Los tres partidos del Consell pactan desarrollar una ley que dé cobertura a la tasa turística en 2022 y que se pueda aplicar en 2023
VALÈNCIA. El Botànic aprobó este miércoles sin fisuras y con una unidad sin nuevas grandes grietas sus séptimos presupuestos, que se dice pronto. Atrás queda el flirteo del año pasado entre PSPV y Ciudadanos en este proceso, que enturbió las relaciones de los socialistas con sus socios. La votación final se celebró con un rápido abrazo entre Ximo Puig y Mónica Oltra con las tres bancadas de los grupos del Consell puestas en pie y con el conseller Vicent Soler eufórico mostrando siete dedos en referencia a otras tantas cuentas aprobadas.
Serán, paradójicamente, unas cuentas en las que sigue sin aparecer la tasa turística pero cuya negociación abre paso a una ley que permitirá aplicarla en 2023, una declaración de intenciones que ya le ha costado al PSPV críticas de la patronal hotelera pero también las primeras discrepancias internas. Su puesta en marcha promete emociones fuertes en el próximo año, teóricamente pre-electoral.
Las cuentas recibieron la negativa en bloque de la oposición, posturas irreconciliables unidas sólo por la pequeña alegría que tuvieron unos, otros, periodistas y trabajadores al saber que el décimo de Lotería de Les Corts repartía cinco euros por cada uno jugado. Para los que habían comprado, claro.
Los presupuestos vuelven a incluir la previsión de 1.366 millones de euros ‘reivindicativos’ por la infrafinanciación que se sabe que no llegarán, a los que se unen otros mil millones de un ‘Fondo de Transición hacia la nueva normalidad’ que habrá que negociar con el Gobierno Central y cerca de setecientos millones que se esperan cobrar también del Ejecutivo por la atención a desplazados.
Son casi tres mil millones de ingresos no asegurados que han permitido engrasar los acuerdos entre los tres socios. Desbrozado el futuro de la tasa turística, una reivindicación que tenían Unides Podem y Compromís desde 2017, el presupuesto de À Punt ha sido en estas últimas semanas el gran tema de negociación. Finalmente los dos socios mayoritarios pactaron insuflarle 12 millones de euros destinados inicialmente a pagar la deuda de La Marina (que aún no se sabe de dónde se repondrán) para cumplir con el mínimo legal. Los cinco millones más para personal que pedían los morados en cambio se quedaron fuera al recibir únicamente el apoyo de Compromís y será el principal desencuentro entre los tres socios del Consell. Nada que preocupe mucho a ninguno de los tres.