CASTELLÓ. El gobierno municipal de Burriana exige a Juan Canós, portavoz de Vox en el consistorio, una rectificación pública por las acusaciones vertidas en la última sesión plenaria sobre un “inexistente” error de cálculo, de más de 630.000 euros, en la cuota 4 a favor del urbanizador de Golf Sant Gregori, cuando tendrían que ser unos 20.000 euros, según dijo.
Según ha manifestado el equipo de gobierno, Canós ataca al Ayuntamiento acusando de "ocultismo y falta de transparencia al equipo de gobierno” y le recrimina un error de una cuota de 700.000 euros, y además descalifica gratuitamente a los técnicos que informan las certificaciones y a la asistencia jurídica diciendo que hay “mucha gente que informa y poca gente que se mira los papeles o que sabe hacer bien su trabajo”.
Tras revisar la documentación, el pasado lunes hubo una reunión en el consistorio con Juan Canós, en la que estuvo presente personal técnico y en la cual se descartó que hubiera cualquier error al respecto. En la reunión se aclaró que el error aducido por Canós consistía en que aparecía en la certificación la cuota 1 (521.033,62 euros), cobro que no se admitió. Esa es la cantidad del aval depositado para la expropiación de los enlaces y se denegó definitivamente el cobro de esta cantidad en julio de 2021, justo entre las certificaciones 9 y 10, así que aparece en una certificación pero no en la otra y en ningún caso afecta a la cantidad total aprobada, señalan desde el consistorio.
Sin embargo, el concejal de Vox, lejos de rectificar su actitud, “sigue sembrando dudas y negando la evidencia”. Por ello el ejecutivo municipal desmiente sus acusaciones y considera su actitud “lamentable y torticera”, al tiempo que le exige una rectificación pública porque sus acusaciones son “falsas y además lo sabe”, para crear una “innecesaria alarma social”, y demuestra que el interés de Canós “no es el interés público, sino dinamitar este proyecto tan importante en beneficio propio, sin importarle el mal que pueda hacer a los propietarios y a la ciudadanía en general”.
“Las contundentes pruebas aportadas por el equipo de gobierno al concejal exigen una respuesta por parte de Juan Canós, que no puede ser otra que, como mínimo, una rectificación pública, queremos pensar que es un error de Canós y que no es mala fe, porque, si no, estaríamos hablando de otras cosas", han reiterado las fuentes municipales.
Para el equipo de gobierno, “si bien hay detalles en las cuentas que alguien muy lego en la materia y desconocedor del expediente podría no entender, debería estar más que claro para Canós, quien además de trabajar en una empresa constructora de obra pública y que también se interesó por las obras de Sant Gregori, presume constantemente de conocer los procedimientos de obras y cuotas”.
“Parece -aseguran las fuentes municipales- que Vox con su actitud injusta quiere seguir sembrando dudas y dinamitar a cualquier precio el proyecto”, y han afirmado que con esta postura “se suma a las voces críticas malintencionadas que están cuestionando constantemente todas las actuaciones para paralizar el proyecto. Unas voces que han llevado a presentar querellas y contenciosos que, por cierto, una tras otra están perdiendo en los tribunales de justicia”.
Desde el equipo de gobierno aclaran que apostaron “por desbloquear el proyecto y por mantener la condición de agente urbanizador a la mercantil Urbanización Golf Sant Gregori, que ha cumplido con los requisitos derivados del acuerdo transaccional aprobado en febrero entre el Ayuntamiento y la misma empresa” y han asegurado, dirigiéndose a la ciudadanía, “trabajamos por el futuro de Borriana y por el bienestar de las personas. No tengáis ninguna duda”.
Asimismo, han recordado que la justicia ha vuelto a dar la razón al proyecto urbanístico de Sant Gregori de Borriana, con una nueva sentencia favorable sobre el PAI. Hasta ahora, todas las querellas, los recursos de apelación, los contenciosos y las medidas cautelares presentados contra el Ayuntamiento y la urbanización del PAI han sido sobreseídos, archivados, inadmitidos, denegados o fallados favorablemente para el consistorio y para el proyecto urbanístico.
Las continuas resoluciones judiciales favorables al Ayuntamiento y al proyecto de urbanización, para el ejecutivo municipal, “consolida y afianza nuestra decisión y han avalado en varias ocasiones la legitimidad de apoyarse en los informes externos”, porque supone “una confirmación y un espaldarazo enérgico para seguir en la senda de materializar el PAI más importante del litoral de la costa valenciana”, y abre una ventana al futuro y al impacto positivo de las expectativas centradas en el turismo y la reactivación económica del municipio.