CASTELLÓ. La Generalitat Valenciana promoverá la construcción de viviendas para destinarlas a alquiler social en suelo de titularidad municipal de la ciudad de Castelló. Se trata de una de las medidas que de manera conjunta impulsarán el Consell y la Concejalía de Vivienda que dirige María Jesús Garrido y que se ha abordado en una reunión bilateral celebrada esta semana.
"El Ayuntamiento y la Generalitat tienen la determinación de luchar contra la especulación en el precio del alquiler ampliando el parque público de vivienda a medio y largo plazo", destaca la concejala. Para este fin, el consistorio ha acogido un primer encuentro entre la edil de Vivienda y el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau. A la cita también han asistido el secretario autonómico de Vivienda, César Jiménez; la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Elena Azcárraga; y la responsable técnica de la Oficina Municipal de Vivienda, Ana Mañas.
Ambas administraciones pusieron en común en la cita las políticas que piensan llevar a cabo para hacer frente a situaciones de emergencia habitacional e impulsar el alquiler social. "El Consell aspira a declarar a la Comunitat Valenciana zona libre de desahucios, y para ello hace falta la colaboración de los ayuntamientos", subrayó Martínez Dalmau.
El Gobierno municipal y el Consell coinciden en la necesidad de ampliar el parque público de vivienda social como solución para hacer frente a los casos de desahucio y a la especulación en el precio del alquiler. A corto plazo, el departamento de Rubén Martínez Dalmau trabaja en varias vías. Por un lado, desarrollará vivienda pública en terrenos municipales y el Ayuntamiento dispone de nueve solares susceptibles de ser cedidos para tal efecto.
Esta superficie municipal se entregará a cooperativas de vivienda para que promuevan pisos con precios de alquiler asequibles. Este año, el Ejecutivo valenciano ha convocado un concurso que contempla la cesión de suelo autonómico, y su idea es incrementar este sistema a terrenos de los ayuntamientos. En este sentido, otra de las medidas que estudia el Consell pasa por adquirir construcciones que se han quedado a medio hacer para darle uso también de alquiler social.