El PPCV pide a Oltra claridad sobre el cierre de Sant Llorenç y "garantías" para el futuro de los internos

VALÈNCIA. La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts y responsable de Política Social, Elena Bastidas, ha presentado una batería de preguntas dirigidas a la Conselleria de Igualdad sobre el cierre de la residencia Sant Llorenç de Vila-real y el futuro de los residentes.

Bastidas ha preguntado al departamento que dirige Mónica Oltra cuál es la causa del cierre del centro (que debe ejecutarse el próximo 15 de septiembre) y ha solicitado una copia del expediente sancionador. "Pero más allá de lo que haya podido ocurrir, lo fundamental aquí es qué va a pasar con los mayores que están en la residencia. Queremos saber qué alternativas hay y cuándo van a estar realojados si se cierra el centro. Es necesario que haya garantías para los internos y exigimos una solución", señala.

La diputada popular ha preguntado también cuántas reuniones se ha mantenido por parte de la Conselleria con los familiares de los residentes, así como si ha habido en las semanas previas reuniones con las autoridades locales. "No es la primera vez que Oltra crea un conflicto con los representantes de los ayuntamientos y muchas de esas veces, como pasa ahora en Vila-real o como ha pasado en Paterna o AlcoI anteriormente, ha sido con alcaldes del PSPV, que es su socio de Gobierno. Al final todo lo relacionado con Oltra acaba siendo un motivo de enfrentamiento y de conflicto con las entidades locales", indica.

Bastidas ha reclamado también respuesta a "cuándo se comunicó a la dirección de la residencia la resolución del expediente y cuándo se hizo lo propio con los familiares de los residentes".

Inquietud de los familiares

"Los familiares están inquietos, y no es para menos. No sirven las buenas palabras de que se intentará realojar a todos los usuarios. Si el centro se cierra no hay que intentar, hay que hacerlo, con garantías y de forma inmediata", comenta Bastidas. La portavoz de Política Social recuerda que la residencia cuenta con 65 internos, algunos de ellos sin familiares, y más de una treintena de trabajadores.

Asimismo, la diputada señala que los familiares han mostrado su malestar por el procedimiento de la Conselleria y han planteado trasladar una queja al Síndic de Greuges. "El cierre y posterior traslado de los residentes supone un segundo mazazo después de meses muy complicados por el coronavirus y hay que recordar que la situación epidemiológica no está controlada, por lo cualquier traslado podría ser contraproducente", manifiesta.

Bastidas recuerda, por último, la unanimidad de todos los grupos políticos, esta semana en la Junta de portavoces del ayuntamiento de Vila-real, para pedir a la Conselleria la máxima transparencia en las actuaciones.