CASTELLÓ. La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, ha comparecido este lunes en rueda de prensa, junto a concejales de su equipo, para denunciar lo que han calificado de “atropello” y “abuso de poder” la decisión unilateral del gobierno municipal, liderado por la alcaldesa, Amparo Marco y los grupos de izquierda, de modificar el Código de Buen Gobierno, sin ni siquiera crear una comisión no permanente –como se hizo entre 2014 y 2015, cuando ya se modificó el anterior texto de 2006-, es decir, “sin apelar al diálogo, ni al consenso, ni a la transparencia, ni a la unanimidad de todos los concejales que forman parte de la corporación y, por tanto, firmaron este Código en el momento de tomar posesión de sus cargos”, señala Carrasco.
La portavoz del los populares remarca que de manera totalmente opuesta a cómo se gestionó en 2015 la modificación del Código de Buen Gobierno, con el Partido Popular gobernando con mayoría, “creando una comisión que estuvo durante un año trabajando para trazar líneas de acuerdo -con el Partido Popular insistiendo en al presunción de inocencia y en las duras consecuencias de endurecerlo tal y como se pedía-, hasta llegar a la unanimidad de los 27 concejales. Frente a esto, las formas adoptadas por la alcaldesa Amparo Marco y sus socios Compromís y Podemos son bien distintas”.
“Esta semana 14 concejales van a tumbar lo que aprobaron 27 concejales por unanimidad en sede plenaria. Quienes ahora gobiernan han optado por blindar, cuanto antes, su permanencia en el gobierno ante posibles imputaciones, cambiando las reglas del juego a su merced. Sin contar con la opinión del resto de concejales en la oposición. Una manera de proceder que será legal, sí, pero desde luego ni es ético, ni moral, especialmente de quienes se llenan la boca hablando de transparencia, democracia o participación. Un nuevo abuso de poder, como ya hemos visto en la Junta de Fiestas o en el Patronato de Turismo”, añade Carrasco
Para la líder de los populares en la ciudad de Castelló, “las prisas por cambiar cuanto antes el Código de Buen Gobierno rebajando la dureza de éste ante posibles imputaciones, es una muestra de deslealtad institucional. Si socialistas y nacionalistas insistieron en endurecerlo, especialmente la hoy alcaldesa, Amparo Marco, y la formación de Compromís, cuando estaban en la oposición, fue sólo para perjudicar a quien gobernaba entonces, sin ninguna intención de respetarlo y de aplicárselo ahora que gobiernan, como ha quedado demostrado. No creen en la democracia y en la igualdad para todos”.
En este sentido, los populares recuerdan que la actitud y el posicionamiento de quien es hoy alcaldesa no tienen nada que ver con lo que decía cuando estaba en la oposición, y pedía endurecer el Código de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Castellón, vigente desde 2006. Algunas de sus frases recogidas en las actas son: “En supuestos de imputación, en un caso de corrupción, solicitamos la suspensión cautelar de sus funciones”; “Si existiese apertura de juicio oral, el concejal en cuestión deberá devolver su acta. En caso contrario se le cesará automáticamente”; “El alcalde (imputado) deberá delegar sus funciones y, en caso contrario, todos los grupos municipales le instarán a ello” u “Opino que el momento de tomar medidas sería el día en que se va a declarar el Juzgado, y al salir te dicen si has resultado imputado o no”. “Todo lo contrario a lo que ahora defienden, al adaptar el Código de Buen Gobierno al de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que estando aprobado ya en 2015, entonces no servía como referente y ahora sí”, subraya Carrasco.
Dicho texto es mucho más laxo en cuanto a las imputaciones de concejales y alcaldes, es decir, “van a cambiar las normas y adoptar un acuerdo que, pase lo que pase, no implique ninguna consecuencia sobre su estatus de alcaldesa y concejales del equipo de gobierno. Marco ha pasado de ser el látigo de la corrupción a relajar las medidas hasta hacerlas prácticamente inexistentes ahora que es ella quien gobierna”, apunta la portavoz popular.
Asimismo, a los populares les sorprenden las prisas y la urgencia de querer cambiarlo a toda costa –este mismo miércoles en Comisión, para que pueda ser ratificado este mismo mes de diciembre en el Pleno-, si tanto interés tenían en cambiarlo, “lo mínimo que la alcaldesa, Amparo Marco, y los portavoces Ignasi Garcia (Ciudadanos) y Fernando Navarro (Unidas Podemos) podían haber hecho es tener la decencia de convocar la creación de una comisión no permanente especial con el fin de buscar consensos, como en un principio sí dijeron, simplemente, la misma oportunidad que se les brindó a sus formaciones cuando instaron a que se modificara y endureciera el Código de Buen Gobierno en 2015”. “Llama la atención que sea ahora y no antes, cuando parece que existen riesgos más que evidentes de que se pueda imputar a algún otro miembro del grupo socialista, es cuando les entran las urgencias y quieren cambiarlo por la vía rápida. ¿Qué esconden a los castellonenses? ¿Hay algún asunto que tienen sobre la mesa que los vecinos de esta ciudad desconocemos?”, se preguntan.
El Grupo Municipal Popular ha avanzado que votará en contra de modificar el Código de Buen Gobierno. Para Carrasco, “las instituciones no son un circo. Puede que PSPV, Compromís y Unidas Podemos así lo crean, pero desde luego, el Partido Popular no. Gobernar es una cuestión muy seria. Y los castellonenses merecen el máximo respeto”.
Los partidos del Acord de Fadrell acordaron 247 medidas en su pacto de gobierno, “la primera que tomaron ni siquiera se dignaron a ponerla negro sobre blanco, como fue la subida de sueldos del 52% de la alcaldesa y todo su equipo, porque no aparece en el documento”. Y la segunda, “que sí está, es la que menos urgencia requiere, puesto que afecta solo al funcionamiento interno de la institución, pero no tiene una afección directa sobre el conjunto de los castellonenses. Mientras el paro sigue subiendo, y ya hay casi 14.000 parados. Mientras los impuestos siguen sin bajar, y por tanto siguen entre los más altos de toda España, y se anuncia que se va a pagar más por el recibo del agua o por morirse. Mientras la ejecución presupuestaria es bajísima, apenas un 50% de lo previsto, y el capítulo de inversiones solo del 28%... pues mientras todo eso ocurre, la única prioridad que tiene Amparo Marco es modificar el Código de Buen Gobierno para blindarse ella y los suyos”, apunta Carrasco.
Además de caracterizarse este texto por ser genérico y laxo con respecto a las consecuencias orgánicas plenarias que se derivan de posibles casos de imputación, el alcance y de la aceptación que ha tenido el código de la FEMP, es más bien bajo. Ni siquiera los municipios que aportaron representantes para la redacción del documento lo han asumido. A 30 de noviembre, solo dos de los ‘padres’ del Código de Buen Gobierno Local de la FEMP lo han incorporado: Vigo y Alcobendas.
