CASTELLÓ. "Una de las principales compañías de España en procesado, manipulación, congelación, conservación y comercialización de productos del mar", como ella misma se autodenomina, regulariza, por fin, su actividad en el Grau de Castelló. Esta es la expresión que recoge el proyecto urbanístico que sirve de base para regularizar las instalaciones de Pescados Fabregat SA (Pesfasa).
Y no van desencaminados los redactores del proyecto, puesto que la firma grauera facturó en 2019 (fecha de sus últimas cuentas depositadas) 57,6 millones de euros. El año anterior la cifra alcanzó los 73,5 millones y en 2017 fue muy similar.
Pero, a pesar de la probada capacidad de la compañía, no ha sido hasta ahora cuando se ha decidido a regularizar la situación de sus instalaciones principales, ubicadas en el Camí Vell de la Mar nº182. El motivo queda recogido, de forma implícita, en los documentos que ha presentado la mercantil ante la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad para tramitar la Declaración de Interés Comunitario (DIC) que le permita continuar con su actividad.
La construcción de una estación de bombeo y la prolongación de la red de alcantarillado acometida por el Ayuntamiento de Castelló entre finales de 2020 y principios de este 2021 permite a la firma verter, por fin, sus aguas residuales a la red municipal, tal y como viene recogido en el proyecto. De ahí que el pasado 29 de diciembre iniciase la tramitación ante la Conselleria y el 9 de febrero acometiese el procedimiento de información pública. Actualmente, la DIC Regularización Pescados Fabregat SA, como la denomina la Administración autonómica, se encuentra en tramitación.
No en vano, las instalaciones principales de la compañía se encuentran en terrenos rústicos, en principio no aptos para el uso que la firma les da. Pero esto es algo habitual en empresas de larga trayectoria. Y Pesfasa lo es. Inició sus actividades en 1963, en 1979 el Ayuntamiento de Castelló le concedió licencia de actividad, y no fue hasta el 18 de mayo de 2018 cuando solicitó la licencia ambiental ante el consistorio, algo que todavía no ha conseguido.
De ahí el procedimiento en tramitación que le permita regularizar la actividad. Eso sí, esto conllevará unos gastos para la compañía, de los que hasta ahora estaba exenta. En el cálculo del canon, para el que estima un valor de la nave y las oficinas de 2,16 millones de euros (en las cuentas de 2019 la empresa los valoraba en 2,73 millones), los técnicos contratados señalan que no se deben incluir los 343.628 euros que costaron las obras de alcantarillado, dado que las ejecutó el Ayuntamiento. Tras todo ello, estima un canon de 57.193,56 euros a dividir en los 30 años de vigencia para los que solicita la DIC.
Así, los propietarios solicitan al Ayuntamiento pagar 1.906,44 euros al año durante tres décadas por seguir utilizando las naves y oficinas del Camí Vell, que en conjunto suman más de 6.496 metros cuadrados. Y eso si el Ayuntamiento no atiende la reducción del 50% que la empresa solicita en base a que se trata "de actividades de índole productiva e industriales, así como los efectos beneficiosos que su actividad genera en el empleo del Grau de Castelló", donde residen 35 de los 85 empleados que Pesfasa tiene, tal y como recoge el proyecto urbanístico.
Todo ello para una empresa cuyos beneficios netos en los dos últimos ejercicios rondan los 900.000 euros y que tiene unos fondos propios de 7,6 millones de euros.
