El Gobierno aprueba reducir la velocidad de 100 a 90 km/h en carreteras convencionales

MADRID (EP). El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes reducir la velocidad en las carreteras convencionales y homogeneizar la velocidad máxima en estas vías, estableciéndola en 90 km/h, por ser las carreteras con altas tasas de siniestralidad, según ha informado el Ministerio del Interior.

Para ello, ha aprobado la modificación del artículo 48 del Reglamento General de Circulación referido a los límites de velocidad en las carreteras convencionales, con el fin principal de reducir la siniestralidad vial y cumplir el objetivo establecido en la estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 de bajar de 37 la tasa de fallecidos en accidente de tráfico por millón de habitantes. En 2017 la tasa fue de 39.

El Ministerio advierte de que siete de cada diez accidentes con víctimas tienen lugar en estas vías, en las que cada año fallece un millar de personas. Además, la velocidad inadecuada es la causa concurrente en el 20% de los accidentes de tráfico

Esta modificación supone la desaparición de los diferentes límites de velocidad genéricos establecidos, 90 y 100 km/h para turismos y motocicletas, en función de si la vía disponía o no de metro y medio de arcén practicable, reduciéndolo a una limitación general de 90 km/h.

La modificación de este límite de velocidad afectará a unos 10.000 kilómetros de vías. Los límites de velocidad que ahora se modifican se fijaron a principio de los años 80 del siglo pasado, cuando la red viaria española no tenía casi kilómetros de vías de alta capacidad, situación completamente distinta a la actual.

Además, esta iniciativa supone reducir la diferencia de velocidad entre vehículos de transporte de viajeros y mercancías respecto de los turismos.

Los países de la Unión Europea con menores tasas de fallecidos por millón de habitantes en accidente de tráfico tienen, según asegura Interior, un diferencial de límite de velocidad entre vehículos ligeros y pesados, en carreteras convencionales, que oscila entre el 0 y 10 km/h.

Según diferentes estudios, los vehículos que circulan a velocidades dispares de la media de la vía, como pueden ser los camiones en relación a turismos y motocicletas, son más susceptibles de provocar un accidente, con una probabilidad seis veces mayor que si estos vehículos circularan a la media del resto de vehículos. Además, velocidades de circulación más homogéneas favorecen la fluidez del tráfico.

Camiones y autobuses

Con este cambio normativo se uniformiza la velocidad de los camiones en carreteras a 80 km/h, límite que es común en la gran mayoría de los países de la Unión Europea.

En el caso de los autobuses, la limitación genérica de velocidad es de 90 km/h debido a la baja siniestralidad continuada de este tipo de vehículos, que en el caso de España tiene un ratio de fallecidos/tipo de vehículo (autobús) un 40% menor con respecto al ratio total de la UE.

Pese a esta velocidad, el artículo 48 establece una nueva excepción a aquellos autobuses que no tienen cinturón de seguridad, ya que éstos no podrán circular a más de 80 km/h.

Para que los titulares de las carreteras puedan proceder al cambio de señalización en aquellas vías afectadas, la entrada en vigor del Real Decreto será al mes de su publicación en el Boletín Oficial de Estado.

los Conductores y motoristas creen que el descenso en carretera convencional no mejora seguridad y para las víctimas es un logro

Las asociaciones de automovilistas y motoristas, por su parte, se han manifestado en contra de que se baje de 100 a 90 kilómetros por hora la velocidad máxima para poder circular en las carreteras convencionales, una medida que se aplicará a turismos y motos. 

Según ha indicado a Europa Press David Fernández, técnico de Seguridad Vial del RACE, la bajada de velocidades, como ya ocurrió cuando se bajó en autovías y autopistas de 120 a 110 km/h, son soluciones "bastante estériles". "En las convencionales abogamos por una mayor inversión en infraestructuras, como mejorar el trazado y la iluminación para la conducción en condiciones meteorológicas adversas", ha comentado Fernández, que ha lamentado que todo el foco se pone en el conductor del vehículo.

También Automovilistas Europeos Asociados (AEA) está en contra de esta medida. "No somos favorables a la adopción de esta medida de limitar genéricamente la velocidad en convencionales porque entendemos que no van a provocar una reducción de accidentes en este tipo de carreteras", ha señalado su presidente, Mario Arnaldo. Según comenta, la causa principal de mortalidad en estas vías no es por exceso de velocidad sino por colisión frontal al realizar adelantamientos, por lo que sí se encuentra a favor de establecer límites específicos según el tramo de carretera para evitar los adelantamientos.

En la misma línea se muestra el colectivo de motoristas. Así, la vicepresidenta de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial (PMSV), María José Alonso, ha afirmado que bajar la velocidad "no es la solución". "No va a servir absolutamente para nada, es gastar dinero donde no toca", dice Alonso, que apuesta más por la reforma del carné por puntos y reeducar a la ciudadanía en Seguridad Vial.

Desde Mutua Motera, su presidente, Juan Manuel Reyes, ha asegurado que no están de acuerdo con esta medida que, a su juicio, "va en contra de los tiempos" porque, según recalca, los accidentes causados por exceso de velocidad "son muy poquitos y porque no se respetan los límites". "No va a suponer una mejora significativa de la seguridad, en general", resume Reyes, que además, considera que las motos deberían poder circular a velocidades ligeramente superiores a las de otros vehículos para así reducirse el riesgo de colisión o arrollamiento.

Las víctimas de accidentes celebran la medida

Por el contrario, las asociaciones de víctimas se han mostrado a favor de esta normativa, que podría entrar en vigor en enero o febrero de 2019.

"Estamos conformes, María Seguí lo intentó en su momento y no recibió apoyo, es algo que viene de lejos y estábamos a favor de ello", ha asegurado a Europa Press la presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, que justifica su posición en que "está constatado que la velocidad mata". Por ello, considera esta iniciativa un "éxito", teniendo en cuenta que se trata de una medida que no cuenta con el visto bueno de la ciudadanía.

Desde la Asociación para la Prevención de Accidentes de Tráfico PAT-APAT, también se muestran conformes. "Para nosotros es un gran logro, estamos muy de acuerdo y muy contentos de que se vaya a aprobar", ha aseverado su vicedirector, Vicente Sánchez, que considera que rebajar la velocidad máxima "es una gran medida" para reducir la siniestralidad vial. "Espero que pronto se baje en las ciudades a 30 kilómetros por hora, esto sería otro frente que sería muy positivo", ha añadido.

El presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (Asociación DIA), Francisco Canes, también está de acuerdo con la propuesta, ya que de este modo se elimina la necesidad de hacer adelantamientos. Sin embargo, no están a favor de que se baje la velocidad a todos los vehículos porque así se mantiene la obligación de que aquellos que pueden circular a más velocidad adelanten a los demás. "Mantiene el riesgo exactamente igual, si todos los vehículos tienen el límite a 90 km/h, no hay necesidad de adelantar", ha precisado. Por tanto, "es un éxito relativo y con muchos matices".

Desde la Coordinadora en Defensa de la Bicicleta (ConBici), también veían con buenos ojos esta petición del director general de Tráfico, Pere Navarro. Uno de sus portavoces, Manuel Martín, justificó esta medida en que es en las convencionales donde se producen más accidentes y por donde precisamente circulan los ciclistas.

Por su parte, Fundación Pons -del que era asesor Pere Navarro antes de reincorporarse como máximo responsable de la DGT-, recuerda que desde 2015 lleva pidiendo que el límite de carretera convencional sea homogéneo en 90 kilómetros por hora. "Los países con buenos índices de siniestralidad en Europa cuentan con límite de carretera convencional entre 80 y 90 kilómetros por hora", inciden desde la entidad.