CASTELLÓ. La jueza sustituta del Juzgado de Instrucción 4 de Castellón ha acordado reabrir la causa que investiga al expresidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y al golfista Sergio García y su padre por posibles delitos societarios en la adquisición de terrenos en el campo de golf de la Coma, ubicado en la localidad de Borriol.
Tal y como han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza acuerda la reapertura al estimar el recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto de sobreseimiento provisional dictado en enero de este año. Asimismo, han explicado que la jueza instructora ha tomado esta decisión después de revisar las declaraciones y diligencias practicadas hasta la fecha en este procedimiento. "Entre ellas, los informes de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía", han indicado.
De esta manera, la resolución estima el recurso del fiscal y deja sin efecto el auto de archivo para que el procedimiento siga su curso y "se pueda formular escrito de acusación" contra los investigados. El auto puede ser recurrido en apelación, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Cabe recordar que esta causa se abrió en julio de 2016, fue archivada en un primer momento en mayo de 2017 y se reabrió con posterioridad, ya en 2020, al aparecer nuevos datos en el marco de otro procedimiento relacionado con una presunta ocultación del patrimonio de Fabra.
La denuncia inicial la presentaron dos socios y liquidadores solidarios de la mercantil Golf del Mediterráneo SA contra la mercantil Golf Borriol SL, que presidía Carlos Fabra y su consejo de administración, por la venta tanto de los terrenos como la transmisión de la explotación de la actividad económica. Éstos denunciaron presuntas irregularidades cometidas por otros nueve socios de la empresa, entre ellos Carlos Fabra, y se abrieron entonces las diligencias previas de investigación por un presunto delito societario.
En el archivo provisional de enero de este año, la magistrada entendía que no existía "relación alguna" entre el préstamo de 100.000 euros efectuado por el padre del golfista a Carlos Fabra en 2009 con la adquisición por parte de la empresa de la familia del deportista, Golf Borriol SL, de los terrenos propiedad de Golf del Mediterráneo SA, cuyo consejo de administración presidía también el expresidente de la Diputación.
"La constitución de las hipotecas que prestó Golf del Mediterráneo SA fue realizada por decisión del Consejo de Administración y ratificado por la Junta General de la sociedad", recogía el auto. Esas decisiones estaban "fuera del alcance y poder de decisión" de Carlos Fabra, "cuya participación quedaba reducida a emitir su propio voto sin ostentar la mayoría necesaria para adoptar el acuerdo", añadió.
La juzgadora tampoco apreció entonces la comisión de ningún delito en el contrato de arrendamiento de industria suscrito en noviembre de 2013 entre ambas empresas.