VALÈNCIA. Los tropiezos que ha sufrido la Ley de Función Pública prácticamente desde que comenzó a redactarse han sido infinitos. El principal escollo ha sido el requisito lingüístico, sobre el que PSPV y Compromís tardaron en llegar a un acuerdo que, eso sí, todavía no se ha materializado normativamente en nada. Pero más allá de eso, también ha sufrido contratiempos ajenos al principal.
El pasado mes de septiembre el Gobierno central de Pedro Sánchez puso reparos a la norma. En concreto, cuestionaba 14 artículos y cuatro disposiciones del texto legal por considerar que podrían ser inconstitucionales. Unas consideraciones que la Conselleria de Justicia y Administración Pública de Gabriela Bravo estimaba meros apuntes "técnicos" sobre los que sería fácil llegar a un acuerdo en la comisión bilateral que se conformó, mientras los sindicatos lo veían más complicado.
Finalmente hubo acuerdo, pero el departamento gobernado por los socialistas debía poner solución al redactado de una importante parte de la norma: cómo contratará a los interinos. Para ello, creó un decreto de Función Pública, pero este no pasó por la mesa de negociación con las organizaciones sindicales, por lo que no superó el filtro del consellet la primera vez que Bravo trató de llevarlo a un pleno del Consell y este no fue remitido a Les Corts para ser convalidado.
Desde entonces el texto espera ser aprobado. Sin embargo, el acuerdo que existía entre este departamento y las carteras de Compromís era que junto a esta normativa se aprobase otra que afectaba a cuestiones de personal sanitario y de educación que tuvo que decaer del decreto 'omnibus' que aprobó el Parlamento en mayo. Este establecía nuevas escalas salariales, subrogación de personal, o composición de consejos de administración de las mercantiles públicas, entre otras cuestiones. No obstante, no ha habido acuerdo para que las dos normas vayan de la mano.
De hecho, el pasado 20 de julio el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicaba el primer decreto, el que afectaba a cuestiones sanitarias. El texto salió a exposición pública porque los cambios legales pasarán a hacerse a través de la Ley de Acompañamiento de 2023. Y dado que los decretos no han ido de la mano y el sanitario ha debido tramitarse de esta manera, en el Botànic dan por hecho que el decreto de Función Pública correrá la misma suerte.
Asimismo, el anteproyecto de la ley de Acompañamiento debe aprobarse por el Pleno del Consell antes finales de septiembre para que el Consell Jurídic Consultiu disponga de tiempo suficiente para emitir su dictamen. Más tarde, pasará a manos del Comité Económico y Social (CES) y, finalmente, aprobarse definitivamente antes del 31 de octubre junto a la ley de Presupuestos.
Con este calendario apretado, en el tripartito señalan que sería que el decreto se pudiera introducir de nuevo en una reunión del Consell en septiembre puesto que "carecería de sentido" que el Consell validara un decreto ese mismo mes. Una serie de tropiezos que obligarían a que la normativa fuese tramitada, como la de sanidad, en el trámite de la ley de Acompañamiento del próximo ejercicio.
El decreto de Función Pública debe salvar por un lado el cuestionamiento que ponía el Estado a la contratación de interinos. El Gobierno afeaba en su informe a la Generalitat que la ley valenciana facilita una contratación temporal que a su juicio violaría la "excepcionalidad" de esta medida, pero a su vez le reprochaba la "elevada tasa de temporalidad" que había en el ámbito autonómico.
También señalaba al Consell que planteaba modalidades de contratos con "dudas con la naturaleza, objetivo y límites de la interinidad" que ya están fijados en la ley estatal. En esta misma línea, de hecho, le indicaba a la Generalitat que no tenía competencia para crear nuevas figuras contractuales más allá de las ya existentes. Asimismo, también reprendía al Gobierno valenciano por la excesiva flexibilidad que ofrece la ley de Función Pública a los empleados públicos para moverse entre diferentes departamentos.