Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Los correos analizados en la causa judicial que afecta a Mónica Oltra no han hallado pruebas sobre ninguna orden que pudiera haber dado la exvicepresidenta de la Generalitat en relación al eje central de la investigación: el expediente abierto en la Conselleria de Igualdad sobre la gestión de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Aquel considerado paralelo al judicial y en el cual se incluyeron los informes del Instituto Espill que otorgaron poca credibilidad a la víctima.
Las indagaciones se centran en la posible obstaculización, por parte de cargos del departamento que ella dirigía, de la investigación judicial relativa a los abusos sexuales, con sospechas de ocultación y encubrimiento de lo ocurrido. El juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de la causa, abrió en su momento dos piezas separadas para rastrear las comunicaciones tanto de Oltra como del resto de investigados –la mayoría cargos de la Conselleria Igualdad– durante las fechas clave de los hechos. El secreto de la primera se levantó el pasado junio y era la relativa a los correos intercambiados por los integrantes del gabinete de la Vicepresidencia. Entre sí y con el entonces jefe de gabinete de Oltra, Miquel Real.
El secreto de la segunda se levantó este jueves y corresponde a los correos de la exvicepresidenta de la Generalitat y de otros 15 cargos investigados. El intervalo de tiempo era desde el 20 de febrero hasta el 23 de marzo de 2017; desde el 5 de julio al 1 de diciembre de 2017; y de octubre a diciembre de 2019. Todos los marcos temporales responden a los meses en los que tuvieron lugar los hechos objeto de investigación: el momento en el que el centro de menores conoció los abusos; el momento en el que arranca la investigación judicial sobre los abusos; el momento en el que Oltra tiene conocimiento de lo anterior; el momento en el que se inicia el expediente en la Conselleria para revisar la gestión de los abusos; y el momento en el que se hizo pública la sentencia condenatoria a Luis Icardi.
El Grupo Técnico Operativo de la Brigada Provincial de Policía Judicial ha analizado un total de 48.000 correos –de los cuales sólo ha encontrado 44 relacionados con la causa– con una advertencia. "Resulta imposible determinar si existieron o no más correos aparte de aquellos que se han analizado y que fueran borrados en su momento o en los más de seis años que han transcurrido desde los hechos denunciados", señalan los agentes.
La Policía no realiza valoración alguna sobre las comunicaciones, algo que corresponderá en su momento al juez y a la Fiscalía. Pero éstas dan lugar a algunas conclusiones relevantes. La principal es que no se han encontrado correos de Oltra en este periodo temporal. No se trata de algo que demuestre que no diera orden alguna–la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana sostuvo en su momento que pudo ser verbal–, pero sí que supone una prueba de descargo sobre ella.
En conjunto, los correos aportan poco a la causa salvo algún detalle adicional con el que se corrobora la cronología de hechos ya conocida: que la dirección territorial supo de la investigación de la Fiscalía el 6 de julio de 2017; que ese departamento no informó de nada al Ministerio Público; y que el 8 de agosto fue cuando se inició el expediente por parte de Igualdad. Antes de esas fechas, se produjeron comunicaciones entre el centro de menores y la dirección territorial acerca del testimonio de la víctima de que había sufrido abusos sexuales, del protocolo de actuación del centro y del análisis psicológico de la chica.
Los correos no evidencian, por tanto, actuaciones por escrito dirigidas a ocultar los abusos y a desacreditar a la víctima ni dejan constancia de que la Conselleria supiera que el abusador era marido de Oltra. Sí alguna novedad menor, como que en septiembre de 2017 –un mes después de que la exvicepresidenta de la Generalitat supiera de la causa de los abusos– una responsable de la dirección territorial de Igualdad le indica a la directora del centro que una abogada necesita entrevistarla a ella y a Icardi por separado. "Según me comentan es muy urgente, ya que las presiones de la DG son insistentes", afirma, probablemente en referencia a la dirección general de la Conselleria.
Igualmente, se comprueba que la dirección del centro informó el 11 de agosto a la Conselleria de la reincorporación del exmarido de Oltra el día 13 con un cambio de turno haciendo hincapié en que la Fiscalía no les había informado de ninguna medida cautelar –algo que sí tuvo lugar a finales de julio–.
El análisis de las comunicaciones confirma asimismo algo que ya se conoció en la anterior pieza de los correos, y es que el equipo más cercano de Oltra fue informado del expediente abierto en la Conselleria y de su posterior evolución. Aquellas comunicaciones eran a partir del 4 de agosto, fecha en la que la exvicepresidenta aseguró ante el juez haber tenido conocimiento de los abusos y del procedimiento judicial iniciado al respecto. Aquel día, señaló, fue cuando la llamó su exmarido porque había recibido la citación en su casa.
En su declaración ante el juez como investigada en septiembre del año pasado, Oltra aseguró que nunca supo nada del expediente elaborado por el departamento que ella dirigía durante un total de dos años. El interrogante que el magistrado planteó entonces –y que también trataba de averiguar con la intervención de los correos– es cuál fue, entonces, la participación de la exvicepresidenta y de su equipo en todo lo que la Conselleria realizó a partir del 4 de agosto de 2017. Ella aseguró que ninguna y que nada tuvo que ver en el inicio del expediente, ni en la resolución, ni en los informes del Instituto Espill que otorgaron poca credibilidad a la víctima. También incidió en que nunca supo de su existencia o contenido porque no era su responsabilidad.
En su conjunto, todo el rastreo de correos tiene escasa relevancia jurídica pese a que esta última pieza era la que más novedades podía aportar. Ahora, la instrucción tiene que seguir adelante con diligencias pendientes. Entre ellas, las declaraciones de dos excargos de la Conselleria –Miquel Real y Francesc Gamero– y la de la víctima, además de otras testificales.
Después de todo ello y en vista de si resulta necesario practicar más o no, el juzgado decidirá si dicta el auto de procedimiento abreviado –aquel que supone el paso previo a la apertura de juicio oral– o archiva la causa para los investigados.
