El BOE publica los PGE de 2022 y la primera pata de la reforma de las pensiones

VALÈNCIA (EP). El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la primera parte de la reforma de pensiones acordada entre el Gobierno y los agentes sociales tras su reciente aprobación por las Cortes Generales.

La norma, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, recupera el IPC como referencia para revalorizar las pensiones y supone el fin del factor de sostenibilidad, que no ha llegado a entrar en vigor nunca.

Con esta Ley, se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y se recogen las principales recomendaciones del Pacto de Toledo en otoño de 2020, que también se integran en el componente 30 del Plan de Recuperación.

La mayor parte de su contenido, a excepción del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que sustituirá al factor de sostenibilidad, fue pactado con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el acuerdo social tripartito firmado el 1 de julio de 2021.

La ley fija que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior. En 2022, la subida será del 2,5% para las pensiones contributivas y del 3% para las mínimas y no contributivas. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, la norma dispone que la cuantía de las pensiones quedará inalterada.

Además, la ley incorpora diversas medidas dirigidas a acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación. En este sentido, se fijan cuatro vías de actuación: la revisión de la jubilación anticipada tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad, la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa.

En concreto, respecto a la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes pasan a ser mensuales para dar más flexibilidad a los futuros pensionistas y fomentar el desplazamiento voluntario de la edad de acceso a la jubilación, con un tratamiento más favorable a las carreras de cotización más largas. Además, los coeficientes reductores relacionados con el adelanto de la edad de jubilación se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora.

En cuanto a la jubilación anticipada involuntaria, se mejoran dos aspectos. De un lado, se establecen coeficientes mensuales, en lugar de trimestrales; y, de otro, en relación con los dos años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación ordinaria, se aplican en la determinación de la pensión de jubilación anticipada involuntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el hasta ahora vigente, entre otros.

Incentivos a la jubilación demorada y MEI

En el caso de la jubilación demorada, el texto establece la exoneración de cotizar por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación que corresponda. Además, se refuerzan significativamente los incentivos, que pasan a ser de tres tipos por cada año de demora.

En la tramitación parlamentaria de la ley se introdujo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que el Gobierno concretó en otoño con los sindicatos, tras rechazar la CEOE el texto por implicar una subida de cotizaciones a las empresas.

El MEI tiene dos componentes. El primero consiste en la reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social mediante una aportación finalista entre 2023 y 2032. La aportación será de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes, repartido entre la empresa (0,5 puntos) y el trabajador (0,1 puntos) y actuará como "válvula de seguridad" del sistema a partir de 2033.

En el caso de que no se diera una desviación de la senda de gasto previsto, no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del fondo de reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones.

En el caso de que a partir de 2033 se apreciara en los Informes de Envejecimiento (Ageing Report) de la Comisión Europea una desviación de la previsión de gasto en pensiones a 2050 respecto al informe de 2024 (que se usará como referencia), se utilizará este Fondo, con un límite de disposición anual del 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB).

Si la disposición de activos del Fondo de Reserva no fuera suficiente, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales para su elevación al Pacto de Toledo, de acuerdo con sus recomendaciones, una propuesta que, de forma equilibrada, se dirija bien a reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB, bien a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos.

Reforzar el sistema

Respecto al fortalecimiento de la estructura de ingresos del sistema, el texto establece que la Ley de Presupuestos Generales del Estado contemplará anualmente una transferencia del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para la financiación de diversos conceptos que permitan culminar la separación de fuentes en cumplimiento de la recomendación 1ª del Pacto de Toledo de 2020. Dicha transferencia ya se incluía en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y se amplía en los de 2022.

Además, en cumplimiento de la recomendación 8ª del Pacto de Toledo, la Ley se refiere a la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, con el compromiso de presentar un proyecto de ley en un plazo de seis meses, entre otros puntos. Finalmente, la llamada 'cláusula de salvaguarda' se mantiene en su regulación actual con carácter indefinido.

PGE 2022

El BOE publica también este miércoles la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 tras su aprobación definitiva en el día de ayer por el Pleno del Congreso de los Diputados.

Los PGE, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero, tuvieron que ser votados de nuevo por el Congreso este martes después de que en el Senado se introdujera una enmienda sobre lenguas cooficiales, que obligaba así a una nueva votación en la Cámara Baja del proyecto de las cuentas públicas.

El Congreso finalmente avaló ayer dicha enmienda, formulada por Compromís, esta vez con el apoyo del PSOE, que en el Senado se opuso para que evitar que las cuentas públicas volvieran a la Cámara Baja.

La enmienda en cuestión moviliza 1,6 millones de euros de las cuentas del Ministerio de Cultura y Deporte hacia Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana para la promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.

A favor de la enmienda votaron el PSOE, PP, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, Junts, PDeCAT, Más País-Equo, el PRC, Teruel Existe, Foro Asturias, el BNG, y Compromís, mientras que Vox, Ciudadanos y UPN votaron en contra. Coalición Canaria se abstuvo.

Al término del debate de la enmienda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subió a la tribuna de oradores para reivindicar la aprobación "en tiempo y forma" de las cuentas por segundo año consecutivo, agradecer a las 15 formaciones que han dado respaldo a los Presupuestos y resaltar la importancia de los acuerdos políticos y sociales.

Los PGE de 2022, los más expansivos de la democracia española, según el Gobierno, destinarán 6 de cada 10 euros a gasto social, poniendo el foco en los jóvenes.

Según palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el objetivo de las cuentas públicas del próximo año es abordar una recuperación justa, impulsando un modelo más productivo y sostenible y garantizando que la mejora económica llegue al conjunto de la sociedad.

Los PGE de 2022 incluyen un total de 27.633 millones correspondientes a los fondos europeos.

Para el próximo año, el Gobierno ha establecido una tasa de referencia de déficit del 5%, teniendo en cuenta que actualmente están suspendidas las reglas fiscales. En cuanto a la deuda, se situará en el 115,1% del PIB, casi cinco puntos por debajo de la previsión para 2021.

Con estas cuentas, los funcionarios verán crecer su retribución un 2%, mientras que las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3% en 2022, al igual que el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El resto de pensiones se revalorizarán un 2,5%.

Los Presupuestos prevén unos ingresos tributarios de 232.352 millones de euros el próximo año, lo que supone un aumento recaudación del 8,1% respecto a la previsión de cierre de 2021, año en el que los ingresos fiscales crecerán más de un 10%.

El incremento para 2022 responde al crecimiento de la recaudación en todas las figuras fiscales. En concreto, para el IRPF se prevé un alza del 6,7%, hasta los 100.132 millones; para Sociedades se contempla una subida de recaudación del 11,8%, hasta los 24.477 millones y para el lVA del 9,5%, hasta los 75.651 millones.

De su lado, más de 40.000 millones se destinarán a inversiones y transferencias de capital. Dentro del reparto de los más de 27.000 millones correspondientes a los fondos europeos, casi nueve de cada diez euros del Plan de Recuperación se destinarán a inversión.

Los Presupuestos incorporan el establecimiento del tipo mínimo del 15% para las empresas que facturen más de 20 millones de euros, con la que el Gobierno espera recaudar unos 400 millones de euros.

Junto con este cambio en el Impuesto sobre Sociedades, las cuentas del próximo año solo incorporan otras dos novedades fiscales: la congelación del sistema de módulos por el que tributan gran parte de pymes y autónomos, y la reducción de las aportaciones individuales a planes de pensiones con derecho a deducción, que se compensa con el aumento de las aportaciones a los planes de empresa, aunque se mantiene como aportación total la cifra de 10.000 euros anuales como máximo.