CASTELLÓ. El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez (PP), acumula presuntamente 134 multas impagadas por aparcar en la zona azul desde enero de 2023. Así lo desvela el PSPV, que estima que el recargo por esas sanciones administrativas rodaría los 5.320 euros (a razón de 40 euros cada una).
El Grupo Municipal Socialista denunció este miércoles la posible irregularidad durante el pleno ordinario de enero. Incluso, tras su celebración, señaló en rueda de prensa que la última infracción dataría de ayer, 31 de enero, de acuerdo con una aplicación móvil (Oracar) que permite con la matrícula comprobar el historial de faltas de un vehículo en zona azul.
Ante esta revelación, el equipo de gobierno, a través de su portavoz, Vicent Sales, manifestó en un primer momento que "no hay constancia por parte del edil de todas estas acusaciones". Sin embargo, después la denuncia pública, el propio Ramírez mantuvo una reunión en la Oficina de Recaudación, en la que se le notificó la existencia de 29 sanciones, estando algunas de ellas en periodo voluntario de pago.
El regidor popular procedió a abonar el importe, "cumpliendo con sus obligaciones ciudadanas como cualquier otro castellonense y liquidando cualquier deuda", según un comunicado del ejecutivo local.
Sales afirmó que "además de mentir, una vez más, siguiendo el manual de su jefe de filas Pedro Sánchez, lo grave es la filtración de datos personales, algo taxativamente prohibido por la Ley de protección de datos, así como la publicidad que el PSOE ha hecho con datos falsos para ensuciar el honor del concejal de Movilidad. Por tanto, se va a abrir una investigación para tratar de esclarecer de dónde ha salido esta información".
En este sentido, el portavoz municipal advirtió sobre la ilegalidad de la manifestación del principal partido de la oposición. "Estamos ante dos posibles delitos. Uno por filtración de datos confidenciales y otro por hacer públicos esos datos. El concejal se reserva el derecho de emprender acciones legales a título personal. Todo esto forma parte de la campaña de acoso y derribo contra el concejal de Movilidad pata tapar las vergüenzas del PSPV".
Sales se refirió al caso de la escultura del Pregoner. Una argumentación que utilizó en el pleno para responder a las preguntas del Grupo Socialista en torno a las sanciones de Ramírez. "No sé si hay impagos, pero lo que sí sé es que Amparo Marco se gastó 130.000 euros en una escultura que llevaba la cara de su fichaje estrella [Chema Prades]. Si no estamos ante un delito es porque un técnico de la casa lo impidió. Sí que estamos ante un escándalo político mayúsculo", reiteró.
Según el relato del PSPV, el munícipe de Movilidad amontona presuntamente durante el último año 167 sanciones. De esa cantidad, 34 estarían ya pagadas a razón de 5,25 euros, "pero lo escandaloso es que existen nada menos que 134 que no pagó en tiempo y forma, por lo que ya pasan a expediente sancionador por parte del Ayuntamiento", aseguró el edil Jorge Ribes. "Hablamos nada menos que del concejal que se encarga de controlar el buen desarrollo de todas las normas que afectan al aparcamiento de la ciudad, y resulta que nos encontramos con un edil del PP que presuntamente incumple la zona azul y que presuntamente no ha pagado las multas".
El regidor socialista reclamó a la alcaldesa, Begoña Carrasco, "que explique las medidas que va a adoptar, porque aquí de lo que se trata es de saber si el señor Ramírez está o no adeudando dinero al Ayuntamiento de Castelló por las decenas y decenas de sanciones que, al parecer, no pagó en tiempo y forma por infracciones en la zona azul".
Ribes añadió que "aquí nos encontramos con dos hechos graves: uno, que el concejal de Movilidad se ríe de los y las castellonenses al aparcar en zona azul sin pagar el correspondiente ticket, y dos, conocer, como cargo público que es, si está al corriente o no del pago de las 134 sanciones que, al parecer, no abonó en su momento en las máquinas expendedores de la citada zona azul".
El concejal socialista instó en el pleno al concejal del PP a que de explicaciones públicas de estos hechos, "pero nos hemos encontrado con su silencio absoluto y la falta de respuesta de la alcaldesa, que ha mandado a su mamporrero oficial, el señor Vicent Sales, a hablar de otros temas inventados por el Partido Popular que nada tiene que ver con la pregunta".
Por último, Ribes explicó que para verificar que el vehículo es propiedad de Ramírez se ha solicitado un informe a la Dirección General de Tráfico (DGT), previo pago de la cuantía estipulada para realizar la consulta (ocho euros). Además, ha subrayado que "yo mismo he comprobado en persona que el coche siempre estacionado en el mismo sitio y con una multa en el parabrisas".
Ante las insinuaciones de haber obtenido los datos de manera ilegal, el PSPV aclaró que "todo el mundo puede acceder a la APP Oracar" para obtener información de cualquier vehículo. "El único requisito es registrarse con un nombre y, después, se puede añadir una matrícula, independientemente de si eres o no propietario. La aplicación permite acceder por ello al historial de sanciones en zona azul".
No es la primera en esta legislatura que el PSPV señala a Ramírez por sus acciones. En la denuncia ante el juzgado por las pintadas CorruPSOE y GolPSOE de Estado, el munícipe aparece como la persona que contrató la furgoneta.
