CASTELLÓ. La comisión de investigación sobre el proceso de contratación de la sala de emergencias de la Policía Local de Castelló ha celebrado la última sesión en la que se ha cerrado el expediente y donde, además, se ha aprobado remitir el mismo al pleno donde los diferentes grupos podrán votarlo.
Un expediente en el que se refleja dos versiones antagónicas: Para el Acord del Fadrell se ha cumplido con la legalidad pero, para la oposición no ha resuelto las dudas y se reservan la opción de acudir a los tribunales.
Este órgano fiscalizador se constituyó oficialmente el 30 de octubre de 2019 con el propósito de analizar los siete expedientes de suministro y equipamiento del Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias (Cimse) durante los últimos ocho años. En concreto, tres contratos menores (de mochilas, chalecos y linternas) y los demás de más enjundia, entre ellos el dossier sobre la plataforma multiagencia y equipamiento integral, con más de 3.000 folios.
Todo comenzó cuando un grupo de antisistemas accedieron al Ayuntamiento y, al parecer, las cámaras instaladas en este servicio no funcionaban o ni siquiera se habían instalado. La polémica fue creciendo hasta que el pleno aprobó crear una comisión de investigación que ya ha concluido y que ha estado presidida por el portavoz de Ciudadanos, Vicente Vidal.
Para el PSPV, tal y como explicaba el portavoz adjunto de los socialistas, Omar Braina, "esta comisión ha sido un auténtico ejercicio de transparencia" del equipo de gobierno y "ha quedado acreditado por todos los técnicos que todo el proceso administrativo se hizo bien y que la sala está dotada de todo lo necesario para un correcto funcionamiento".
Además, el socialista ha explicado al finalizar la última comisión en declaraciones a los medios que "ha quedado acreditado que lo que hizo este equipo de gobierno ha permitido condiciones dignas de trabajo para la Policía" y ha explicado que "si se han externalizado algunos servicios, es algo que no tiene nada que ver con la versión del PP".
De hecho, para Braina las críticas del Partido Popular muestran una "actitud perversa" y ha avanzado que "las empresas sobre las que el PP siembra dudas están estudiando emprender acciones legales", ha avisado.
Por su parte, el portavoz del PP, Sergio Toledo, ha explicado que "nuestro grupo acabamos con más dudas de las que empezamos la comisión respecto del cumplimiento del contrato y de los pliegos" y ha asegurado que "los castellonenses merecen saber qué ha pasado con cada euro de sus impuestos si no se ha hecho un uso correcto".
Además, el PP considera que "aquí la única responsabilidad que hay es de los políticos, no de los técnicos y, en concreto, del Fadrell y de la alcaldesa, Amparo Marco". Para los populares, las sospechas de actuaciones irregulares "nos hacen pensar que solo en instancias judiciales se podría resolver si estamos simplemente ante una acción política negligente o si se ha producido algún tipo de prevaricación y malversación de recursos públicos", según recogen sus conclusiones".
El socialista Braina ha animado al PP a que "si tiene dudas, acuda a los tribunales" y ha ironizado con que "ya tenemos experiencia de cómo acaban las denuncias del PP" (en referencia a la querella que interpusieron contra Nomdedéu por el llamado 'caso de los sobres' cuyo juez ha absuelto).
Por su parte, en Ciudadanos han lamentado el "poco talante del equipo de gobierno" y han denunciado las incoherencias del Fadrell por "admitir unas testificales como pruebas y otras, no" y denuncian que "uno de los objetivos no cumplidos es la centralización en la sala de todas las cámaras municipales".
Vidal considera que "se trata de una dejación de funciones" por parte de los políticos al delegar todo en el personal técnico del Ayuntamiento y ha avanzado que Ciudadanos se reserva también el derecho de acudir a la Justicia.
Por último, tanto Podemos como Compromís agradecieron en su turno de palabra su agradecimiento a los técnicos del Ayuntamiento por su colaboración durante la comisión.
