CASTELLÓ. (EP). El Partido Popular de Castellón ha reclamado este martes a la Generalitat Valenciana que modifique la normativa que impide a las empresas realizar test a los empleados para determinar si alguien está contagiado de Covid-19. Los 'populares' han recordado que las empresas de la provincia de Castellón, sobre todo las del sector cerámico, han lamentado el impedimento de la Generalitat Valenciana a poder realizar test rápidos o las pruebas PCR.
El presidente del PPCS, Miguel Barrachina, ha denunciado este "grave intervencionismo" de la Generalitat, cuyo único fin -según ha dicho- es "ocultar la realidad, como están haciendo desde el primer momento", ya que "no se están haciendo test a la población, de la misma forma que no se quieren dar los datos reales a los alcaldes ni a la opinión pública".
El PPCS ha recordado que en otras comunidades autónomas sí se permiten realizar test en las empresas, siempre que estén solicitadas por un facultativo. "Sin embargo, la Generalitat Valenciana no lo permite, salvo que un empleado tenga síntomas", ha añadido. El presidente de los 'populares' ha lamentado que "la mala gestión del Gobierno de Sánchez y de Puig quiera impedir a las empresas garantizar la salud de sus empleados".
Barrachina ha advertido que "los países que han salido de esta crisis lo han hecho a base de pruebas diagnósticas, ya que es la única forma de invertir esta situación", así como planes concretos para proteger a la población. "Es ilógico que se pongan trabas a las empresas que apuestan por sal salud y por la protección de sus empleados", ha añadido.
El presidente provincial ha asegurado que "solo hay que ver los datos del paro de hoy para abrir los ojos a la necesidad de reactivar el mercado laboral, dentro de todas las garantías máximas para proteger a los empleados del Covid-19".
En esta líneas, ha apuntado que la provincia de Castellón, de hecho, muestra un comportamiento "peor" que la media nacional en cuanto al paro y las afiliaciones a la Seguridad Social. "Sin embargo, el PSOE opta por entorpecer de forma ilógica el esfuerzo de las empresas por proteger a sus empleados y por garantizar la salud y la producción de la mejor forma posible", ha concluido.