Imagen de uno de los plenos celebrados en julio en el Ayuntamiento de Castelló. Foto: ANTONIO PRADAS CASTELLÓ. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló, integrado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem-EUPV, valora la posibilidad de denunciar al Grupo Municipal Popular ante la Junta Electoral Zonal por la utilización de recursos municipales para hacer campaña del 10N. El tripartito ha realizado la consulta a los servicios jurídicos después de la rueda de prensa celebrada por el PP este lunes en el salón de plenos, segunda en apenas una semana, para denunciar un incumplimiento del Acord de Fadrell. En este caso, el proyecto de reforma del Camí Caminàs, valorado en 4,2 millones de euros.
Según fuentes de alcaldía, el empleo de bienes institucionales, con el propósito de obtener un reedito electoral, está prohibido por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG). Así lo determina el punto 2 del artículo 50 y que impide, "desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas, cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos".
Aunque el epígrafe en cuestión se refiere específicamente "a las realizaciones o a los logros obtenidos", el equipo de gobierno interpreta que la oposición tampoco puede convocar comparecencias en las dependencias municipales para criticar la gestión municipal.
Las mismas fuentes apuntan que, otra cosa bien distinta, sería que el Partido Popular escogiera como escenario para sus ruedas de prensa la sede local, por ejemplo. Sin embargo, precisan que si la limitación priva al tripartito de realizar un balance de sus primeros 100 días, la ley debe aplicarse con el mismo rigor cuando el principal grupo de la oposición afea al Acord de Fadrell su inacción como gestor en esa franja de tiempo.
La propia LOREG se muestra muy taxativa sobre "cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo". Esta prohibición pospondrá, entre otras, la presentación del proyecto de reforma del edificio de Borrull a cargo del Ayuntamiento de Castelló y la Generalitat Valenciana, como anunció el portavoz del Acord de Fadrell, Rafa Simó, el viernes 27 de septiembre.
El equipo de gobierno tendrá que limitarse a dar cuenta de asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local, sin entrar en consideraciones que busquen un beneficio plebiscitario. Del mismo modo, habrá de reorganizar su agenda diaria para evitar eventos que la Junta Electoral Zonal considere propagandísticos.
La aplicación de la ley y el acatamiento de sus artículos son de obligado cumplimiento para la totalidad de formaciones que concurren en unos comicios. La entrada en vigor de las restricciones se produce el día de la convocatoria de elecciones. Por lo que respecta al 10N, desde el 24 de septiembre, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado para anunciar una nueva cita con las urnas.
El decreto establece que la campaña electoral durará ocho días, comenzando a las cero horas del viernes 1 de noviembre y finalizando a las veinticuatro horas del viernes 8 del mismo mes. El sábado 9 se celebrará la jornada de reflexión, previa a las generales del día 10.
