CASTELLÓN. El juzgado de lo Penal número 1 de Castellón ha señalado para el próximo martes 26 de febrero el juicio por el caso de la supuesta manipulación de censos en Cabanes ocurrida hace 11 años. La vista estaba señalada para el pasado 10 de julio pero no se celebró por no haberse podido notificar a uno de los testigos.
Así lo ha explicado en un comunicado el teniente de alcalde de Cabanes y senador Carles Mulet (Compromís), quien ha precisado que el testigo -que antes era imputado- al que no se le pudo notificar su obligación de comparecer en el juzgado es el yerno del empresario Jesús Ger. Para la vista oral estaban citados 14 testigos y como único acusado constaba el vecino de la Vall d'Uixó Pascual Adsuara, procesado por haber falsificado presuntamente algunas firmas para dar de alta a vecinos en el padrón local.
Carles Mulet interpuso la querella en 2007 cuando era concejal después de que "el alcalde del PP en esos días, Artemio Siurana, tres sobrinos suyos y dos dirigentes del PP local empadronaran justo antes de las elecciones municipales a decenas de vecinos de la Vall d'Uixó, que está a 60 kilómetros de distancia, en domicilios y almacenes de su propiedad". Según Mulet, "todos ellos estaban relacionados con el yerno del empresario Jesús Ger, propietario de Marina d'Or, en la vecina localidad de Orpesa, con grandes intereses urbanísticos en Cabanes, como el PAI Marina d'Or Golf, en pleno boom urbanístico".
Mulet ha lamentado que finalmente el juicio se celebrará atendiendo a las falsificaciones de las firmas pero "no desde el punto de vista del delito electoral". Según el senador de Compromís, la investigación que siguió a la denuncia reveló que hubo vecinos de la Vall d'Uixó que alegaron no haber autorizado dichas altas en el censo y que las firmas por las cuales se daban de alta a ciudadanos en Cabanes estaban falsificadas. En otros casos, personas que no habían residido en el municipio "ni un solo día", acudieron a votar en las municipales.
El Ayuntamiento, gobernado entones por el PP, se personó en el caso y destinó "los recursos de todos los vecinos a intentar dinamitar toda la instrucción", ha asegurado Mulet, quien ha añadido que el consistorio "se opuso a que se avanzara en las pruebas pedidas por la acusación y pidió la archivo del caso porque no quería investigar absolutamente nada".