El inicio de las comparecencias en la comisión que investiga la sala policial divide a los partidos

CASTELLÓ. El inicio de las comparecencias en la comisión de investigación de la sala de la Policía Local de Castelló divide a los partidos políticos. Mientras el PSPV considera imperativo comenzar la prueba testifical en las próximas semanas, antes de acabar julio, Ciudadanos y PP son más partidarios de dejar pasar agosto (mes inhábil) para empezar en septiembre, cuando además habrá concluido la peritación externa con vistas a determinar el coste real del denominado Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias (CIMSE).

La decisión definitiva se tomará el 16 de julio, durante la siguiente reunión después de la convocatoria extraordinaria celebrada este viernes para definir la metodología, cogiendo siempre como referencia la que se determinó en el anterior mandato para clarificar las presuntas irregularidades en Fiestas. Tanto el grupo socialista como el popular, la formación naranja y Podem-EUPV debatieron sus propuestas durante más de una hora y media a fin de establecer un protocolo.

Después de espesas discusiones, se llegó a un acuerdo en los aspectos más importantes. Por un lado, no habrá un tiempo límite para los testigos, imperando el criterio de prudencia con las preguntas. Por otro, las intervenciones de los partidos a la hora de interpelar a los citados irán de menor a mayor representación institucional, como en realidad ocurre con las intervenciones plenarias. Del mismo modo, aquellas personas no obligadas a comparecer podrán estar acompañadas de un tercero, aunque el acompañante en ningún caso tendrá derecho a intervenir.

La comisión dejó encima de la mesa la posibilidad de que los medios de comunicación graben las declaraciones. Dependerá del informe jurídico de la secretaria del pleno, que determinará posibles incumplimientos a propósito de la protección de datos.

Las discrepancias

Resuelto el protocolo de las comparecencias, el PSPV planteó arrancar las mismas cuanto antes. En este punto, el secretario detalló la relación de personas no relacionadas con la pericial y que podrían empezar a desfilar por el órgano fiscalizador. Se trata de los funcionarios Cristóbal Badenes, director de Servicios Urbanos; Pascual Hernández, director de Gestión Presupuestaria; y Pilar Simó, jefa de Contratación. Aquí, surgieron de nuevo las discrepancias por la disponibilidad de los propios afectados. Desde la oposición se advirtió de lo desatinado de su emplazamiento por el elevado volumen de trabajo, considerando que el Plan General y las cuentas municipales están actualmente en proceso de tramitación.

Al no existir un consenso, se pospuso la decisión, que se volverá a abordar en la siguiente reunión. No obstante, el presidente de la comisión, Vicente Vidal (Cs), y el concejal del PP, Vicent Sales, insistieron en que "lo mejor sería esperarse ya a septiembre para evitar interrupciones si se empieza ahora".

El grupo auditor, constituido ex profeso, busca esclarecer presuntas anomalías en la contratación y equipamiento de la sala de la Policía Local durante los últimos ocho años. En total, se analizan siete expedientes, con más de 4.000 folios, entre los que destaca el suministro del CIMSE por un importe de 900.000 euros.