más que los 14,5 millones del importe de adjudicación.

El 1 de marzo del año pasado, prácticamente al final del primer plazo, la mercantil remitió un escrito de solicitud de una primera ampliación por cuatro meses. Una petición motivada por la aparición de circunstancias imprevistas. Como consecuencia, se estableció como nueva data el 20 de julio para la entrega de la obra.

Un mes antes de esa fecha, el 19 de junio, la adjudicataria volvió a plantear la necesidad de incrementar el periodo de ejecución. En esta ocasión, pidió una moratoria de cinco meses (hasta el 20 de diciembre) tras presentar un listado con 11 nuevas circunstancias relacionadas con el proyecto. A unas semanas del plazo, el Grupo Ortiz planteó de nuevo la necesidad de aumentar el margen por la complejidad técnica. La cuarta fecha (y parece que definitiva) se fijó para el 20 de marzo.