Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El cambio de la ley de À Punt no tiene fecha cerrada ni resultado claro. Todo se encuentra en estudio, según destacan las fuentes consultadas. Pero lo que sí parece segura es la intención del PP de abordar cuanto antes la situación. La modificación de la norma debería realizarse a través de la comisión de Les Corts dedicada a la radiotelevisión valenciana. Aunque estará, lógicamente, tutelada por Presidencia de la Generalitat.
Lo deseable para los populares sería sacarla adelante en el actual periodo de sesiones –que abarca hasta verano–, aunque las intenciones son unas y, en el camino, pueden surgir problemas. La urgencia existe por lo que consideran un desastre heredado del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) en cuestión de embrollo jurídico, de funcionamiento, de gestión del ente y de situación económica. Todo mezclado con unos datos de bajas audiencias que creen que se deberían revertir de alguna manera.
El PP es consciente de que ha de andar con pies de plomo en este asunto. Lleva en la mochila el cierre de Canal 9 y las acusaciones de injerencia van a ser constantes, especialmente por parte de la oposición. Sin embargo, no quieren eternizar unos cambios que ven sustanciales y que ya alargaron los partidos del Botànic por no ponerse de acuerdo entre ellos.
Una de las principales modificaciones de la ley que se analiza es la de la fusión de las dos sociedades que componen À Punt –la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC)–. Se trata de algo que ha sido demandado por los propios responsables de la radiotelevisión y, en opinión de muchas personas, resulta necesario porque la doble estructura ha generado deficiencias.
Pero todo tiene complejidad jurídica. Con una única estructura, la conversión en ente público es la que a día de hoy tiene más fuerza, según varias fuentes. Otra opción que se baraja es que sea sociedad. No existe una decisión tomada. En cualquier caso, esto comportaría la subrogación de personal y determinar la figura de los trabajadores, que sería laboral.
Un proceso que tampoco es sencillo por las aristas que tiene y por el riesgo de que acabe judicializado. Sobre todo porque, como ha venido informando este periódico, es posible que el cambio de la ley se solape con la aprobación definitiva de la convocatoria de las oposiciones. Hay quien se pregunta, por ejemplo, qué ocurriría si los trabajadores tuvieran que optar a puestos de una Societat Anònima de Mitjans de Comunicació disuelta.
Otra modificación posible de la norma podría ir tendente a aligerarla en el apartado de blindaje de contenidos. La actual ley obliga a determinados porcentajes de emisión o a temáticas específicas que, en lugar de mantenerse ahí, podrían pasar a desarrollarse en el contrato-programa. Asimismo, el PP siempre habla de incrementar los contenidos en castellano.
Una simplificación de la contratación es algo que también lleva tiempo pendiente. El actual director general de À Punt, Alfred Costa, ha criticado la "lenta y farragosa maquinaria de la contratación pública", tal como expresó en su última comparecencia en Les Corts. A modo de ejemplo, expuso que si buscan la cesión de imágenes o documentales existe una serie de burocracia que hay que cumplir y que provoca que muchas empresas o trabajadores desistan de hacerlo por la tardanza y los problemas. Motivos por los que pidió que la simplificación de los procedimientos administrativos se traslade también al sector audiovisual y que las pymes puedan acceder al mercado laboral en las mismas condiciones que los grandes productores.
Costa no sólo se refirió a los contenidos, sino a los problemas de gestión de personal. En su opinión, una de las grandes dificultades es que tiene que aplicarse la contratación publica laboral de la administración, cuando la lentitud de esos procesos "fricciona" con la gestión de una radiotelevisión, que se mueve por la inmediatez. Así, apuntó a la urgencia de tener mayor rapidez en cuestiones como la sustitución de bajas, de permisos o de excedencias, puesto que, admitió, ha estado en peligro la emisión de algún informativo y de algún programa por la complicación con las sustituciones de trabajadores. Además, instó a la puesta en marcha de un convenio colectivo, lo que permitiría adaptar el control del trabajo.
