Ernest Blanch, secretario general del PSPV en Castellón, a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Castellón.CASTELLÓ (EFE). El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón ha formalizado su personación como acusación particular en la causa abierta contra el expresidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, por presunta ocultación de patrimonio, porque a su juicio "la impunidad solo se restaura con la justicia".
Así lo ha manifestado el secretario general del PSPV en Castellón, Ernest Blanch, quien ha aseverado que "nadie es libre para cometer abusos de poder, para malgastar dinero público ni para pensar que está por encima del resto de la gente".
Blanch ha hecho estas manifestaciones esta mañana a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Castellón donde ha acudido acompañado por el portavoz del grupo socialista de la Diputación de Castellón, Santi Pérez, las vicesecretarias Ana Edo y Mari Carmen Aguilella, y el vicesecretario Ramón Martínez para presentar en el juzgado el escrito de personación.
Según ha señalado: "No puede haber nadie que se sienta libre para derrochar dinero público, aprovecharse del poder o ser más que los otros, porque los políticos estamos para servir, no para servirnos. Y esto es una cosa que parece que en el Partido Popular no se entendía así".
"Ellos entendían la política como una patente de coros para aprovecharse de los cargos y para utilizar el dinero que son por Castelló para hacerse más ricos", ha añadido.
Blanch ha destacado además que con esta personación quieren "justicia para Castellón, no solo por el dinero que se podían haber invertido en escuelas, carreteras y hospitales, sino también por el mal que se ha hecho al propio nombre de la provincia, convirtiéndola en sinónimo de corrupción".
"El partido socialista hace años que lucha contra esta mala imagen para la provincia, por coherencia y por transparencia, y solo con justicia podemos conseguirlo", ha concluido.
Por su parte, el portavoz del grupo socialista de la Diputación de Castellón, Santi Pérez, ha añadido que se recopilará toda la información sobre el dinero que la institución provincial ha podido dar a los gestores del campo de golf entre 2004 y 2011 para aclarar la cantidad y su justificación.
El juzgado abrió esta causa en 2017 tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, sin perjuicio de una ulterior calificación.
El juzgado investiga si Fabra ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia de Castellón de 2013 (confirmada en 2014 por el Tribunal Supremo) por la que fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales.
Carlos Fabra permanece alejado de la vida política después de salir de la prisión de Aranjuez (Madrid) en mayo de 2016, donde ingresó en diciembre de 2014 tras haber sido considerado culpable de cometer cuatro delitos fiscales, a pagar una multa de 693.000 euros y a indemnizar a Hacienda en la misma cantidad.
