El banco malo

Es posible que Carlos Torres, presidente del BBVA, esté viviendo estos días la clásica hipocresía española con el mismo estupor con el que los aficionados del Valencia Club de Fútbol hemos comprobado lo que ya sospechábamos: que para los políticos, los periodistas de gatillo fácil y los zopencos del lodazal de X el racismo no es más que una excusa para posturear un rato hasta que un nuevo "escándalo" servido por Díaz Ayuso, Óscar Puente o Vox les permita seguir luciéndose.

Después de la que montaron con lo de Vinícius y sus mentiras, atrona el silencio de los hipócritas después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) haya levantado la sanción al Atlético de Madrid, de cierre de una grada de su estadio por dos partidos, por los insultos racistas que sufrió Nico Williams, que no juega en el Real Madrid. La misma amnistía aplicó la RFEF al Getafe, en cuyo estadio llamaron "mono" a Marcos Acuña, que tampoco juega en el Real Madrid. Si ya es un menosprecio a Williams y a Acuña que, por los mismos hechos, la sanción inicial sea menor que la de Mestalla —cinco partidos, luego rebajada a tres—, el hecho de que el agravio que sufrieron haya quedado sin castigo es otro insulto para ellos. ¿Dónde están los justicieros de salón?

Al BBVA le ha pasado lo mismo pero en diferente orden. Es el malo de la película por plantear una fusión, a pesar de que la concentración bancaria es un proceso que se viene produciendo desde hace décadas con opas, fusiones y matrimonios de conveniencia amañados por el Gobierno y el Banco de España, y que continuará en el futuro inmediato, salga o no adelante la opa del banco vasco sobre el Sabadell. También había racismo en los estadios antes de lo de Vinícius y continúa habiéndolo, desgraciadamente.

El rechazo de las vicepresidentas Montero y Díaz, del ministro de Economía, de la CEV y de la Cámara de Comercio, entre otros, ante la opa que quiso ser amistosa y ahora es hostil del BBVA sobre el Sabadell contrasta con el entusiasmo en unos casos y silencio en otros que exhibieron ante el anuncio de fusión de Caixabank y Bankia, que suponía una concentración bancaria y una sangría de puestos de trabajo mucho mayor que la posible fusión BBVA-Sabadell, sobre todo en la Comunitat Valenciana.

Un repaso a la hemeroteca de septiembre de 2020 arroja sorprendentes diferencias ante dos propuestas parecidas. Entre ellas destacan las de Yolanda Díaz —tibia hace cuatro años, aunque, eso sí, "preocupada" por los puestos de trabajo—; las de la patronal valenciana CEV, que sostenía que con aquella fusión se reducía "el nivel de riesgo" y así los empresarios también se verían reforzados, dado que los buenos proyectos tendrían menos dificultad a la hora de encontrar financiación, y la de Cámara Valencia, que dijo no tener "ni un pero ni medio" para la fusión de Bankia y CaixaBank, ya que "el sector necesita coger tamaño en estos momentos".

Hoy Yolanda Díaz alerta de que la opa del BBVA "es contraria a los intereses de España" y pide a Economía que la pare; la CEV cree que "restringiría todavía más el abanico de posibilidades de financiación de las empresas de la Comunitat Valenciana" —¿"todavía más"?—, y el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, después del largo historial de fusiones que hemos vivido, está preocupado porque "no es bueno que el número de operadores de bancos se reduzca de forma tan drástica".

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en 2020 cuando era portavoz del Gobierno saludó con el entusiasmo que le caracteriza aquella fusión porque reforzaba "la estabilidad financiera del sistema bancario español" y era "capaz de aportar seguridad a los inversores y a los ahorradores", hoy adelanta que "el Gobierno no va a autorizar" la fusión de BBVA y Sabadell, sin ningún informe que avale tan importante decisión, a no ser que se vuelva a sacar uno de la manga, que no sería la primera vez. 

El anuncio de la vicepresidenta es sorprendente porque la competencia es del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien, según la ley, antes de tomar la decisión de autorizar o no una fusión bancaria debe recabar informes del Banco de España, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. No menos relevante, aunque la ley no lo menciona, será el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en la absorción de Bankia por parte de Caixabank identificó 86 códigos postales con riesgo de monopolio o exclusión financiera y puso deberes a la entidad resultante.

Pero qué más dará lo que digan los informes, habiéndose pronunciado X y los tertulianos —es decir, la opinión pública— y teniendo elecciones en Cataluña este domingo. El BBVA no es el Santander ni Caixabank; no es el Real Madrid ni el FC Barcelona, es el Athletic, así que con la misma arbitrariedad con la que la RFEF perdona a quienes insultaron a Nico Williams el Gobierno anuncia su veto a una operación menos dañina para la competencia y para los puestos de trabajo que la que aplaudió hace tres años y medio.

Los únicos que han sido coherentes con su postura de entonces han sido los sindicatos, que cumplen con su obligación de pedir seguridad o "medidas no traumáticas" para los trabajadores, y la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que no se ha pronunciado.

En cuanto al recién llegado Carlos Mazón, su lógica preocupación y oposición a la opa, por las repercusiones que tendrá en Alicante, conducen a la melancolía al recordar la paulatina pérdida del sistema financiero valenciano, y la merma de competencia en el mercado, sin que ningún presidente pudiera hacer nada. Camps, en pleno escándalo Gürtel, apenas pudo resistirse a la entrega de Bancaja a Caja Madrid para formar el engendro de Bankia. El presidente por accidente Alberto Fabra no tenía ninguna influencia para frenar la venta de la CAM al Sabadell ni el regalo a Caixabank —por parte del Gobierno de Rajoy y del Banco de España— de un Banco de Valencia inflado de dinero público. Y de la fusión Caixabank-Bankia, a Ximo Puig solo le preocupó que la sede social se quedara en València.

Todas esas operaciones provocaron cierres de oficinas y de puestos de trabajo y redujeron la competencia en la Comunitat Valenciana, como ocurrió con las fusiones de compañías telefónicas —la última, la de Orange y MásMóvil—, eléctricas o energéticas que hemos padecido los consumidores.

La obligación del Gobierno es garantizar que haya competencia pero también unas reglas de juego claras, no como en la RFEF, porque hay muchos pequeños inversores que se juegan su dinero. ¿Qué va a decir Montero cuando, como están pronosticando los analistas, se planteen nuevas fusiones por parte de Bankinter, Unicaja, Kutxabank, Abanca o el propio Sabadell si la opa no sale adelante? ¿Negará que restringen la competencia? ¿Dirá que hay que esperar a los informes de los organismos reguladores?