CASTELLÓ. El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este lunes el "bloqueo absoluto" de toda la información que se ha solicitado en las comisiones de estudio del Ayuntamiento de Castelló sobre la situación de presuntos impagos de multas por aparcar de forma irregular en zona azul que mantiene el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, "pues estamos ya a finales de marzo y la señora alcaldesa, Begoña Carrasco, sigue protegiendo a un concejal que debería haber sido cesado de forma fulminante por el escándalo de las multas".
Patricia Puerta, portavoz del PSPV-PSOE, ha reiterado esta mañana, en el seno de la Comisión de Estudio Impulso Económico, Empleo y Capital Humano, la pregunta realizada el pasado 19 de febrero. "Hace un mes solicitamos copia de los dos certificados que, tal y como exhibió Ramírez en el pleno extraordinario del 9 de febrero, avalan presuntamente que el concejal de Movilidad está al corriente de pago con el Ayuntamiento, osea, que no tiene multas pendientes, y que está también sin sanción alguna con con la empresa que gestiona la zona azul". Pero el tiempo pasa "y el concejal calla y sigue sin facilitarnos, como así se comprometieron desde el PP, la copia de un informe que no hemos podido ver desde la oposición", señala la portavoz socialista.
Puerta, en este sentido, considera que "estamos ante una clara estrategia de la alcaldesa de Castelló de querer desviar la atención y tapar todas sus vergüenzas, porque se mantienen en silencio para proteger al concejal que ha provocado uno de los mayores escándalos que se recuerdan en este ayuntamiento". Para Puerta, "el desprecio de Begoña Carrasco, Cristian Ramírez y todo el equipo de gobierno de PP y Vox a la ciudadanía es inaceptable; el concejal de Movilidad se ha reído y se sigue riendo de todos los y las castellonenses que sí pagan sus multas y a quienes sí se les embarga la cuenta si no las abona".
Desde el PSPV "vamos a seguir reclamando que salga toda la verdad sobre el caso, porque consideramos que hay muchas cosas aún por aclarar por parte del Partido Popular", ha insistido la edil socialista. De momento, el Síndic de Greuges ya ha iniciado una investigación al gobierno municipal de Castelló por no aportar la documentación sobre la presunta acumulación de 167 multas por parte del concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, de enero de 2023 a enero de 2024.
El Síndic de Greuges, en su resolución de "inicio de investigación", considera que, del análisis de los hechos descritos por el Partido Socialista y la normativa aplicable, "se deduce que la actuación del Ayuntamiento de Castelló de la Plana podría estar afectando al derecho de acceso a la información pública". Por tal motivo, el primer paso adoptado es reclamar al consistorio municipal que remita "un informe detallado y razonado, en el plazo máximo de un mes, sobre los hechos que han motivado la apertura del presente procedimiento de queja".
Puerta señala que "desde el Partido Popular están haciendo todo lo posible por tapar unos hechos gravísimos, pues Ramírez ha recibido presuntamente nada menos que 167 multas en un año, de las que, al parecer, tendría nada menos que 134 sin abonar". Puerta insiste en "queremos saber dónde están todas esas sanciones que podría no haber pagado aún".
El escrito presentado por el PSPV ante el Síndic de Greuges recoge que, por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló, se está privando al grupo Municipal Socialista de la documentación solicitada para poder fiscalizar y controlar la actividad de los órganos de gobierno y, sobre todo, para vigilar que los concejales y concejalas no utilicen su cargo con fines particulares y que no cometan posibles irregularidades.
Al margen de disponer de toda la documentación, para el Grupo Municipal Socialista no queda más camino que la alcaldesa de Castelló cumpla con sus obligaciones y cese de inmediato al concejal de Movilidad, Cristian Ramírez. Patricia Puerta señala que, independientemente de todas las explicaciones que aún tiene que dar Ramírez, y los datos que ha de aportar, "solo con las 29 multas que ya ha reconocido públicamente es motivo más que suficiente para su dimisión o para el cese fulminante por parte de la alcaldesa de Castelló, que sigue siendo su cómplice al mantenerlo en el cargo". Además, "que tenga la desvergüenza que comparar este modus operandi de no pagar la zona azul con tirar colillas al suelo o no llevar luz en la bicicleta es tomarle el pelo a los y las castellonenses".
