CASTELLÓ. El Partido Popular de Castellón ha registrado este lunes en la Diputación una iniciativa en defensa de los derechos de los miles de vecinos afectados por la planta solar fotovoltaica Magda "que el PSOE tramita en la provincia sin contar con la opinión de los afectados", señala en un comunicado.
La propuesta, que también se trasladará a los 13 municipios afectados (les Coves de Vinromà, Vilanova d’Alcolea, la Torre d’en Doménec, Benlloc, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Vall d’Alba, Cabanes, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol, Castelló y Almassora), tiene por objetivo “paralizar el proyecto, solicitar una moratoria y crear una mesa de trabajo en Diputación que garantice la defensa y protección de los derechos de unos propietarios que han sido pisoteados”.
La portavoz adjunta del PPCS en la Diputación, María Ángeles Pallarés, ha lamentado que la izquierda “ampare la tramitación de proyectos sin antes escuchar al territorio. Y la Magda, como lo ha sido la MAT, es un claro ejemplo de estas políticas: imposición frente a consenso. Nosotros exigimos que se escuche al territorio, porque este proyecto trasciende el ámbito municipal. Y es evidente, tal y como hemos podido comprobar por el malestar generado en varios municipios, el último les Coves, que el PSOE lejos de escuchar impone”.
Desde el PPCS “consideramos fundamental promover proyectos de energía sostenible que apuesten por recursos renovables. Pero no podemos ignorar a nuestros vecinos, debemos escucharles. Y eso es lo que pedimos, que antes de promover cualquier tipo de iniciativa de este calado se pregunte al territorio y se ponga en valor la opinión de quienes resultarán afectados por este proyecto”.
Por ello, el PPCS solicita en su iniciativa que el Consell y el Gobierno de España paralicen la tramitación del proyecto y se establezca una moratoria. Además, solicita que en la Diputación se cree un grupo de trabajo donde todas las administraciones implicadas diseñen un plan integral para la generación de energía y líneas de evacuación de acuerdo con el territorio. “Y exigimos información y transparencia al ciudadano antes de que se apruebe la información pública para presentar alegaciones. Lo que no se puede permitir es que los afectados se encuentren con un proyecto ya empaquetado y listo para ejecutar. Es un absoluto desprecio a nuestros vecinos”, ha concluido Pallarés.