VALÈNCIA. El nuevo Consell de la Reconstrucción echó a andar este martes después de que los cuatro nuevos integrantes del gobierno valenciano tomaran posesión del cargo: Francisco Gan Pampols al frente de la Vicepresidencia segunda para la Reconstrucción; Juan Carlos Valderrama en la Conselleria de Emergencias; Nuria Martínez en Justicia y Función Pública; y Marián Cano como consellera de Innovación, Comercio y Turismo.
Cuatro nuevas incorporaciones que culminan la remodelación de la estructura más elevada del gobierno valenciano y que, además, no verán limitados sus salarios después de que el Gobierno valenciano haya aprovechado un decreto para movilizar a sus funcionarios, publicado por este diario, con la intención de sumar manos en la gestión de la catástrofe para modificar la Ley de Presupuestos de 2024 y suprimir la limitación retributiva que esta contemplaba para consellers y secretarios autonómicos.
Mediante una disposición final, el Consell ha modificado el apartado 3 del artículo 30 de la Ley de Presupuestos de este ejercicio para eliminar el tope de sueldo que pueden percibir los miembros del Consell. La legislación establece que el personal empleado público no puede ingresar más de un 15% del salario del president de la Generalitat. Sin embargo, el decreto aprobado este martes en el pleno extraordinario puntualiza que ese límite "no será de aplicación a las personas que integran el Consell y al nivel de los órganos superiores de las consellerias". Es decir, a los consellers y los secretarios autonómicos. No alcanzaría, así, a los directores generales.
La modificación permitiría, así, que los nuevos integrantes del Consell puedan ingresar una nómina superior a la del president de la Generalitat, Carlos Mazón, que ahora mismo cobra 80.173 euros -según consta en el portal de Transparencia- sin contar la indemnización que percibe por residencia. Una modificación legal que también afectará al nuevo vicepresidente del ejecutivo, Gan Pampols, encargado de coordinar las labores de la reconstrucción del territorio.
De hecho, la norma aprobada establece que los funcionarios a quienes les sea de aplicación el decreto de movilidad forzosa, así como "el personal de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad del Estado", podrán elegir las retribuciones que desean percibir: bien entre el salario que percibían "en su administración de procedencia" hasta el momento de su incorporación al gobierno valenciano, o bien el sueldo que la ley de Presupuestos establezca para el puesto que desempeñe dentro del Consell.
"En las mismas condiciones podrá optar el personal incluido en el ámbito subjetivo de este artículo que, en el momento de incorporarse al Consell o a un órgano superior o al nivel directivo y asimilados de la Administración de la Generalitat, no estuviese en situación de servicio activo en la Administración, por cualquier causa, incluso por hallarse en situación de reserva o retiro", continúa la norma. Conviene apuntar que, en el momento de incorporarse al Ejecutivo valenciano, Gan Pampols se encontraba en situación de retiro en el ejército, por lo que esta parte del articulado sería la que afectaría en primera persona al nuevo vicepresidente.
La disposición puntualiza que "para el cálculo de la opción al momento de incorporarse como miembro del Consell, o a un órgano superior o al nivel directivo y asimilados de cualquier departamento del Consell, se tendrá en cuenta la actualización de las retribuciones que hubiese tenido derecho percibir si se hubiesen mantenido en el servicio activo en el puesto de trabajo que ocupaba previamente a su situación de cese, reserva o retiro".
Un redactado que, en definitiva, viene a significar que para calcular el salario que percibirá el vicepresidente segundo no se tendrá en cuenta las retribuciones que percibía en la actualidad -una pensión por jubilación-, sino que se tomaría como referencia el sueldo que hubiera estado cobrando en caso de permanecer en activo en el ejército en la actualidad como teniente general. Un sueldo superior al que estaría percibiendo hasta ahora. La supresión del límite salarial, así, permitirá que en caso de ser superior a 80.000 euros anuales, Gan Pampols pueda cobrarlos. Así como también el resto de consellers y miembros del segundo escalón del Ejecutivo valenciano.
La modificación ha pillado a pie cambiado a los sindicatos. Según el Consell, este decreto había sido no solo "apoyado por las organizaciones sindicales", sino también "participada". Es decir, que habrían colaborado en el redactado. Sin embargo, minutos después de que el Ejecutivo valenciano lo aprobara, los sindicatos denunciaban que en la jornada previa el Consell les había trasladado el decreto pero éste no incluía la disposición final mediante la que se eliminaban los límites salariales en la ley de presupuestos.
"El decreto de movilidad que fue negociado con UGT Serveis Públics y el resto de sindicatos no incluía la disposición final publicada sobre retribuciones del Consell. Es más, en el último borrador que la Administración nos trasladó ayer por la tarde como definitivo -en referencia a este lunes-, tampoco existía ese apartado. Con lo cual no es cierto que el decreto en su totalidad y, por supuesto ese apartado, haya sido consensuado o tenga el visto bueno sindical, al menos de UGT", explican. "UGT mostró su compromiso con los servicios públicos y la situación de emergencia por la Dana al apoyar un decreto que consideramos puede ayudar en esta situación de crisis pero lamenta que de manera torticera y deshonesta el Consell use a los agentes sociales como escudo de medidas no acordadas y negociadas", añaden desde el sindicato.
Más allá de los sueldos, el decreto aprobado por el gobierno valenciano incluye una serie de medidas extraordinarias para poder reorganizar a sus funcionarios y poder asignarles funciones distintas a las que tienen encomendadas de forma habitual. También para poder moverlos de destino siempre y cuando esto no les suponga un cambio de domicilio.
Según el redactado original, "se podrá asignar temporalmente al personal empleado público tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeña, siempre que resulten adecuadas a su clasificación o categoría". También se podrá "adscribir temporalmente al personal empleado público a órganos o unidades administrativas distintas, en las que, por causa de su mayor volumen de trabajo, sus competencias o funciones no puedan ser atendidas con suficiencia por el personal dependiente de la misma".
Ahora bien, tanto la movilidad a otras consellerias o a otros puestos que no sean el que tienen asignado para desempeñar otro tipo de tareas -como por ejemplo pudieran ser gestión de ayudas autonómicas y estatales-, tendría a priori un carácter voluntario. "Para todas las medidas previstas, regirá en primer lugar la voluntariedad del personal, haya o no cambio en la localidad de la prestación del servicio y siempre que ello no implique un cambio de residencia", dicta el decreto.
No obstante, el texto legal también advierte que si no existieran suficientes efectivos voluntarios, "se podrán acordar dichas medidas con carácter forzoso aun cuando implique cambio en la localidad de la prestación de servicios siempre que no conlleve cambio de residencia". En cuyo caso, la duración de la medida no podrá exceder de seis meses prorrogables a otros seis.
La norma, además, establece que las subsecretarias u órganos directivos de las consellerias podrán establecer turnos y horarios. Y, tal y como pedían sindicatos como UGT, "en el horario de tarde se tendrá en cuenta de forma preferente la voluntariedad del personal empleado público". Es decir, que en el horario de tardes situarían a aquellos trabajadores que se ofrecieran de forma voluntaria a trabajar en esta franja horaria.
No es la única forma en la que la Generalitat busca agrupar todas las manos en la recuperación. El decreto también plantea la posibilidad a los funcionarios que estén en edad de jubilación de alargar su salida de la administración por dedicarse a estas labores. Y para ello bastaría con que los interesados lo propusieran a la subsecretaría de su conselleria en cuestión o a la Dirección General de Función Pública con una antelación mínima de 15 días.
La prolongación se concederá por el plazo "de un año". Eso sí, el funcionario "deberá acompañar su solicitud de una declaración responsable en la que haga constar de forma expresa que sus condiciones psicofísicas son idóneas para continuar la prestación de servicios". Y los subsecretarios, reclamar a riesgos laborales que ratifiquen esta declaración.
Asimismo, la Generalitat también plantea utilizar todas las bolsas de empleo de las que dispone para la cobertura de puestos de trabajo necesarios en la gestión de la post emergencia y la posibilidad de "acudir a bolsas de otras administraciones públicas y entidades y a los listados de personas demandantes de empleo inscritas en Labora".