CASTELLÓ. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, lamenta que los vecinos tengan que recurrir a la justicia para defender sus intereses frente al nuevo Plan General. “Castelló necesita un Plan General para acabar con la inseguridad jurídica, pero no este Plan General que pretende imponer el equipo de gobierno municipal, que se enfrenta a 16 recursos judiciales porque no nace del consenso”, explica.
Para Carrasco un documento tan importante que va a condicionar los próximos 20 años debería contar con el máximo aval de la sociedad castellonense. “La oposición frontal de particulares, empresas y hasta del Ayuntamiento de Borriol, en total 16 recursos contencioso-administrativos presentados, dicen mucho de un Plan General que entre los errores estratégicos, clama al cielo la reducción drástica de suelo industrial en cerca de un millón de metros cuadrados, que no deja espacio para desarrollarse la estación Intermodal en el Puerto; la inseguridad jurídica en Crémor; la situación en la que quedan los grupos periféricos o el trato desigual en las viviendas de la Marjalería”, apunta.
La líder de los Populares defiende un Plan General que tome en consideración la opinión de una mayoría de colectivos sociales y expertos en urbanismo a la hora de definir el modelo urbanístico que haga de Castelló una capital competitiva, que incentive la llegada de nuevas empresas y que favorezca la creación de empleo. “Por eso, precisamente ahora, con los problemas que está habiendo a nivel mundial, agravados por la invasión rusa a Ucrania, se pone de manifiesto la importancia de la industria. Ahora más que nunca hay que garantizar suelo industrial y logístico en el Puerto y en los polígonos para atraer empresas y eso es justo lo que no está garantizando el equipo de gobierno municipal después de haber recortado cerca de un millón de metros cuadrados el suelo industrial”, concluye la edil popular.
El equipo de gobierno descarta recurrir y su portavoz, Vicent Sales, señala sobre el cambio que "el que lo hizo, lo hizo a conciencia". El Ayuntamiento está pagando para expropiar 80 euros/m2 por suelo urbano y 11 euros/m2 por el rústico.
