MADRID (EP). El exalcalde de Castelló Juan Alfonso Bataller ha negado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa 'Púnica' haber contratado con fondos públicos trabajos de reputación 'online' para mejorar su imagen de cara a procesos electorales.
El exalcalde de Castelló ha alegado que siempre pensó que el tema de la mejora de su imagen en redes era algo que venía del partido, y que imaginaba que el PP era quien contrataba, aunque ha apuntado que nunca se llegó a materializar.
Sobre la contratación de publicidad del ayuntamiento en espacios de periódicos digitales --una de las vías que investiga la Fiscalía como forma de pago de esos trabajos reputacionales-- ha explicado que efectivamente se realizó, pero que en octubre de 2014 cuando estalla la 'Púnica' él paraliza el pago de facturas tanto del ayuntamiento como del partido.
También han comparecido la exalcaldesa de Dénia Ana María Kringe y quien fuera su jefe de gabinete José Reig López. Según fuentes presentes en la declaración, consultadas por Europa Press, Kringe ha negado conocer que las empresas EICO y Madiba del investigado Alejandro de Pedro hubieran realizado trabajos para mejorar su imagen, y que de su reputación no ha visto ni siquiera informes. Lo que sí ha recordado es que el ayuntamiento contrató campañas de publicidad y un curso de formación para funcionarios en redes sociales, porque entonces, una de las apuestas del consistorio era poner en marcha las redes municipales.
En la misma línea ha declarado Reig, su jefe de gabinete, quien ha apuntado a preguntas del juez y de su defensa --se ha negado a responder a Fiscalía-- que el contrato con esas empresas ya estaba vigente cuando él llegó al cargo y que interpretó que los informes reputacionales eran meran estadísticas como las que hacen los medios de comunicación.
La Fiscalía Anticorrupción ha señalado en varios de sus escritos relativos a esta pieza que se investigan las actuaciones de alcaldes y cargos públicos que se concertaron con los investigados Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa para que EICO les realizara trabajos de reputación online para que se publicasen solo noticias que les fuesen favorables, y que las noticias negativas relacionadas en algunos casos con asuntos de corrupción desapareciesen de los primeros puestos en las búsquedas.
Ese concierto entre cargo y empresario les llevaba a diseñar una estrategia para que los trabajos de reputación personal no los pagase el edil sino que fueran sufragados con los fondos públicos. "Aquí radica lo realmente reprochable", decían los fiscales en un recurso contra el archivo para uno de los investigados, y añadían que al ser muchos los alcaldes implicados se ha podido perfilar un patrón de actuación de esta trama.
El Ministerio Público indicaba además que en la estrategia para pagar esos trabajos, se usó una fórmula de abono que era encubierta, ya que se adjudicaba por parte del ayuntamiento respectivo a EICO contratos con un objeto simulado. En ese plan, dice la fiscalía, también participaban personas que ocupaban cargos de confianza del edil.
