CASTELLÓ. El Partido Popular defenderá esta misma semana en el Senado la necesidad de que el Gobierno de España asuma el coste de las desaladoras de la provincia de Castellón. La moción que presentaron los senadores del PP de Castellón en la Cámara Alta se debatirá esta misma semana y servirá para defender los intereses generales de la provincia de Castellón.
Un coste que desde el Partido Popular de la provincia cifran en 116 millones de euros y cuyo coste el Gobierno ha asumido en otras comunidades, como en Cataluña. El senador nacional del PP, Vicente Martínez, explica que "las condiciones que marca el Gobierno para los ayuntamientos son inasumibles” y ha advertido que “quien ha metido a la provincia en este lío es el mismo que debe sacarnos de él".
El senador nacional considera además que "el Gobierno debe tratar con igualdad a las comunidades autónomas y no puede intentar asfixiar a los ayuntamientos afectados en la provincia de Castellón". El popular manifiesta que "los socialistas obligaron a nuestros ayuntamientos a firmar unos convenios leoninos por los que los vecinos de cinco municipios tienen que pagar el coste de las desaladoras". Benicàssim, Oropesa, Cabanes, Moncofa y Xilxes están afectados directamente por estas infraestructuras.
Unos convenios que impulsó el Gobierno de Zapatero y que "eran un chantaje porque si no se firmaban, no se permitía instalar empresas ni dar permisos de obra a los ayuntamientos".
Sin embargo, 15 años después "la realidad urbanística y de futuro de las localidades es otra y desde el PP reclamamos que, como hizo el PSOE en Cataluña, que asuma el coste de las desaladoras" atendiendo a "criterios de igualdad".
Además, recuerda que "el plan estrella del PSOE está ahora siendo investigado por la Justicia ya que parece ser que el coste de las desaladoras era para financiar al Partido Socialista, según investiga la Justicia". Por ello, el PPCS exige "soluciones a corto plazo para los municipios afectados de Castellón".
