VALÈNCIA. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, presenta este miércoles en el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, aprobado la semana pasada en Consejo de Ministros y que incluye, según el Gobierno, un récord de gasto social y un alza de salario de los funcionarios del 2% y del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas, así como para el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Las nuevas cuentas serán las segundas del Ejecutivo de coalición y prevén una recaudación de 232.000 millones, un 8,1% más. No obstante, el proyecto de Presupuestos incorpora pocas novedades fiscales, siendo la más importante el establecimiento del tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades para las empresas que facturen más de 20 millones de euros, con la que el Gobierno espera recaudar unos 400 millones de euros.
Al margen de estas líneas generales, la incógnita, respecto a lo que atañe a la Comunitat Valenciana, se centra en saber si las cuentas del Gobierno de España incluirán el 10,6% del total en inversiones para este territorio, una cifra que se corresponde con el volumen de población de la autonomía respecto al total nacional. Una condición que, además, figura en el Estatuto de Autonomía valenciano.
Desde la llegada del socialista Pedro Sánchez a La Moncloa, la dotación se ha elevado respecto a las últimas cuentas aprobadas por el Ejecutivo del PP bajo la batuta del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Los primeros presupuestos del líder socialista -que no salieron adelante- incluían un 9,8% en inversiones para la Comunitat, mientras que los del presente ejercicio también se acercaron a la mencionada cifra, al situarse en un 9,6%.
Un dato que desde el Botànic se dio por bueno -aunque Compromís presentó 39 enmiendas de las que sólo se aceptaron cuatro- por el notable incremento respecto a lo ofrecido por los últimos presupuestos aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy.
En las últimas cuentasde esa etapa, las inversiones para la Comunitat Valenciana representaron el 7,3% del total, quedándose en 740 millones de euros, muy lejos de los 1.164 millones aprobados por el Ejecutivo de Sánchez para este 2021.
Ahora bien, en esas cuentas se hacían efectivas reivindicaciones de gran relevancia para el Consell que lidera Ximo Puig como la inversión -ahora ya fija- de 38 millones en la Agencia del Transporte Metropolitano Valenciano (ATMV), así como otras importantísimas al margen de los capítulos 6 y 7 como la condonación de la deuda de La Marina de València (unos 330 millones de euros).
Aunque la primera deberá figurar también en las próximas cuentas, la resolución de la segunda da paso a otras inversiones necesarias que hasta ahora no habían tenido tanto peso o presencia en las reivindicaciones del Gobierno valenciano. Es decir, tras el cumplimiento de algunas de las exigencias básicas de los últimos años, es necesario activar nuevos -o hasta ahora secundarios- proyectos que requieran un impulso desde El estado.
En este sentido, preguntado días atrás en este diario por las exigencias de cara a estos PGE, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, reconocía que varias de las grandes peticiones se habían cristalizado con las anteriores cuentas, pero también apuntaba a nuevos retos de inversión: "El túnel pasante de València algún día tendrá que llegar y en ello hemos insistido; presentaremos también enmiendas para recuperar terrenos públicos en Alicante para que pueda conectarse con el mar. Otro tema estrella, siempre lo ha sido en nuestro caso, es el aumento de inversión en Cercanías tanto en material como en personal", explicaba.
No obstante, el problema en algunas cuestiones como el túnel pasante es que la gran inversión, más que probablemente, no empezará a llegar hasta 2023, dado que el proyecto todavía está en una fase inicial. De hecho, en las pasadas cuentas sólo se habían proyectado 3 millones para el siguiente ejercicio, 10 para el siguiente y 60 para 2024; por lo que tratará de darse un empujón mayor a esta infraestructura pero que difícilmente tendrá un peso relevante en los presupuestos para 2022.
Respecto a cómo encauzar ese anhelado 10% -si el Gobierno de España sigue en la misma línea actual- de inversiones en la Comunitat, fuentes del Ejecutivo valenciano apuntan a que estas cuentas podrían tener un incremento más señalado en el capítulo VII -transferencias de capital-, un instrumento mediante el cual, el Gobierno de España inyecta el dinero para que desde la autonomía se contraten las obras, lo que permite cierto margen de maniobra a la Administración autonómica y también a las locales, frente a las inversiones (capítulo VI) que consisten en las obras públicas que ejecuta directamente el Gobierno central. En ese punto, si predominan las transferencias, una de las consellerias más beneficiadas podría ser la cartera de Obras Públicas que dirige el socialista Arcadi España.
En este sentido, y aunque las fuentes del Consell consultadas por este diario opinan que la inversión se mantendrá en niveles similares al del pasado año, hacen hincapié en la importancia de que exista un equilibrio "a medio plazo". "Un año puedes tener un 8% de inversiones porque tienes algunos proyectos importantes en fase inicial pero, por ejemplo en el caso del túnel pasante, quizá al siguiente ejercicio tienes un 12% porque se apuesta por dar un impulso a una obra de gran importancia", argumentaba un alto cargo a este diario.
